El TC revisará las ayudas de las TV al cine

El Tribunal Constitucional estudiará si las contribuciones que las cadenas de televisión deben hacer obligatoriamente para financiar el cine español se ajustan a lo establecido por la Carta Magna.

El pleno del tribunal admitió ayer a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, planteada en diciembre por el Tribunal Supremo, sobre el artículo de la Ley de 1994 (y sus posteriores versiones de 1999 y 2001) que incorporó la Directiva Europea de Televisión Sin Fronteras. Esta norma estableció la aportación obligatoria del 5% de los ingresos de las televisiones a la producción cinematográfica. La decisión del Supremo fue consecuencia de un recurso planteado por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) contra el real decreto que desarrollaba aquella ley, y pone en duda una forma de financiar el cine que también recoge la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual. No obstante, esta última norma, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo, reduce las aportaciones al 3% de los ingresos de las televisiones al admitir entre los supuestos de financiación otros productos como las series.

El sistema actual conculca la libertad de empresa, según el Supremo

El Supremo recurrió al Constitucional al estimar que "la imposición por ley a una o a varias empresas del destino obligatorio que han de dar a sus inversiones, con la consiguiente vinculación de una parte de sus recursos propios, constituye una restricción de la libertad que les garantiza el artículo 38 de la Constitución" [sobre libertad de empresa]. Para el Supremo, esta restricción "es tanto más relevante cuanto que el destino forzoso de las inversiones no corresponde al objeto propio de la actividad (la difusión televisiva) sino a un sector económico diferente (la producción cinematográfica)".

En esta misma línea, el secretario general de Uteca, Jorge del Corral, expresó ayer la satisfacción de las cadenas privadas por la providencia, así como su deseo de que el fallo se produzca "lo antes posible". Asimismo, explicó que, al margen de la reducción de las aportaciones que pueda suponer la Ley Audiovisual, las privadas están en contra de aportar obligatoriamente "aunque sea un solo euro" al cine. "Estamos defendiendo un principio", indicó Del Corral, que tiene claro que, además de ser contrario a las normas de la competencia, obligar a un sector privado a financiar a otro es inconstitucional.

Por el contrario, el presidente de los productores audiovisuales, Pedro Pérez, entiende que el actual sistema es "conforme a derecho" y advierte que el hecho de que el Constitucional haya admitido a trámite la cuestión del Supremo no significa que vaya a fallar a favor de las cadenas de televisión.