La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Valencià (TSJCV) no imputará al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el caso Nóos, al considerar que en su actuación no hay indicios suficientes de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad que sí apreció el juez José Castro.

Por ello, el alto tribunal valenciano ha acordado devolver el caso al juzgado de Palma de Mallorca, que seguirá con la instrucción de la causa. En su auto, los jueces del TSJPV admiten que en varios convenios firmados por organismos de la Comunidad valenciana con el instituto de Urdangarin, por el que Nóos se embolsó más de 3 millones de euros,  hay indicios claramente delictivos, pero no aprecian pruebas de que Camps y Barberá tuviesen una intervención 'personal, directa y voluntaria' en ello.

En referencia a los Juegos Europeos que la Comunidad valenciana acordó que organizase Nóos, con un presupuesto de 6 millones de euros (aunque se desembolsaron de forma efectiva un total de 380.000 euros de ellos, ya que no llegaron a celebrarse), el TSJCV dice que puede que la idea naciese de Camps, y que la iniciativa fuese 'quizá criticable', pero entiende que, 'al menos en este momento', no es penalmente reprobable.

'Menos aún --añade el tribunal--, podremos afirmar que existiera algún tipo de pacto o acuerdo, o siquiera propósito deliberado, de enriquecer de forma totalmente injustificada al señor Urdangarin y sus socios a través de este mecanismo'.

El tribunal valenciano corrobora que Camps y Barberá se reunieron con Urdangarin y Torres --en el Palacio de la Zarzuela o en otro lugar-- antes de la celebración del Valencia Summit, pero consideran que 'no es raro' ya que los dos primeros eran máximas autoridades en Valencia y el duque de Palma, 'al menos en esos momentos, gozaba de un gran predicamento social, por su relación con la Familia Real y el mundo del deporte'.

Pero los jueces señalan que, aunque esa reunión 'abriera alguna puerta' a los socios de Nóos, o permitiera que fueran recibidos por determinadas autoridades, no está demostrado que Camps y Barberá intervinieran en los convenios con apariencia delictiva que entidades públicas de la Comunidad alcanzaron con Nóos para organizar tres Valencia Summit por más de tres millones de euros. Ni tampoco que presionaran para que se cerrarán los acuerdos.

El 'caso Nóos'  investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, al que administraciones valencianas aportaron 3,5 millones para organizar tres cumbres Valencia Summit de 2004 a 2006, que sí se llevaron a cabo, y elaborar los proyectos de los Juegos Europeos y los de la Juventud, que nunca se celebraron.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, pidió en junio que el TSJCV asumiera la competencia de la instrucción del caso Nóos sobre los hechos referidos a Camps y Barberá, al apreciar indicios racionales de la posible participación de ambos en delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración.

La Fiscalía Anticorrupción pidió al TSJCV que imputara a ambos dirigentes ante posibles indicios de delito en la contratación del Instituto Nóos para organizar los eventos Valencia Summit, y consideró que si el TSJCV decidía imputarles debía asumir la totalidad del caso Nóos, que instruye desde 2009 el juez Castro. En su auto de este martes, el TSJCV señala que la Fiscalía también proponía, de forma alternativa, que se devolviese el caso a Valencia si no se apreciaban indicios contra los aforados, como así ha sido.

El TSJCV nombró al magistrado Antonio Ferrer ponente encargado de elaborar la propuesta de resolución sobre si el tribunal valenciano debía asumir esa instrucción, quien propuso a la sala no asumir la causa en lo que afecta a Camps y Barberá y devolver todo el caso a Palma, como finalmente se ha acordado y hecho público hoy.

Camps vuelve así a esquivar un caso de corrupción meses después de que el Tribunal Supremo ratificara la absolución por el caso de los trajes de la Gürtel. En agosto de 2008, precisamente el TSJCV archivó la causa contra el expresidente de la Generalitat al considerar que no existía cohecho pasivo en el hecho de que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, pagara los trajes a Camps. Posteriormente, el Supremo le ordenó reabrir el caso, y un jurado popular absolvió a Camps.

En su auto de hoy, de 21 folios, el TSJCV recoge los claros indicios delictivos que existen, por ejemplo, en la contratación de Nóos para organizar las tres ediciones del Valencia Summit (2004-2006) por la entidad Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), dependiente de la Comunidad valenciana, y la Fundación Turismo Valenciana Convention Bureau (del Ayuntamiento de la capital valenciana).

El listado de irregularidades, citado por el TSJCV, incluye que el expediente de contratación 'se limitó a transcribir el borrador de convenio facilitado por el Instituto Nóos a papel con membrete de CACSA, sin realizar ningún estudio previo sobre su repercusión, trascendencia y valor', salvo 'ambiguos, vagos e impreciosos informes jurídicos', cuyas fechas es discutible que coincidan con un estudio previo. Más bien da la impresión, según coinciden los jueces valencianos con el instructor Castro, que se elaboraron 'con el fin de vestir a posteriori el expediente'.

La conclusión es que 'instituciones públicas' efectuaron un importante desembolso económico, de más de 3 millones de euros, en pago de un servicio cuyo valor real y utilidad es profundamente discutible'. Pero el tribunal insiste en que no está probada la participación personal y directa de Camps y Barberá, que estiman necesaria para imputarles, ya que las personas que cerraron los acuerdos aseguran que no fueron presionados por ellos para firmarlos.