La UE impone un certificado y un sistema de sanciones contra la pesca ilegal

Los países de la UE han aprobado hoy una normativa para evitar la pesca pirata, en la que destacan la imposición de un certificado que acredite que el pescado o marisco no se ha obtenido ilegalmente, así como la obligatoriedad de que los Gobiernos sancionen las "infracciones graves".

El Consejo ministros de Pesca de la UE ha aprobado, por unanimidad, un conjunto de medidas para luchar contra la pesca ilegal "pioneras" para otros países del mundo y que entrarán en vigor el 1 de enero de 2010, según ha afirmado el comisario europeo de Pesca, Joe Borg.

La regulación tiene como ideas centrales la exigencia de un certificado en los puertos de la UE para acreditar que el producto pesquero ha sido obtenido legalmente, así como la introducción de un régimen de sanciones para los que comentan infracciones graves.

Los Veintisiete han acordado que cuando un país detecte una ilegalidad "grave" por parte de un barco (sea de la nacionalidad que sea) o un operador, se le impondrá una multa, pero su importe no puede exceder un límite máximo.

El tope de esa sanción acordado hoy será "cinco veces el valor del pescado o marisco que ha capturado ilegalmente más una vez el alcance ecológico de la infracción", según fuentes comunitarias.

Si el pescador es reincidente, entonces la multa tendrá un límite que ascenderá a "ocho veces el valor de la captura ilegal más el alcance ecológico".

No se puede calcular en cuanto estará el importe máximo de la multa y además dependerá del valor del pescado, que diverge en cada país comunitario y en cuanto al daño ecológico tiene cierta subjetividad, pese a que la CE dice que se basará en criterios científicos, por lo que no esta clara su aplicación práctica.

Además, al tratarse de sanciones penales tienen que fijarlas los Gobiernos nacionales, la UE no puede y un país podría optar por multas bajas.

Sin embargo, la normativa de hoy "es un primer paso porque ahora no había un régimen así y al menos los gobiernos saben que estarán obligados a multar infracciones graves o la CE podrá actuar contra ellos".

En la propuesta inicial de Bruselas, que ha cambiado, se hablaba de sanciones que podrían ir de los 300.000 a los 500.000 euros.

En cuanto a la exigencia de un certificado, se impondrá a los barcos que descargan en la UE o a los países suministradores de productos pesqueros, para demostrar que han sido obtenidos ilegalmente.

La acreditación deberá estar avalada por el Estado de donde sea el pabellón del buque que ha pescado.

La regulación también incluye la creación de una "lista negra" con los buques que no cumplen las reglas europeas o internacionales pesqueras.

El comisario ha explicado que las reglas acordadas hoy se aplicarán por igual para los pescadores de dentro y fuera de la UE, aunque en la práctica, para el sector comunitario supondrá menos novedad en algunos aspectos porque ya se tiene en cuenta la normativa europea.