Valcárcel: Murcia despierta de su sueño después de 16 años

No tiene pérdida. La pancarta, de grandes letras azules sobre fondo blanco, se divisa de lejos, antes de atravesar el río Segura, y preside un trecho del paseo del Teniente Flomesta, el más cercano a la glorieta de España.

"Agua para todos".

Eso dice el cartel. Cuelga de la balconada del Ayuntamiento de Murcia, un elegante edificio neoclásico a dos pasos de la Gran Vía Escultor Francisco Salzillo. Y a poco más de la residencia del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel.

"Agua para todos". Parece una proclama extemporánea en una comunidad de 1,46 millones de habitantes que ya no sufre tanto los rigores de la sequía y que ha sonreído al ver enterrado el Estatuto de Castilla-La Mancha, que preveía la cancelación del trasvase Tajo-Segura. No lo es. Resume la evolución de Murcia en los últimos 15 años. El agua como bien escaso y como icono de crecimiento de una región entregada a la fiebre del ladrillo y al turismo. Como divisa de un partido, el PP, y de un Gobierno, el de Valcárcel. Como metáfora de la autonomía que más creció en España entre 2000 y 2008 (3,59%) y que registraba una tasa de paro en 2007 (7,56%) por debajo de la media nacional (8,26%) y que ahora, en cambio, es la tercera con más desempleados (23,95%, frente al 19,79% del país), a tenor de los datos de la Encuesta de Población de Activa del tercer trimestre de 2010.

Nunca hasta ahora se había producido una contestación tan grande en la calle

El sueño acabó. El pasado 20 de diciembre, el Ejecutivo central reprochó a Valcárcel su alto déficit (3,12%). El presidente lanzó al día siguiente una drástica ley de recortes del gasto público que penaliza casi en exclusiva a los funcionarios y que busca el ahorro de 300 millones. Esa ley, la 5/2010, de 31 de diciembre, encendió el polvorín. Seis grandes protestas recorrieron la región, convocadas por ocho sindicatos. La última, el 12 de enero, con 40.000 personas en la calle, según las centrales.

El sábado 15, el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, hijo de un primo de la mujer de Valcárcel, es brutalmente agredido a la puerta de su casa, en la angosta calle de Cánovas del Castillo. Tiene que ser intervenido de urgencia.

Valcárcel, el PP regional y la cúpula nacional del partido atizan la tensión y hallan culpable: responsabilizan a la "izquierda" política y sindical de haber nutrido la crispación y a la Delegación del Gobierno por su "pasividad", por no proteger a los altos cargos del Ejecutivo insultados en las últimas semanas.

La condena por el ataque es unánime. La izquierda se rebela por la criminalización del PP. El lunes 17, el joven José David Baño es detenido. El miércoles, es liberado con cargos pero sin fianza, después de que Cruz no lo reconociese como su agresor.

¿Qué ha pasado en Murcia? ¿Y por qué? Público ha buscado la respuesta en 18 personalidades de la región.

La primera erosión

El PP jugó al "victimismo" con el agua, lo convirtió en su "nacionalismo"

"Valcárcel estaba blindado, nunca había sufrido desgaste. Hasta ahora". Patricio Hernández, presidente del Foro Ciudadano, el colectivo crítico más activo en la región, describe entusiasta el "punto de inflexión". Nunca hasta ahora se había reproducido una contestación tan rotunda en la calle contra el Ejecutivo regional. Valcárcel había firmado acuerdos con los sindicatos en sus 16 años en el poder. Uno tras otro. Tenía paz social. "La marca de la casa era la concertación. Por eso nos cogió a contrapié. Sentimos la traición. No nos consultó, no nos avisó. La gente está jodida no sólo por el dinero, sino por el trato del Gobierno", relatan desde CCOO Daniel Bueno, su secretario regional, y Antonio Rubio, el portavoz. La cólera creció el martes, cuando Castilla-La Mancha, la otra comunidad con alto déficit (4,69%), anunció un tajo de 775 millones de euros a las cuentas públicas (sin tocar a los funcionarios) y una previsión de 200 millones por subida de impuestos.

Hernández, como el economista de la Universidad de Murcia (UM) Manuel Tovar o el sociólogo Andrés Pedreño, censura la actitud "acrítica" de los sindicatos. También lo hacen, sotto voce, PSOE e IU. Antonio Jiménez, secretario general de UGT, encaja la acusación: "Nos han tildado de correa de transmisión, pero hemos firmado mejoras para los trabajadores, al margen del color del Gobierno". El resto de representantes sindicales refrenda sus palabras. Bueno y Rubio: "Los acuerdos pueden desdibujar nuestro perfil, es verdad. Pero es en ocasiones como esta cuando la gente abre los ojos. Si nos laminan, nos quitan herramientas de negociación, para defender los intereses de los trabajadores. Hoy los empleados públicos valoran nuestra labor más que ayer". 

¿Por qué saltaron ahora los funcionarios, y no cuando José Luis Rodríguez Zapatero les redujo su sueldo en junio una media del 5%? "Llueve sobre mojado", explica José Ramón Escudero, responsable de Servicio Público de CSIF. Y con él los demás sindicatos. Como María José Salazar, de UGT. "Es como la revuelta de Túnez: se ha sobrepasado un umbral de saturación. Una sociedad conformista, de repente, estalla", ejemplifica Antonio Campillo, decano de la Facultad de Filosofía de la UM, fundador de Foro Ciudadano (allá por febrero de 2001) y su primer presidente.

En 2009 se visó un 81% menos de viviendas nuevas que dos años antes

El ajuste afecta a 55.000 trabajadores. Pero el efecto bola de nieve, que ha visto cómo a cada protesta le seguía una nueva con un seguimiento aún mayor, una "sorpresa" para todos, puede engordar. "Las movilizaciones han logrado que caiga el velo sobre Valcárcel –razona Hernández–. Él siempre había podido echar las culpas de todo a Zapatero. Ahora se ve que la gente se rebela contra sus recortes, que educación o sanidad son suyas".

Algo que no estaba tan claro, a la luz del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Su último barómetro autonómico (enero-marzo de 2010) revelaba que el 56,7% de los murcianos atribuía erróneamente la gestión de la sanidad al Gobierno central, responsable también de la educación para otro 60,9%. Sólo un tercio acertaba endosando tales áreas al Ejecutivo regional (en concreto, 33,8% y 29,1%, respectivamente). En el conjunto de España, un mayoritario 48,4% descargaba en las CCAA las riendas de la sanidad, y otro 43,3%, las de la educación (atribuían a Zapatero la primera un 41,4% y la segunda, un 43,8%).

CCOO: "El PP utiliza Murcia como su región laboratorio neoliberal"

"Los funcionarios están al frente de servicios que llegan a mucha gente: es tu profesor, es tu médico", señala Hernández para ilustrar cómo las protestas pueden convertirse en una "espiral incontrolable" contra el Gabinete autonómico. Es lo que José Antonio Pujante, coordinador regional de Izquierda Unida-Los Verdes, denomina "gran influencia social" de los empleados públicos. Pedreño, sociólogo de la UM, cree que la marea anti-Valcárcel, tendrá éxito "si se consigue desterrar la imagen del funcionario como chupóptero, haciendo ver lo que son: piezas centrales en los flujos de vida, en sanidad, en educación". "Si se prolonga, generará un desgaste al PP, y lo sabe. Por eso, tras la agresión a Cruz, ha lanzado este montaje para culpar a la izquierda y desmovilizar a la gente", añade. Se espera el efecto contrario en la manifestación de este martes, 25 de enero, en la que los sindicatos han pedido a los participantes que marchen de luto (por el "entierro" de los servicios públicos) y porten velas.

La referencia a los chupópteros no es baladí. "El presidente quiere oponer a sindicatos y funcionarios con trabajadores como él. El resto somos odioso. Ese es su esquema y el que él quiere difundir estos días", comenta Bueno, de CCOO. 

23 de los 45 municipios viven en procesos judiciales por corrupción

El PP dice no sentir inquietud: "Los ciudadanos entienden estas medidas coyunturales –replica José Gabriel Ruiz, vicesecretario de Sectorial del partido y secretario general de la Consejería de Presidencia–. El Gobierno ha emprendido medidas de austeridad, y es la cuarta comunidad menos endeudada. Los recortes más antisociales son de Zapatero: congelación de pensiones, supresión de los 426 euros a los parados de larga duración, subida de la luz, del IVA... Este recorte no tendrá coste electoral. Se lo llevará el PSOE". Por cierto, que Murcia acumulaba una deuda, con el tercer trimestre cerrado de 2010, de 2.016,135 millones de euros, un 51% más con respecto al año anterior, muy por encima del aumento experimentado por el conjunto de las CCAA (27,36%). 

Las centrales sí ven "nerviosismo". Y ponen como prueba la "ruptura de unidad sindical" que "persigue" el Gobierno, al intentar atraerse a los sindicatos más próximos, como CSIF (administración) y ANPE (educación). "No lo lograrán; siempre hemos sido los más reivindicativos", recalca Escudero. "Les molesta que ni los suyos se han desmarcado", indica Toni Carrasco, portavoz de STERM Intersindical (enseñanza).

Si el Gabinete conservador no da marcha atrás, los sindicatos actuarán. El ugetista Jiménez advierte de que están intentando convencer al Gobierno central para que presione a Murcia y, si no, presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 5/2010.

"Agua para todos"

"Los ciudadanos entienden los ajustes. El recorte antisocial es el de Zapatero", dice el PP

El PP duerme tranquilo. Desde que Valcárcel llegó al poder, en 1995, ha encadenado mayorías absolutas, cada vez con más respaldo. En 2007 alcanzó el 59,1%, la cifra más alta de todos los presidentes autonómicos. Dejó al PSOE con un 32,4%. En las europeas de 2009, su partido se marcó un 61,5%. En 30 de los 45 municipios (el 67%) gobiernan alcaldes del PP. Entre ellos, los más poblados: Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. En sólo 13 lo hacen regidores socialistas. En Ojós está al frente del Consistorio un independiente. Y Totana lo dirige José Martínez Andreo, hoy de baja en el PP, imputado por la operación Tótem. La misma trama apartó del Grupo Popular de la Asamblea autonómica a Juan Morales, que pasó al Grupo Mixto. Por otro caso de corrupción emigró al Mixto el ex socialista Bartolomé Soler, concejal en el Ayuntamiento de Lorca de 1995 a 2007.

"No hemos sabido explicar las cosas y nos hemos equivocado, pero esto es casi una monarquía absoluta del PP", sostiene Begoña García Retegui, la candidata del PSOE por la Región de Murcia para los próximos comicios autonómicos del 22 de mayo. Entre esos errores, IU y los colectivos críticos citan las convulsiones internas, como la de 1993, que acabó con la defenestración del presidente regional, Carlos Collado, por unas supuestas irregularidades por las que el Tribunal de Cuentas le absolvió en 1997. Jiménez cree que el problema de los socialistas está en no emitir "mensajes diferenciados" respecto al PP. Más ahora con la crisis. "Cuando hay partidos de izquierdas que hacen medidas de derechas y partidos de derechas que se dicen defensores de los trabajadores, algo pasa", señala con resignación. Pero también está el agua.

"Valcárcel siempre había podido echar la culpa de todo a Zapatero. Ahora el velo ha caído", alega Foro Ciudano

Foro Ciudadano habla del "nacionalismo hídrico" (o "hidráulico"), del "victimismo", de esa "identidad de murcianía forjada a partir de la falta de agua", como apuntala Pujante, líder de IU. "El agua ha actuado como un eslogan movilizador. Esta región, ya desde el franquismo, miraba a Madrid como Estado regante –cuenta Pedreño–. El PP democratizó ese mensaje y creó el agua para todos, como una exigencia al Estado de agua e infraestructuras". Todos los expertos consultados apuntan el tanto a Valcárcel. Sin dudar. El PSOE reconoce que ese debate no le "conviene", pero recuerda que desde 2004 "no ha habido cortes de agua", prueba de que la derogación del trasvase del Ebro y las desalinizadoras "han funcionado".

Ha influido otro factor: el talante de Valcárcel. Incluso un dirigente tan alejado políticamente a él, Pujante, reconoce ese travestismo: "Representa a una derecha que ha ocultado los aspectos ideológicos más duros, ha jugado a ser más transversal". Bueno respalda esa percepción: "No es el neoliberalismo de Esperanza Aguirre. Hasta ahora, se ha demostrado más dialogante, era la cara más amable de la derecha". Retegui, sin embargo, recuerda que el presidente rechazó cumplir la Ley del Aborto –aunque luego reculó– y que ha apoyado "todas las manifestaciones" de su partido contra Zapatero. Rubio, de CCOO, sostiene que el viraje de Valcárcel le hace pensar en que el PP quiere usar Murcia, su granero más consolidado, como su "comunidad laboratorio neoliberal": "Tiran hacia delante con medidas durísimas para ver qué pasa, qué reacción produce". 

La hegemonía del PP se ha construido gracias también a un panorama mediático favorable. Los dos periódicos en papel más influyentes, La Verdad (Vocento), el rotativo de más tirada, y La Opinión (Prensa Ibérica), son de talante conservador, mientras que la televisión autonómica, 7RM es apodada teleValcárcel por la oposición por su alineamiento con el Ejecutivo.

Y ha sido clave una tupida "red clientelar". Un elemento "difícil de probar", asume Antonio Campillo: "Igual que contentaron a los sindicatos, han concedido subvenciones a asociaciones, empresarios... Dan subvenciones a cambio de conseguir el silencio". Pujante llama a no perder de vista la "trama clientelar electoral", y se remite al caso de Fortuna, donde el PP pudo haber comprado votos en las elecciones de 2003 a cambio de empleos y vales de comida. Miguel del Toro, presidente de la patronal murciana (CROEM), niega el citado "caciquismo": "Si existiera, la crisis no habría golpeado tanto al sector privado: han desaparecido 10.000 sociedades y 14.000 autónomos desde 2008". El PP rechaza la acusación: "La población no ha estado aletargada. Ha estado en la defensa del agua", alega Ruiz. Otra vez el agua.

Un modelo insano

"Al principio, salíamos a la calle para hacer una denuncia indirecta. Ahora, la gente ve que la especulación ha acabado repercutiendo a su bolsillo". Paco Cutillas, portavoz de Murcia No Se Vende –plataforma nacida hace seis años y que hoy reúne a 69 colectivos y grupos ecologistas-, narra aquellos "duros años", cuando protestaban por la "brutal agresión medioambiental" del Gobierno regional y de los ayuntamientos, "de PP y PSOE". Algunos de esos proyectos se hallan hoy paralizados por los tribunales –caso de La Zerrichera, un paraje protegido en Águilas– o por falta de dinero. "Eso nos ha estimulado a seguir. Además, vimos cómo se movieron los partidos, porque el PSOE tardó en ponerse las pilas en esto. El mismo Ejecutivo ha recogido algunas propuestas nuestras, aunque al principio su respuesta era muy frustrante. Nos decía que debíamos dejar la boina para abrazar otro modelo", agrega Cutillas.

El PP tiene el 60% de los votos y dispone de alcaldes en el 67% de la Región

Murcia se convirtió –junto a la Comunitat Valenciana o la misma Andalucía–, en el paraíso del ladrillo gracias a la Ley del Suelo de José María Aznar y a la norma autonómica de Valcárcel, aprobada en 2001, que consagró el "todo urbanizable" y "permitía la manga ancha", al premiar la vía de los convenios de los municipios con el promotor sobre los planes urbanísticos, detalla el arquitecto Felipe Iracheta. Se proyectaron 800.000 pisos. En 2007, último año de bonanza, el Colegio de Arquitectos murciano visó 51.605 viviendas libres y protegidas. En 2009, sólo 9.520, un 81,5% menos.

La burbuja inmobiliaria primero se infló. La construcción pasó de representar el 8,32% del Valor Añadido Bruto en 1995 (7,49% en todo el país) al 12,44% en 2007 (11,84% en España). Luego pinchó: en 2009, suponía el 10,58% (10,74% en el país). Mientras, el sector servicios (donde se incluye el turismo) migró del 63,61% de 1995 al 65,91% de 2007 y al 70,18% de 2009. La renta o PIB per cápita estaba en 2009 en el 81,6% de la media española, menos que 1995 (82,7%), según demuestra el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"La economía se basó en el ladrillo y el turismo, con una mano de obra poco cualificada", analiza Tovar. Eso calentó la especulación, nutrida por "todos los partidos", y "sobre todo el hegemónico, el PP". Iracheta: "Se potenció el modelo resort, el que impulsó [la inmobiliaria] Polaris World, de grandes complejos con campo de golf. Se construía antes de vender. Una temeridad". A finales de 2009, según datos de Fomento, había 29.684 casas nuevas en stock, sin comprador. Es decir, 20,5 por cada 1.000 habitantes, un 39% a la media española (14,7%, según resume el Consejo Económico y Social de Murcia, ver página 377). Tovar estima que, tal y como están las cosas, "las cosas no tienen mucho arreglo", porque la industria agroalimentaria no podrá suplir a la construcción, por lo que predice que la región tardará más en salir de la recesión. Murcia cayó en 2009 un 3,4% (España, un 3,7% de media). En 2010, el país ha crecido en su conjunto un 0,2% (hasta el tercer trimestre). 

La sociedad toleró la corrupción porque esperaba hacerse rica con el suelo y las recalificaciones

"Una economía con pies de barro. Ya lo decíamos", alegan los socialistas Teresa Rosique y Joaquín López. Retegui destaca la otra pata del sistema: el "enorme despilfarro". Da un dato: de los 68 entes públicos de 2005 se pasó a 104 en julio pasado. Ahora el Gobierno ha vuelto a comprometerse a adelgazar la Administración regional. La oposición ha criticado la política de grandes eventos patrocinada por Cruz –el último anzuelo, aún no materializado, es el parque temático de la Paramount en Alhama–, el coste de la TV regional 7RM (unos 40 millones), el gasto farmacéutico –que siguió creciendo en 2010, un 1,93% más frente al ahorro de un 2,36% de media en España–, el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de Corvera –privado, y para el que el Ejecutivo regional ya ha puesto un aval de 200 millones de euros– o el "nepotismo" de Valcárcel: el PSOE relacionó a su hermano Carlos con Polaris. Y Cruz es el "sobrinísimo".

La mancha corrupta

El dinero corría a espuertas. "Todo el mundo quiso hacerse rico en poco tiempo: el empresario, el propietario del suelo. Todo el mundo infló de una forma exagerada la burbuja, y esto se hizo insostenible", admite Del Toro. De ahí al delito, un paso. "Han sido cuatro desalmados, pero que nos ha desprestigiado a todos", añade, refiriéndose a su misma condición de constructor y presidente del consejo de administración de Trimtor. Hoy, 23 de los 45 municipios están inmersos en casos de corrupción, y 19 de ellos afectan al PP, según el informe El otro estado de la Región 2010, que Foro Ciudadano acaba de editar y que sigue a los estudios de 2003 y 2006. "La diferencia es que hemos expulsado a nuestros implicados. El PP los mantiene", recalca Retegui. Ruiz alega lo contrario y precisa que "debe preservarse la presunción de inocencia". ¿Por qué la sociedad lo toleró? Pedreño ratifica una respuesta muy compartida: "Los murcianos esperaban sacar provecho de la recalificación de su parcela. Veían la corrupción no como degeneración democrática, sino como un modo de redistribución de la riqueza". ¿Sociedad enferma? "Diría más bien que contaminada por la epidemia", enjuicia Iracheta. Hernández reconoce ese efecto riqueza que prendió en todas las capas sociales y alerta de que en todo caso la corrupción, asociada al "escándalo", no es más que un "epifenómeno de un fenómeno más grave: la ausencia de controles democráticos". "Esto es el régimen de la omertà", resume.

Tovar: "Mucha gente pensó que vivía en el mejor de los mundos posibles. Ahora ha despertado"

Como remacha Tovar, "mucha gente pensaba que vivía en el mejor de los mundos posibles, y ahora se ha despertado y ha visto que están en el peor; ahora se ha quebrado la complicidad de los ciudadanos con un PP que en los últimos 16 años había disfrutado de un estado de gracia".

"El régimen se ha mantenido mientras había dinero, mientras marchaba esa quimera del ladrillo. Ahora la olla a presión ha estallado", recapitula Campillo. Describe ilusionado la experiencia de los últimos días tras años de "depresión", de ver cómo a pesar de los avisos, "el PP barría elección tras elección".

"Con tanto dinero, nuestros avisos poco podían calar", resoplan en el PSOE. La CROEM no cree que el modelo murciano sea distinto al del resto de España. Del Toro: "Aquí se ha edificado de forma ordenada. Potenciábamos el sector servicios, con infraestructuras, resorts y urbanizaciones, y el subsector turístico, de forma sostenible. El peso de la construcción en el PIB sí era excesivo, pero era lo necesario para cambiar el modelo productivo". Para el PP, el problema es la "financiación", ya que "Zapatero ha asfixiado a Valcárcel: hay 450.000 ciudadanos que no se tienen en cuenta y a los que atendemos". Otra vez, manzanas traigo.

EL DETONANTE
Un tajo a salarios y derechos sociales para ahorrar 300 millones

¿Por qué Murcia se ve obligada a recortar?

El pasado 20 de diciembre, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, difundió los números rojos de las comunidades autónomas, con los datos de ejecución presupuestaria cerrados el 30 de septiembre de 2010. El déficit de las CCAA se situaba en el 1,24% del PIB, la mitad del límite de todo el año (2,4%). Sólo dos autonomías suspendieron al rebasar los objetivos de déficit para todo el ejercicio: Castilla-La Mancha, con un descuadre de un 4,69%, y Murcia (3,12%). Al día siguiente, al tiempo que la Asamblea murciana aprobaba los Presupuestos regionales de 2011, el Grupo Popular (no el Gobierno, para agilizar el trámite) presentó la proposición de Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, un recorte drástico de salarios y derechos sociales que permitiría un ahorro de 300 millones. El día 23 (justo antes de Nochebuena), la Cámara aprobó en lectura única la norma con los votos del PP y la oposición de PSOE e IU.

¿Qué ajustes se han aprobado?

La ley afecta a los 55.000 empleados públicos autonómicos (sanidad, educación y administración). El recorte suspende de un plumazo 16 acuerdos suscritos entre el Gobierno regional y los sindicatos de 1998 a 2010. La jornada laboral pasa de 35 a 37,5 horas y 40 para los trabajadores de especial dedicación (por lo que, según los sindicatos, se irán 1.500 interinos a la calle). Los profesores dejarán de cobrar 75 euros de un complemento de 175 euros (al principio, el PP planteó quitárselo entero, pero cambió de idea el 23 de diciembro e introdujo una enmienda "técnica"). Al personal del Servicio Murciano de Salud (SMS) se les reduce un 10% los complementos de guardia y turnos. Los administrativos dejarán de cobrar el 30% de la homologación salarial con la plantilla del SMS. Además, se congela la oferta de empleo público, se resta un 25% del sueldo desde el primer día de baja médica, se rebaja en un 30% el número de liberados sindicales en la Administración, se saca el tiempo de formación de la jornada laboral... El Ejecutivo fulmina asimismo el plan de acción social: ayudas para el pago de matrículas universitarias, tratamientos dentales, compra de gafas, aportaciones al plan de pensiones... Y no se suben impuestos, como sí se ha hecho en Castilla-La Mancha a las eólicas, las nucleares y los bancos.

¿El Gobierno regional rebaja gastos?

Sí, pero en menor medida. El Ejecutivo se compromete a reducir en un 70% el número de entes públicos antes de 2012 y a presentar un plan que reduzca hasta en un 80% la financiación destinada a la televisión autonómica (7RM). En 2011, no se podrán contratar grandes eventos que busquen proyectar Murcia en el exterior (tan del gusto del consejero Pedro Alberto Cruz) que superen los 300.000 euros.

¿Qué protestas ha habido?

Los empleados públicos han salido a la calle desde el 22 de diciembre, con una protesta a las puertas de la Cámara de Comercio. Las movilizaciones, convocadas por ocho sindicatos (CCOO, UGT, CSIF, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región de Murcia [STERM Intersindical], ANPE [enseñanza], Sindicato Independiente de Docentes de Murcia [SIDI], Satse [enfermeros] y Sindicato de Auxiliares de Enfermería [SAE]), siguieron el 23 en Cartagena (sede de la Asamblea) y todas las demás en Murcia: 27 y 29 de diciembre, y 4 y 12 de enero (esta, la más multitudinaria: unas 40.000 personas). Las concentraciones siguieron esta semana, tras la agresión al consejero Cruz. La siguiente marcha será el próximo 25 de enero.