El torturador de los Jemeres Rojos pide perdón a las víctimas

El jefe de los torturadores de los Jemeres Rojos ha pedido perdón formalmente por la muerte de más de 14.000 personas en la prisión S-21, convirtiéndose en el primer alto cargo de Pol Pot en aceptar su culpabilidad por crímenes cometidos por el régimen hace 30 años.

"Soy responsable por los crímenes cometidos en S-21, especialmente la tortura y ejecución de gente allí", dijo Duch a un tribunal de la ONU y camboyano donde está siendo juzgado por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

"Querría pedir perdón a los supervivientes del régimen y a las familias de las víctimas que tenían seres queridos que murieron brutalmente en la S-21 . Querría que me perdonaran", dijo Duch al tribunal de cinco jueces mientras supervivientes de los Jemeres Rojos observaban desde una galería pública.

"Soy responsable por los crímenes cometidos en S-21, especialmente la tortura y ejecución"

Duch, un cristiano renacido cuyo verdadero nombre es Kaing Guek Eav , dijo que quería "expresar su arrepentimiento y sincero pesar por todos los crímenes cometidos" durante el reino de terror de 1975-79, en el que murieron 1,7 millones de personas en Camboya.

Sin embargo, el ex profesor de matemáticas de 66 años dijo que sólo seguía órdenes procedentes del máximo líder de los Jemeres Rojos, y que temía por la vida de sus familiares si desobedecía.

"Soy el único responsable de este crimen, pero soy simplemente un chivo expiatorio. Una persona que desempeñó un papel en los asesinatos", declaró al tribunal en el segundo día de su juicio formal.

Se prevé que Duch sea un testigo clave en los futuros juicios de los considerados "más responsables" por el tribunal de uno de los capítulos más oscuros del siglo XX.

Los otros cuatro - "Hermano Número Dos" Nuon Chea; el ex presidente del régimen, Jieu Samphan; y Ieng Sary, su ministro de Exteriores, y su mujer - han negado tener conocimiento de ninguna atrocidad.

Si son declarados culpables, los cinco se enfrentan a un mínimo de cinco años en prisión y a un máximo de cadena perpetua.