Este artículo se publicó hace 15 años.
Trabajo estrecha la vigilancia sobre el fraude en hostelería
La inspección detecta menos inmigrantes irregulares pero más desempleados que trabajan sin contrato y cobran el paro
Pese a que este verano ha sido el tercero más caluroso de los últimos 48 años, a muchos empresarios se les ha aguado la fiesta: la Inspección de Trabajo ha simultaneado varias campañas destinadas a controlar la economía irregular en la época estival.
Aunque es propio de la Inspección de Trabajo hacer campañas en el sector de la hostelería, una de las prioridades de este ejercicio ha sido reforzar el control sobre las terrazas, bares y discotecas. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya adelantó en una entrevista a Público que el propósito de la Administración era aumentar en este ejercicio un 30% el número de inspecciones. Si en otros años el principal frente de la inspección era la construcción, este año otros sectores de la economía han estado bajo la lupa.
Parejo a estas inspecciones, se ha realizado la clásica campaña de verano para el control de los trabajadores en la agricultura, lo que ha hecho que en algunas zonas costeras, con alta tradición agrícola y hostelera, se percibiera una especial vigilancia del mercado laboral Además, y como peculiar diferencia respecto a otros años, se ha puesto el acento en vigilar la legalidad de las fiestas de pueblo.
Trabajo estrecha la vigilancia sobre el fraude en hostelería
Las subdelegaciones de Gobierno han promovido en diferentes momentos campañas en el sector hostelero en sus respectivas comunidades autónomas. En las zonas más turísticas de Catalunya, como la localidad de Salou, se ha estrechado el cerco este mismo verano pero en comunidades como Aragón, el despliegue se realizó a principios de año.
Según denuncia la federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO, el fraude en el sector ha repuntado considerablemente en los últimos meses como consecuencia de la crisis. El portavoz de la federación, Antonio Ruda, advierte del alarmante alza en el incumplimiento de los contratos. La federación se ha encontrado con más denuncias de trabajadores que aseguran que pese a tener un contrato de 4 horas trabajan 8 ó 9. "En las salas de fiestas están pagando 60 euros por 8 horas de jornada", asegura Ruda.
La dinámica del negocio obliga a los inspectores de trabajo a realizar su vigilancia en una particular jornada de trabajo: de 9 de la noche a 1 de la mañana. Esto ha hecho muy común que los inspectores vayan acompañados de agentes del Cuerpo Nacional de Policía que les ofrecen protección.
Los agentes acompañan a los inspectores en sus visitas a las cooperativas en el campo
También los agentes acompañan a los inspectores en sus visitas a las cooperativas en el campo. "Han llegado a sacar una escopeta", asegura uno de estos funcionarios.
Tanto en el campo como en las discotecas el fenómeno más significativo que se detecta este año es el descenso de extranjeros irregulares trabajando mientras aumenta el número de españoles desempleados que cobra el paro. Los empresarios los contratan sin darles de alta en la Seguridad Social y así se hacen con un extra al paro.
El portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno (ECO), Vicente Pizcueta se escuda en que en muchas ocasiones es casi imposible dar de alta a los trabajadores porque la tramitación para dar de alta en la Seguridad Social puede demorarse hasta tres días. "La oferta y la demanda son así", asegura este representante del sector que también recuerda lo difícil que es contratar a pinchadiscos o porteros porque no están en el catálogo de actividades profesionales.
Control a los ayuntamientosEn el caso de las fiestas patronales, la acción de la inspección de Trabajo ha estado destinada a controlar que el personal empleado por los ayuntamientos alrededor de estas actividades al aire libre la orquesta, los camareros, los que colocan los puestos tengan los papeles en regla: desde estar dados de alta en la Seguridad Social hasta trabajar como una empresa.
Así, muchos ayuntamientos han visto frustrada cualquier posibilidad de escapar del obligado recorte presupuestario en los festejos (una de las principales partidas en las que los entes locales han metido la tijera) por la vía de la economía sumergida.
La campaña, que arrancó a principios de julio y aún durará algunas semanas más hasta que finalicen las festividades locales, ha querido tener una finalidad más informativa que recaudatoria y los inspectores han convocado a las corporaciones para requerir la documentación antes de abrir el acta por infracción.
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