Último intento de Camps para retrasar su juicio

Después de dos años y medio de intensa instrucción y a falta de sólo unas semanas para que se celebre el más que probable juicio, el abogado del expresident valenciano Francisco Camps disparó ayer su último cartucho para demorar el proceso. El letrado insistió en que el llamado caso de los trajes debe cambiar de juzgado, del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), encargado del juicio, al Tribunal Supremo. La petición fue formulada durante la vista de cuestiones previas que se celebró ayer, el paso previo a la fijación de la fecha de una vista oral a la que, si finalmente se celebra, no acudirán los dos procesados que ya han aceptado una condena a petición propia: Víctor Campos, exvicepresident de la Generalitat, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo.

En los próximos días, el juez emitirá un auto en el que anunciará si admite la solicitud de la defensa de Camps, así como el resto de cuestiones planteadas por las otras partes que participan en el proceso. Lo más probable, en coherencia con lo expresado hasta el momento por el tribunal, es que las alegaciones de las defensas contrarias a la celebración de la vista oral sean desestimadas. El siguiente paso será determinar la fecha en la que el exjefe delConsell se sentará en el banquillo. Será, con toda probabilidad, tras las elecciones del 20-N.

El expresident defiende que esos trajes son baratos como para ser delito

Camps está acusado de cohecho pasivo impropio por recibir más de 14.000 euros en trajes de empresas de la red Gürtel mientras fue president. En el mismo periodo, los empresarios que le agasajaban con dádivas recibieron millonarios contratos de la Administración que él presidía.

Según el sumario judicial, la trama actuó de intermediaria entre grandes empresas adjudicatarias de la Generalitat Valenciana y el PP regional, al que el TSJCV ha decidido investigar por presunta financiación ilegal en el marco del caso Gürtel. En ese mismo proceso, tres altos cargos del Gobierno que Camps encabezó están imputados por prevaricación y cohecho, acusados de haber actuado presuntamente a favor de las empresas de la trama en la adjudicación de contratos públicos.

El juez señalará en los próximos días la fecha del juicio, que será tras el 20-N

La alta probabilidad de que el juez desestime sus alegaciones no desanimó ayer al abogado de Camps. Además del cambio de jurisdicción, planteó otras cuestiones previas que, de ser aceptadas, dilatarían aún más el procedimiento. El abogado pidió que se anulen los últimos pasos dados por el juez instructor, José Flors. En concreto, solicitó que se anule el auto del 15 de julio, en el que Flors consideró que había indicios suficientes para abrir juicio a Camps. El auto precipitó la dimisión del expresidente, que se produjo cinco días después.

El abogado pide ahora que el instructor rehaga el escrito, y explique con más "concreción" por qué considera que la ropa supuestamente regalada a Camps sería suficiente para acusarlo de cohecho. El expresident niega haber recibido los regalos, pero afirma que, de haber sido cierto, eran de tan poca entidad que no bastaban para sobornarle. Para demostrarlo, el abogado pretende que en el juicio declaren como testigos dos jefes de planta de los grandes almacenes del centro de Valencia donde Camps suele renovar su vestuario. La táctica de plantear continuas peticiones que no son aceptadas pero consiguen retardar el proceso no es nueva en la defensa del expresident. Durante la instrucción, el letrado planteó al menos cuatro recursos en los que pedía nuevas pruebas. Cada uno fue rechazado y pedido de nuevo tres veces.

Las otras partes personadas en el proceso también plantearon ayer sus cuestiones previas. La Fiscalía Anticorrupción pidió que se añadan al cómputo total de ropa varias corbatas que la trama habría regalado al exmandatario, con un precio de 348 euros. También solicita que se unan a la causa documentos que probarían que el dueño de las tiendas de ropa manipuló presuntamente las facturas para ocultar el delito. La acusación popular, ejercida por el PSOE, se adhirió al escrito del fiscal.

El expresident valenciano compartirá banquillo con Ricardo Costa, ex secretario general del PP regional, también acusado de cohecho pasivo impropio. En la actualidad, ocupa, igual que Camps, un escaño en Les Corts Valencianes. Costa sostiene que, de haber existido regalos, los habría recibido como directivo del partido, y no como diputado.