Los terroristas del 11-M que regularizó el Gobierno del PP

El PP ha decidido convertir la inmigración en su principal mensaje electoral y, para ello, no ha dudado en vincular la llegada de extranjeros a la delincuencia. El propio Mariano Rajoy, en sus debates con José Luis Rodríguez Zapatero , aseguraba que “delincuentes extranjeros entran sin que se haga nada” y aseguraba que si alcanza el Palacio de La Moncloa piensa “expulsar a los extranjeros que delinquen aunque lleven cinco años en España”, además de “prohibir las regularizaciones masivas”.

Días antes, el responsable de Comunicación del partido conservador, Gabriel Elorriaga, ya admitía a Financial Times que la estrategia electoral del PP se basaba en “sembrar dudas” sobre la inmigración.

Para ello, ambos dirigentes no han dudado en desacreditar la regularización que hizo el Ejecutivo socialista, olvidando las cinco que hizo el PP en sus ocho años de gobierno y, sobre todo, el hecho de que al menos cinco de los terroristas del 11-M –Serhane Ben Abdelmajid, el Tunecino; Abdelmajid Bouchar; Basel Ghalyoun; Fouad el Morabit y Mohamed Afalah– consiguieron los papeles con el PP en el poder.

Un informe del Ministerio del Interior, enviado en octubre de 2004 a la Comisión parlamentaria sobre la masacre, ya destacaba que de los 123 ciudadanos extranjeros que habían sido investigados en el transcurso de las pesquisas policiales, 75 de ellos residían en España de manera legal.

Documento de Interior

El documento, titulado “Informe sobre la situación en que se encontraban los implicados en el 11-M desde el punto de vista de la legislación sobre inmigración”, detallaba que Jamal Zougam, Rachid Aglif, Rafa Zouhier y Abdelmajid Bouchar, todos ellos condenados por la Audiencia Nacional, disponían de permisos de “residencia permanente”. También especificaba que otros dos disfrutaban de permiso de trabajo y residencia.  

En concreto, se trataba de Basel Ghalyoun –quien lo había conseguido sólo dos meses antes de los atentados, según otro informe policial incluido en el sumario del 11-M– y su compañero de piso Fouad el Morabit. Éste, hijo de un notario marroquí, había llegado en 1999 para estudiar en la Escuela de Ingenería Aeronáutica, y en 2003 solicitó uno de residencia y trabajo. Cuando fue detenido, en los archivos policiales constaba que debía renovarlo en abril de 2004.

Dos de los suicidas

También entre los siete suicidas del piso de Leganés había con papeles. El Tunecino empezó con uno de estudios en 1996 y el 13 de junio de 2003 conseguía un pemiso de residencia y trabajo, según documentos policiales. Abdenabi Kounjaa –del que constaban antecedentes por infracción de la Ley de Extranjería– debía renovar el suyo el 23 de julio de 2005.

Sin embargo, en el grupo en el que más legales había era en el de presuntos implicados que todavía están huidos. Said Berraj, Mohamed Afalah, Daoud Ouhnane y Mohamed Belhadj aparecen en los archivos policiales con la documentación en regla. Los dos primeros, con residencia permanente. Belhadj, con un permiso de trabajo y residencia. Y el argelino Ouhane, cuya huella apareció en una bolsa de basura hallado en el interior de la Renault Kangoo, por tener “un familiar residente comunitario”.

De todos ellos, el caso más llamativo es el de Afalah. El huido –del que se sospecha que finalmente se suicidó en Irak en un atentado contra las tropas italianas– llegó a España en 1992 acogiéndose a la figura de reagrupamiento familiar. Él tenía 16 años y su padre estaba asentado en nuestro país. A partir de 1996, cuando ya tenía 20 años, intentó regularizar su situación de modo individual.

“Residencia permanente”

Su primer intento, en octubre de ese mismo año, fracasó. Las autoridades se lo denegaron por no presentar un contrato de trabajo. El 27 de agosto de 1997 lo volvió a solicitar. En esta ocasión, y tras un proceso que duró casi dos años, lo consiguió en marzo de 1999 por un año. En diciembre de 2000 se le renovó por tres años. Y en noviembre de 2003 consiguió la “residencia permanente”, con validez hasta 2008.

En sus declaraciones, dos de los que se sentaron en el banquillo, Hassan el Haski y Rabei Osman, El Egipcio, reconocieron que viajaron a España para aprovecharse de la regulación masiva emprendida por el Gobierno de Aznar en 2001. El Egipcio, finalmente absuelto aunque condenado por terrorismo en Italia, fue quien lo dejó más claro en su declaración judicial: “Oí hablar de que España iba a abrir un cupo de papeles para los emigrantes y vine”. No lo consiguieron, pero ello no les impidió para seguir residiendo en España.