El tribunal que juzga el caso Malaya contra la corrupción ha pedido respeto al primer instructor del procedimiento, Miguel Ángel Torres, que ha sido en las dos primeras jornadas del juicio la diana de las críticas de los abogados, quienes han cuestionado el interés del juez en esta causa.

Al reanudarse el juicio, sobre las 10:15 horas, el presidente de la Sala, José Godino, ha considerado "contrarias a las normas de cortesía y respeto que deben regir siempre en todos los actos procesales" las "alusiones" al juez instructor y al fiscal.

La llamada de atención de Godino se produce tras las críticas que hizo este lunes el abogado Francisco Soriano, que a su vez es acusado y representa al procesado Manuel Sánchez Zubizarreta. Soriano calificó de "inquisidor" al juez Torres, que dirigió la investigación desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, y actualmente es titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada.

El magistrado explicado que toleró dichas acusaciones por el "absoluto respeto al derecho de defensa" como pilar básico del Estado de Derecho, así como a todos los letrados presentes, cuya actuación "sigue siendo realmente impecable y ejemplar". El presidente de la Sala ha añadido que se permitió esta actitud porque el abogado interviniente también es procesado y es "humanamente comprensible que pudiera hablar desde el apasionamiento".

La petición del juez ha caído en saco roto y las críticas han continuado

Por ello, el tribunal "olvida la cuestión", ha señalado Godino, quien ha pedido a los letrados que centren sus críticas en "cuestiones y matices estrictamente jurídicos" y eviten "cualquier tipo de descalificación personal que a nada conduce".

Pese a la petición del tribunal, las críticas de las defensas de los procesados al primer instructor del caso han continuado, sobre todo durante la intervención de los letrados de los presuntos testaferros del presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Así, el letrado José Antonio Choclán, ex magistrado de la Audiencia Nacional y ponente de una de las sentencias que condenó al ex banquero Mario Conde, ha manifestado que Torres "no se comportó de modo imparcial" y que mostró un "interés personal" en la causa y consideró que era "el único juez que garantizaba el éxito de la investigación".

En la misma línea que Francisco Soriano, Choclán ha afirmado que la instrucción siguió un "modelo inquisitivo" y que el juez y el fiscal no velaron por los derechos fundamentales de los acusados. Según este letrado, que ha reclamado la nulidad total del caso por haberse vulnerado las normas de reparto, el juez Torres ordenó "detenciones masivas".

Por su parte, el abogado de Montserrat Corulla Castro, acusada de de ser una de las testaferros de Roca, Gonzalo Rodríguez Mourullo, ha destacado la vulneración del derecho a la intimidad de su cliente, ya que la Policía unió a la causa conversaciones telefónicas y mensajes de móvil subidos de tono.

El abogado de Corulla considera que se vulneró su derecho a la intimidad

Además, ha resaltado que los agentes policiales incluyeron en el procedimiento valoraciones subjetivas como: "él intenta ligar con ella", en alusión a la persona que le enviaba los mensajes, lo que no aportaba nada a la acusación.

La mayoría de los abogados han incidido en que los autos de detención deberían ser declarados nulos, en la nulidad de entrada y registro de domicilios y despachos, así como en la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho al juez predeterminado por la ley.