Los universitarios con préstamos creen que la banca actúa ilegalmente

La plataforma de Afectados por el Préstamo Renta Universidad ha exigido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un ejercicio de "transparencia" para aclarar públicamente de dónde procedía el dinero que utilizó el ICO para conceder estos créditos a los graduados que querían cursar estudios de máster y que ahora, por falta de un trabajo, no los pueden devolver.

En un comunicado, la organización solicita tanto al ministerio como al propio ICO y a las entidades bancarias colaboradoras que publiquen los Convenios de Colaboración en la línea crédito ICO-Préstamo Renta Universidad, porque en su opinión "es la única manera de delimitar las competencias de las entidades implicadas y aclarar si el origen de los fondos es público o privado".

Según afirma, el ministerio, ante las quejas de estos jóvenes a quienes las entidades bancarias están reclamando un dinero que por estar en paro no pueden devolver, dijo que los fondos eran de carácter privado y que su papel en la concesión era de aval e intermediación.

La plataforma sostiene, por contra, que el dinero era del Estado porque así lo indicó el Boletín Oficial del Estado cuando publicó la convocatoria al consignarlo a una partida presupuestaria e incide, además, en que si el ministerio fue el avalista, debería responder ahora por los posgraduados que no pueden afrontar la devolución de los créditos.

"Este dinero fue traspasado al ICO para, más tarde, ser cedido a las entidades de crédito colaboradoras con el fin de formalizar los préstamos. El BOE especifica claramente un total de 450 millones de euros más una cuantía adicional para pagar los intereses acumulados durante el periodo de carencia, una cuantía que en algunos casos las entidades bancarias están cobrando a los estudiantes, incumpliendo el contrato", denuncian los afectados.

Según explica, "es vital" saber a qué organismos y/o entidades corresponde actuar en caso de impago, porque las entidades bancarias "ya han amenazado a los deudores con proceder con litigio judicial y sólo ofrecen como solución una refinanciación de la deuda con la concesión de nuevos préstamos personales privados". "Desde la plataforma solicitamos los Convenios de Colaboración internos para delimitar hasta qué punto tienen potestad los bancos para refinanciar las deudas con nuevos préstamos o, incluso, a proceder con acciones judiciales sin consentimiento del prestamista final, el Estado", explican.