El transporte ferroviario y urbano en la región de París se mantiene hoy fuertemente alterado por cuarto día consecutivo debido a una huelga cuya evolución sopesan los sindicatos y el Gobierno, amenazada por otra de funcionarios el próximo 20 de noviembre.

Las asambleas generales de los diferentes sindicatos de empresas públicas de los transportes y la energía acordaron ayer que el paro se prolongaría todo el fin de semana, para mantener la presión contra la intención del Gobierno de modificar el modelo de pensiones de los trabajadores del sector, que afecta a medio millón de personas.

El paro comenzó el miércoles pasado y esa misma noche el Gobierno ofreció una negociación de un mes a los directivos de las empresas públicas y a los sindicatos en un gesto que éstos apreciaron y que pareció iba a abrir la vía a una pronta solución del conflicto.

Sin embargo, las peticiones han hecho naufragar por el momento el clima y la negociación no ha empezado, por lo que el Ejecutivo se reserva el derecho a aplicar su proyecto de reforma, que afecta a medio millón de trabajadores y que implica pasar de 37,5 a cuarenta años el tiempo de cotización para tener una pensión de jubilación.

Los sindicatos reclaman un primer encuentro tripartito que establezca el marco de las negociaciones en las diferentes empresas afectadas, que son del transporte y la energía, más algún sector añadido, como el de los notarios.

Por su parte, el Gobierno ha condicionado la apertura del diálogo a una vuelta al trabajo, lo que los sindicatos no admiten para mantener la presión.

Aunque las direcciones de las centrales parecen proclives al diálogo, las bases han manifestado en asambleas su deseo de mantener el paro.

Con el paso de los días el seguimiento de la huelga entre los empleados se reduce progresivamente, pero los que se mantienen son el sector más duro y recalcitrante.

Varios analistas consideran que frente a esa actitud de mantener el paro el Gobierno ha optado por dejar hacer, con la esperanza de que el movimiento se desinfle hasta agotarse, lo que daría a los sindicatos menos fuerza en una negociación.

A ello se añade el hecho de que, según diferentes encuestas, la huelga es cada vez más impopular entre los ciudadanos.

Un factor que unos y otros sopesan es que el 20 de noviembre está convocado un paro en el sector de los funcionarios, que protestan por lo que consideran una pérdida de poder adquisitivo.

La confluencia de ambas movilizaciones es un elemento de difícil interpretación, ya que podría perjudicar la imagen de los sindicatos pero también trasladar la impresión de una protesta cada vez más amplia contra el Ejecutivo.

En el frente sindical se ha abierto una fisura, ya que una de las siete centrales convocantes en los ferrocarriles, la CFDT, ha declarado que desea la suspensión de la huelga y el inicio inmediato de negociaciones.

Según el Ministerio de Economía, cada día de esta huelga supone una pérdida de cuatrocientos millones de euros.

Para hoy la empresa estatal de ferrocarriles prevé que en el mejor de los casos circulen 180 trenes de alta velocidad, de los setecientos que lo harían en una jornada normal, y que mañana se incremente ligeramente el número.

El resto de líneas de largo recorrido funcionan en una proporción similar, mientras que en los cercanías de París las líneas funcionan como mucho en una tercera parte de lo habitual.