El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha afirmado que en las elecciones vascas del próximo 1 de marzo "lo que está en juego no es solamente que pueda haber un lehendakari nacionalista sino el propio autogobierno" y ha opinado que su desarrollo "solo es posible en el ámbito nacionalista".

En sendas entrevistas publicadas hoy en los periódicos vascos El Correo y Deia, Urkullu asegura que no aprecia en el PSE-EE ningún compromiso con el autogobierno y considera que este partido y el PP mantienen "un pacto táctico como única forma de desalojar al PNV del gobierno de las instituciones...con la inestimable ayuda de ETA".

Urkullu considera que el "cambio" que propugna el PSE-EE después de los treinta años que lleva el PNV en el poder "solo puede ser a peor" y asegura que la sociedad vasca demanda, más que un cambio, "una transformación permanente y ahí el papel preponderante le ha correspondido, le corresponde y le corresponderá al PNV".

Sobre las declaraciones del portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, quien esta semana ha dejado abierta un mínima posibilidad de que el PNV apoye al PSE-EE si es necesario para garantizar la estabilidad del país, Urkullu dice que "lo pudo decir en un contexto determinado, pero no responde ni a la reflexión del PNV, ni a quien tiene que tomar las decisiones".

El máximo responsable del PNV defiende también la figura del candidato a lehendakari de su partido Juan José Ibarretxe y asegura que "no hemos borrado de nuestro vocabulario" su propuesta de consulta a al ciudadanía porque "en la segunda década del siglo XXI conviven la democracia representativa y la participativa, y el derecho a ser consultados es una clave de bóveda de la participación ciudadana".

Respecto a las críticas del Gobierno vasco hacia el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Ruiz Piñeiro, tras el sobreseimiento de la causa contra Ibarretxe, los dirigentes del PSE-EE, Patxi López y Rodolfo Ares, y cinco representantes de la izquierda abertzale, Urkullu mantiene que "no se trata de una injerencia" en el poder judicial.