La UE debatirá la retirada de ayudas a la banca y los plazos para corregir el déficit

El debate sobre la necesidad de regresar de forma coordinada y rápida a la ortodoxia fiscal volverá esta semana a centrar la agenda de los ministros europeos de Finanzas y de la Comisión Europea, que analizarán métodos y plazos.

La "estrategia de salida", o cómo empezar a retirar las cuantiosas ayudas presupuestarias que los gobiernos están destinando a luchar contra la crisis, vuelve a figurar en el menú del Consejo Ecofin (Economía y Finanzas) que el martes dedicará, por primera vez, un debate especial a los apoyos dados al sector financiero.

La víspera, como es costumbre, se reunirán los dieciséis ministros del Eurogrupo para pasar revista a la coyuntura general en la zona del euro y examinar las últimas previsiones macroeconómicas elaboradas por la CE, que confirman la llegada de una "recuperación gradual" a Europa.

El miércoles, la Comisión presentará, por su parte, su análisis de la respuesta que un primer grupo de estados miembros -entre ellos España- ha dado hasta ahora a las recomendaciones de Bruselas para atajar sus déficit públicos excesivos.

Según algunas filtraciones, la CE se inclinaría por conceder a las autoridades españolas un año más, hasta 2013, para que sitúen el déficit por debajo del 3% del PIB como exige el Pacto de estabilidad y crecimiento.

Las últimas previsiones de Bruselas elevan el déficit público español a -11,2% en 2009, -10,1% en 2010 y -9,3% en 2011.

La persistencia de la recesión en España, que no desaparecerá hasta 2011, justificaría ampliar el plazo para la corrección.

Además del caso español, la Comisión evaluará las medidas de ajuste tomadas por Francia, Grecia, Irlanda y el Reino Unido, y propondrá plazos de corrección para un segundo grupo de nueve estados miembros: Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia.

En cuanto a la llamada "estrategia de salida", la presidencia de turno sueca de la UE ha previsto, por primera vez, un debate monográfico sobre la retirada de las ayudas al sector financiero en el Ecofin del martes, al que tiene previsto asistir la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Fuentes de la presidencia sueca de turno advierten de que "es todavía demasiado pronto" para retirar las ayudas y garantías a los bancos, pero que "ha llegado el momento de que los estados miembros comiencen a considerar el asunto".

Los titulares de Finanzas se centrarán, según otras fuentes comunitarias, en "los métodos y el calendario para la retirada de los esquemas de garantías bancarias con el fin de facilitar el trabajo posterior del Comité Económico y Financiero sobre los principios y calendario indicativo de una retirada coordinada de las medidas de apoyo".

Para salvar al sector financiero, los gobiernos se han visto obligados, en mayor o menor grado, a nacionalizar entidades, inyectar capital y liquidez, garantizar pasivos, aumentar las garantías sobre los depósitos de los ahorradores y rescatar los activos depreciados.

La Comisión Europea (CE) ha calculado que todas esas medidas en apoyo del sector bancario representan un 12,7% del PIB de los Veintisiete (11,2% en la zona del euro).

Si se computan las medidas aprobadas, aunque no hayan sido efectivamente usadas, el porcentaje sube al 31,4% del PIB en la UE-27 y el 25,3% en la UE-16.

En sus últimas previsiones macroeconómicas, presentadas el pasado martes, la CE otorga a Irlanda el esfuerzo mayor (174,1% de su PIB), seguida de Bélgica (30,7%), Reino Unido (28,4%), Holanda (20,3%), Suecia (10,8%) y Alemania y Austria (10,5% cada una).

España, con un 5,8% de su PIB figura a mitad de la tabla, pero sus bancos, mucho más previsores que sus competidores europeos, no han necesitado rescates.

No obstante, la Comisión Europea todavía no ha autorizado el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al que sí que podrían tener que recurrir la cajas de ahorro españolas en proceso de reestructuración y fusión.

Existe el temor de que, cuando en España empiecen a necesitarse las ayudas, la Unión Europea obligue a retirarlas.