UGT prepara una querella criminal contra Díaz Ferrán

Marsans, la que fue en tiempos primera agencia de viajes en España, está a un paso de echar el cierre tras 108 años de vida y apenas mes y medio después de que sus antiguos propietarios, Gerardo Díaz Ferrán (presidente de la CEOE) y su socio, Gonzalo Pascual, la dejaran en manos de Posibilitum, un fondo especializado en liquidar empresas en quiebra.

Los trabajadores de Marsans aceptaron ayer la propuesta de la compañía y la Administración concursal para llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para 1.390 trabajadores; es decir, la práctica totalidad de la plantilla.

Sólo quedarán en la empresa 50 empleados que, en principio, se quedarán de forma indefinida en el grupo, y entre 35 y 50 personas que, por necesidades operativas, mantendrán su puesto de trabajo en el grupo con fecha posterior al próximo sábado 31 de julio, "aunque no más allá del próximo 31 de octubre", según el acta del preacuerdo del ERE, redactado anteanoche y aceptado ayer por la asamblea de trabajadores del grupo.

Según Posibilitum, existe la posibilidad de reflotar la empresa mediante la venta de activos del Grupo Marsans (como la cadena de hoteles Hotetur y la empresa de servicios aeroportuarios Newco), previa autorización de los administradores concursales. Sin embargo, todo apunta a que la extinción de prácticamente toda la plantilla preludia el "cierre definitivo de Viajes Marsans", como ayer denunció UGT.

El grupo llegó a tener 4.000 empleados, más de 700 oficinas y presencia en España, Portugal y Brasil.

El sindicato, que ayer publicó un durísimo comunicado en el que calificaba a Díaz Ferrán y Pascual de "empresarios de medio pelo", quiere que los ex gestores del grupo turístico rindan cuentas ante la justicia por el colapso de Marsans. Según ha podido saber Público, UGT anunció ayer a los trabajadores del grupo que prepara la presentación de una querella criminal contra ambos empresarios por los delitos de vaciamiento patrimonial y alzamiento de bienes. Para ello, el sindicato ha establecido contactos con algunas firmas de abogados con experiencia en la materia. A preguntas de este diario, UGT confirmó que la iniciativa está "en estudio", aunque aún sin fecha para presentarla.

Los trabajadores, por su parte, pretenden constituir una asociación de afectados para personarse en el proceso.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia sindical es la decisión de Díaz Ferrán y Pascual, materializada el pasado marzo (aunque no ha trascendido hasta este mes), de autoasignarse un sueldo tras darse de alta como trabajadores de Marsans, de la que hasta entonces no cobraban ningún salario, en tanto que propietarios y únicos accionistas. Sus ingresos, hasta entonces, procedían de los dividendos y de las dietas por asistencia a los consejos de administración.

A primeros de año, Pascual y Díaz Ferrán decidieron disolver el consejo de Marsans y quedaron como administradores solidarios de su grupo de empresas, por lo que dejaron de cobrar dietas. Así, decidieron asignarse ese salario, que percibieron por adelantado y para todo un año.

En total, cobraron 340.000 euros (170.000 euros cada uno). Ese dinero, según Díaz Ferrán, se utilizó para saldar parte de una deuda contraída con el banco estadounidense Wells Fargo, al que Marsans debía cinco millones de dólares por el leasing de varios aviones. La estratagema sólo sirvió para demorar que el banco ejecutase la prenda sobre el crédito, según fuentes conocedoras del proceso.

UGT, que siempre sospechó de la ausencia de referencias sobre Posibilitum, acusó ayer a los dueños de este fondo, Ángel de Cabo e Iván Losada, de actuar como "los sicarios contratados por Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual para liquidar" la compañía.

El pasado 10 de junio, coincidiendo con la ruptura definitiva de las negociaciones del Diálogo Social, el jefe de la patronal y su socio anunciaron la venta de Marsans a Posibilitum, que no pagó un euro por la empresa: se limitó a asumir su deuda, de unos 600 millones de euros.

Ese mismo día, Marsans se declaraba en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). Entonces, Díaz Ferrán y Pascual elogiaron el "conocimiento, interés, profesionalidad" y el "gran despliegue de medios" mostrado por el grupo comprador. Fuentes de Posibilitum insisten en que "todavía hay opciones" para reflotar la empresa.

Inicialmente, el ERE de extinción afectaba a 947 trabajadores, pero se ha ampliado a casi toda la plantilla, en vista de que el plan de salvamento presentado por Posibilitum el pasado 28 de junio es irrealizable. "Creíamos en el plan de viabilidad, pero la situación se ha ido agravando", dijeron ayer los responsables de la empresa a los trabajadores a modo de justificación, según UGT.

Las condiciones del ERE incluirán una indemnización de 32 días por año trabajado, por un máximo de 30 mensualidades, estableciendo un tope de 70.000 euros. Parte de la financiación del expediente provendrá del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el resto corresponderá a la masa concursal. El ERE, que al cierre de esta edición estaba pendiente de firmarse, destinará también un fondo de 1,9 millones para el personal de difícil colocación, como mayores de 50 años o trabajadores con discapacidad.