El Ministerio de Trabajo ha paralizado el procedimiento sancionador derivado de la inspección laboral a la que ha sometido al grupo Marsans y ha remitido a la fiscalía las actuaciones al considerar que las infracciones cometidas por la dirección de la empresa, de la que hasta junio pasado fue copropietario el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, 'pueden ser constitutivas de ilícito penal'. En concreto, el informe cita un posible delito de apropiación indebida, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.

El procedimiento sancionador de Trabajo se cancela al pasar a la fiscalía

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid contesta así a una reclamación del sector ferroviario y de servicios turísticos de la Federación de Transportes de UGT. Según informó ayer el sindicato, el inspector del ministerio que dirige Celestino Corbacho afirmaba el pasado 9 de agosto que 'de las conductas seguidas por la dirección de las empresas del grupo Marsans se entiende que se puede haber incurrido en conductas ilícitas penales tipificadas en el Código Penal'. El ministerio, tal y como establece la normativa, remite al fiscal unas actuaciones que, de haber sido consideradas únicamente infracciones administrativas, se habrían resuelto con una multa y con medidas correctivas.

En su respuesta al sindicato, el inspector de Trabajo acusa a Marsans de incumplir varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que constituyen tres infracciones graves y dos muy graves. El informe asegura que Marsans no ha ingresado las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores, 'pese a haberse reducido el abono de sus retribuciones', por lo que Trabajo afirma que 'la jurisprudencia imputa este ilícito penal a las conductas empresariales, por apropiación indebida de las cuotas de los trabajadores retenidas y no ingresadas'.

Entre los posibles delitos está el de apropiación indebida

Además, cree que el personal de Marsans ha sufrido 'falta de ocupación efectiva' y un 'atraso reiterado y falta de puntualidad' en el cobro de sus salarios. También dice que la dirección de la empresa 'no mantiene en adecuadas condiciones de limpieza los centros de trabajo'.

UGT indicó ayer en un comunicado que la integridad en la gestión de los anteriores dueños del grupo, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, a los que califica de 'responsables máximos' del cierre de la compañía, 'está ahora más que nunca en tela de juicio' tras la contestación de la Inspección de Trabajo. A finales de julio, el sindicato anunció que estudiaba presentar una demanda penal contra el presidente de la CEOE y su socio, aunque, a día de hoy, no lo ha hecho. Marsans dejó de operar el pasado 31 de julio, tras la aprobación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para 1.390 empleados, casi toda la plantilla. Apenas un mes y medio antes, Posibilitum, un liquidador de empresas en quiebra, adquirió el grupo sin desembolsar un euro (se limitó a asumir su deuda, de unos 600 millones de euros). El día en el que se anunció la operación, Marsans se declaró en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). El grupo estaba abocado al cierre desde que, en mayo pasado, la asociación de aerolíneas IATA le quitó la licencia para vender billetes.