El Tribunal Supremo absuelve a Garzón en la causa del franquismo

El Tribunal Supremo ha absuelto hoy por mayoría a Baltasar Garzón del delito de prevaricación del que estaba acusado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, han informado fuentes del alto tribunal.

La sentencia, que será notificada a las partes a las 13.30 horas, ha sido adoptada por seis votos a uno, que corresponde al magistrado José Manuel Maza, quien redactará un voto particular.

Pese a su absolución en esta causa, Garzón no podrá volver a ejercer como juez durante los próximos once años, ya que el pasado día 20 la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial hizo efectiva su expulsión de la carrera judicial, ratificada el pasado jueves por el pleno de ese órgano, como consecuencia de su condena por ordenar las escuchas del "caso Gürtel".

El juicio por la causa del franquismo quedó visto para sentencia el pasado día 8, después de que la acusación -ejercida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad- pidiera 20 años de inhabilitación para Garzón y tanto la Fiscalía como su defensa solicitaran su absolución al estimar que no cometió delito.

Garzón hizo ese día uso de su derecho a la última palabra y, tras citar al filósofo alemán Emmanuel Kant -"El tribunal del hombre es su conciencia"- aseguró que había tomado las decisiones que creía "ajustadas a derecho" para investigar los crímenes del franquismo "como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria".

La causa tuvo su origen en la decisión que Garzón, como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, tomó el 16 de octubre de 2008, cuando se declaró competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y autorizó la apertura de 19 fosas en toda España.

En el auto, el juez apuntaba como responsables de los hechos a 35 altos cargos del régimen franquista, incluido el dictador Francisco Franco, cuyo certificado de defunción solicitó a efectos de declarar la extinción de la responsabilidad penal.

La Fiscalía recurrió la decisión de Garzón y, el 28 de noviembre de 2008, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó, por catorce votos contra tres, declarar que Garzón carecía de competencia para asumir esa investigación y que debían ser los Juzgados de cada demarcación los que decidieran sobre la apertura de las fosas.

El 27 de mayo de 2009 el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella por prevaricación presentada contra el juez por Manos Limpias y designó instructor de la causa a uno de los más destacados representantes del ala progresista de la judicatura española, Luciano Varela, que un año después, el 12 de mayo de 2010, abrió juicio oral a Garzón.

En sus resoluciones, Varela sostenía que el juez "era consciente de que carecía de competencia" para investigar los crímenes del franquismo y de que "no existían hechos con relevancia penal" que justificaran la apertura de la causa, y le acusaba de ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía de 1977.