"UGT en Andalucía ha metido en el bolsillo de los trabajadores mil millones en cinco años"

El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, recibió a Público el jueves pasado. Como gato panza arriba, ante la avalancha de críticas, defiende con pasión el valor de los sindicatos de clase.

Con esta crisis, el PP ha eliminado liberados sindicales. ¿Qué le parece?

Y la gente aplaude. Dicen: “Los malditos sindicatos que se aprovechan. Ya era hora de que les metieran mano”. Nadie está liberado así motu proprio, sino de acuerdo a la ley. Yo me dedico aquí 14 horas diarias no a tocarme las narices. Si eliminas recursos sindicales, eliminas la posibilidad de que la gente, ante decisiones que afectan a sus derechos, pueda defenderse. Este es el escenario ideológico.

Se les acusa de todos los males, de no hacer nada por los parados, de no pelear, de que no han reaccionado a la crisis. ¿Es así?

Yo entiendo que digan que no hacemos nada. En esta situación, es normal. La gente espera de UGT que, si la van a despedir, consigamos impedirlo. Pero es que se ha impuesto la idea de que el sindicato es una especie de Virgen de Lourdes a la que basta con pedirle las cosa, y a veces, hasta ni pedirlo. De pronto, aparece alguien del que no sabíamos y dice: no hacéis nada. Pero ¿quiénes sois? ¿Sois afiliados? ¿Habéis participado de alguna manera? ¿Nos habéis planteado que tenéis un problema? Yo digo: UGT no ha dado ningún paso que no haya tenido permanentemente en cuenta a los parados. Ahora bien, no tenemos capacidad de darles empleo.

¿Está su sindicato donde la gente quiere que esté?

UGT está donde los trabajadores quieren que esté, ya sea en una empresa de dos empleados o de 2.000. Hay empresas grandes donde no conseguimos estar, porque los trabajadores no están dispuestos. No podemos. Hay otras empresas donde el empresario o la administración está a muerte contra los sindicatos. Y en esas, si los trabajadores, quieren, estaremos, aunque el empresario sea un bandido o aunque el alcalde sea un espécimen indescriptible, como ahora en Jaén. La realidad es que todo el mundo quiere una respuesta del sindicato y lo comprendo, pero sin trabajadores, no hay sindicato.

¿Qué nivel de cabreo con ustedes detecta en la calle?

El papel de los sindicatos es frustrante para mucha gente. Sí. Yo soy el secretario general de UGT y no consigo que mi hermana, que lleva dos años en paro –era administrativa en un despacho de arquitectos–, encuentre trabajo. La despidieron después de 29 años y a mí me produce la misma angustia que a cualquiera. Esa es la situación. Y no está en mis manos o de UGT resolver ese problema. En nuestras manos está lo que le he aconsejado a mi hermana. Que reciba formación, que se recualifique, que vaya a la oficina de orientación al empleo, cómo tiene que moverse para que la escuchen en algún sitio. Lo mismo que con los demás. Y mi hija, con 23 años y los estudios terminados, no encuentra tampoco. Y se mueve. Todos nos enfrentamos a esta realidad.

¿Cuántos afiliados tienen?

Aquí hay 200.000 con su cuota mensual de diez euros. Mantenemos los mil y pico convenios que regulan el trabajo en Andalucía. Sólo los servicios jurídicos de UGT, mantenidos exclusivamente con la cuota de los afiliados, llevan el 15% de todos los casos que van a los tribunales de lo social. Atendemos cada año a 25.000 personas. En los últimos cinco años, hemos conseguido en sentencias más de 1.000 millones.

¿En Andalucía?

En Andalucía. Los servicios jurídicos de UGT han metido en el bolsillo a los trabajadores que han venido más de 1.000 millones. Sin nuestro trabajo, ese dinero estaría en manos de las empresas. Que somos poco eficaces, que no somos capaces de frenar las políticas de desregulación de derechos y los despidos, pues sí. Con nuestras limitaciones, hacemos lo que podemos.

¿Cómo se explica usted que empresas solventes despidan a trabajadores?

De ninguna manera. Eso sucede porque existe una legislación que permite que los beneficios de las empresas no tengan que reinvertirse. Visteón es una empresa efectiva, pero se pueden largar deslocalizando la producción. Una norma europea que estableciera que cada firma que deslocalice tiene que pagar un sobrecoste en impuestos sería una forma de garantizar recursos para crear empleo. Pero esto no se produce y el empleo se convierte en una entelequia.

¿Viene un escenario de mayor conflictividad?

Sólo nos queda eso. Sigo pensando que eso es más caro económica y socialmente que el acuerdo. Pero no tenemos opción. Vamos a un conflicto que no tiene perspectivas de finalizar. Eso es negativo para el país. Por eso no hemos optado por huelgas generales sistemáticas. Con eso, hubiéramos salvado la cara, pero hubiéramos multiplicado el problema actual. Ahora no nos dejan opción. Empresarios y Gobierno no están dispuestos a ceder ni un milímetro si no se lo arrancamos. Y se lo vamos a arrancar. Que se preparen.

¿En qué fallaron con la reordenación del sector público?

Hemos perdido representación. Lo que no se ha producido curiosamente es un descenso de afiliados. Denunciamos durante años que era un error la externalización de servicios. La Junta no hacía ni puñetero caso hasta que mete la pata hasta arriba. Intentan imponer, sin contar con nadie, una reforma en la que funcionarios y personal laboral pierden derechos. A partir de ahí se produce la reacción. La inicial de UGT y CCOO hasta las que se han montado con distintos colectivos. A raíz de eso, la Junta decide negociar y llegamos a un acuerdo.

Los funcionarios no comprendieron ese pacto.

Los padres intelectuales de la revuelta, que han sido cuerpos de la Administración con intereses muy claros de mantener privilegios, entre los que está algún exdirector general, nos han ganado la partida. No hemos sido capaces de explicar a la gente qué hacíamos y por qué. Yo no culpabilizo a los trabajadores. Me culpabilizo a mí por no haberlo explicado.

¿Con el tiempo cree que se ha entendido mejor?

Han podido contrastar que sus derechos no se tocan. Y eso se ha estado diciendo: los funcionarios vamos a ser los recaderos de los enchufados. Pues no. Ningún funcionario ni el personal laboral ha perdido derechos. Nadie puede asumir atribuciones propias de los funcionarios. Y eso es fácilmente denunciable. Y hemos conseguido que una serie de servicios vuelvan al ámbito administrativo de la Junta. Y que esos servicios no los pueda privatizar un nuevo Gobierno. Y me remito a lo que pasa en otras comunidades.

¿Hay enchufados en la Administración?

Hay empresas públicas que hoy son agencias en las que hay cientos de concejales, trabajadores de esas empresas, de otros partidos que no son el PSOE. Me parece extraño que el PSOE enchufe a concejales del PP, de IU o del PA. Es que fulanito es del PSOE, pues sí. Pero es que está fulanito del PP. Como le he dicho a algún líder político andaluz: “Y este y este y este, que son vuestros, ¿qué son? ¿Enchufados de Griñán? ¿Son enchufados tuyos? ¿Me lo quieres explicar?”. Se pide una oferta al INEM, pasan un proceso de selección y se les contrata y mañana, cuando termine su contrato, se van al paro como todo dios. Se ha montado una historia que no es real y que es un insulto permanente a trabajadores honrados que están hasta las narices de que los señalen como enchufados.

¿Cómo era su relación con Javier Guerrero, el exdirector general imputado en el caso de los ERE fraudulentos?

Era el interlocutor de la Junta. Siempre estuvo dispuesto a negociar y a encontrar salidas a los problemas laborales. Nadie va por ahí diciendo que ha logrado una prejubilación para su suegra. Me parece demasiado. Tenía cierta informalidad. No era la típica persona de la Administración que tienes problemas para acceder a él. Si hubiéramos sabido de sus actuaciones, aunque fuera para que el sindicato no se viera ni remotamente implicado, hubiéramos actuado. Nadie que mete a gente en un ERE lo dice por ahí. Eso se ha realizado en una interrelación entre la aseguradora y la Administración. La dirección general les decía por escrito: esta persona hay que incluirla en el ERE. Y la aseguradora, cuantas más personas haya, más cobra.

¿Es una trama del PSOE?

Sabemos que son de círculos familiares o de amistad. Con los datos de ahora, no es una operación de partido con instrucciones de aprovechar este tipo de fondo y su forma de repartirlo para que el PSOE obtenga beneficios. No, ahí se ha aprovechado gente a título individual.

La jueza considera que la manera de repartir el fondo era ilegal ¿Está de acuerdo?

No. Hay un procedimiento establecido, sujeto a la Intervención, que nunca llegó a plantear que fuera ilegal. A mí me consta que ningún consejero decidió mantener el sistema por decisión propia. En cada caso, los servicios jurídicos emitieron un dictamen diciendo que era legal. Si lo era. ¿Quién, políticamente, dice que no?

Se les ha acusado de haber cobrado un millón.

Lamento que algunos medios actúen así. Me parece poco responsable. UGT tuvo que ejercer como tomadora del seguro que se encargaba de pagar a los trabajadores el ERE de la Mina Herrería en la Franja Pirítica de Huelva. Esto significa que hacíamos de pagador del seguro. Normalmente, ese papel lo hacen las empresas y la Junta financia. En este caso, no había empresa. Se había esfumado y los trabajadores se quedaron tirados. La Administración no podía ejercer el papel de tomador y lo asumió UGT.

¿Qué ocurrió con el millón?

En ningún momento ha pasado por el sindicato ni un euro de ese millón. La Junta ingresa directamente a la aseguradora. El papel de tomador tiene riesgo, porque, si la Junta no abona, tendríamos que pagar nosotros. Eso es todo lo que se ha hecho aquí. Asumir el riesgo de un posible impago de la Administración, que aún se puede producir, porque el ERE está en marcha aún.

¿Hay intrusos en ese ERE?

Ninguno.