Víctima sobre víctima

La elección del 28 de abril como fecha para recordar a las víctimas del trabajo fue una decisión del movimiento sindical internacional que la OIT institucionalizó en 2001 como Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. En todo el mundo sirve de recordatorio de aquellos que, por el hecho de ganarse el sustento mediante su trabajo, vieron sus vidas truncadas por la enfermedad, por las graves lesiones que sufrieron en un accidente y, en el peor de los casos, por la muerte.

Acciones de sensibilización como esta y, sobre todo, la puesta en práctica de campañas y medidas preventivas desde las administraciones y los agentes sociales son el medio para reducir el sufrimiento humano y el coste económico y social que hay detrás de las cifras de accidentes y de enfermedades profesionales.

No es concebible que la declaración de enfermedades con baja haya caído

La siniestralidad laboral en España ha descendido sus índices en la última década, situándose en niveles cercanos a los de la UE. Sin embargo, en nuestro país, todavía fallecen cada día dos personas como consecuencia de su trabajo, 13 sufren un accidente grave y 1.503 tienen uno leve. Igualmente, cada día se notifican 46 nuevos casos de enfermedad profesional en España, a pesar del subregistro de enfermedades y ocultación de daños. Sin un sistema bien asentado de prevención, y con la implicación de todos, no obtendremos unos resultados donde la ausencia de daño sea el objetivo de excelencia.

Durante los últimos dos años, con la crisis, ha disminuido la intensidad de mano de obra en sectores de mayor riesgo, a la vez que se ha expulsado del mercado a los trabajadores temporales o que reforzaban las demandas en momentos de mayor intensidad de trabajo. Todo ello contribuye al descenso en las cifras, pero no nos puede llevar a bajar la guardia; las circunstancias de un momento de baja productividad no nos pueden hacer confundir la perspectiva y tener la idea de que se ha ganado la batalla a la siniestralidad. Siguen registrándose cifras elevadas e inaceptables de accidentes.

Aún nos queda por abordar la asignatura pendiente de la salud laboral en España: las enfermedades derivadas del trabajo. No es concebible que la declaración de enfermedades profesionales con baja haya disminuido en paralelo a la caída de los accidentes y que el número de enfermedades relacionadas con el trabajo registradas en España sea inferior, tanto en términos absolutos como relativos, a la de los países de la UE, incluidos aquellos con una tradición preventiva más desarrollada.

El origen de este subregistro es la práctica habitual de las Mutuas de Accidentes de Trabajo de infradeclarar las enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo, considerándolas como enfermedades comunes y derivándolas al sistema público de salud. Esta práctica tiene múltiples consecuencias: pérdida de prestaciones económicas y sanitarias de los afectados, sobrecarga económica de la sanidad pública mientras aumenta el superávit de gestión de las mutuas y, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, un incremento del riesgo de aplicación del despido objetivo por motivos de absentismo. En este contexto, los sindicatos nos estamos encontrando con trabajadores obligados a aceptar jornadas más prolongadas, a reducir o eliminar los descansos, a intensificar los ritmos de trabajo y todo ello, en muchos casos, como contraprestación a un salario mínimo.

Nos enfrentamos a una situación diferente a la de los años previos a la crisis, seguramente provocada por el lógico miedo de los trabajadores a la pérdida del empleo y que refleja la presión psicosocial que sufren: mientras caen los accidentes y enfermedades profesionales con baja, aumentan tanto los accidentes como las enfermedades sin baja. Este número cada vez mayor de trabajadores que se incorporan a su trabajo sin haber recuperado su salud contrasta con el argumento de la patronal que presenta el absentismo como el principal problema para la competitividad de la economía española.

Esta situación no favorece el conocimiento en profundidad de las causas de estas enfermedades y de intervenir eficazmente para, por una parte, eliminar el sufrimiento de las personas afectadas y, por otra, reducir el coste económico de su diagnóstico y tratamiento. Si sumamos el coste económico de la "no prevención" en las empresas, estaríamos ante la demostración de que una gestión correcta de estas contingencias profesionales supondría la reducción del déficit público y el aumento de la competitividad empresarial que desde tantas tribunas se vienen reclamando como requisitos imprescindibles para la creación de empleo.