Los derechos de los imputados a no declarar contra sí mismos y a no declararse culpables no "consagran un derecho fundamental a mentir". El Tribunal Constitucional utiliza este argumento en una sentencia en la que niega el amparo a dos policías locales de Sevilla que realizaron manifestaciones "abiertamente falsas" en el expediente que se les abrió a raíz de la denuncia de un ciudadano, que les acusaba de abuso de autoridad, intimidación y amenazas, así como de la arbitraria imposición de dos multas.

Por la "falsedad gratuita" de sus manifestaciones en relación con la denuncia del particular y los recursos que interpuso que los agentes negaban que coincidieran en el relato de hechos, pero se comprobó que era idéntico, se les sancionó con dos días de suspensión de empleo y sueldo.

El Ayuntamiento de Sevilla, y luego el Juzgado de lo Contencioso, les consideró responsables de "una falta de consideración para con el administrado y un atentado a la gravedad y decoro que debe presidir la actuación de quienes están revestidos de la singular autoridad que da la pertenencia al cuerpo de la Policía Local".

El Constitucional explica que "los imputados en un proceso penal no están sometidos a la obligación jurídica de decir la verdad, sino que pueden callar o incluso mentir, en virtud de los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable". Con estas garantías se acabó con el "viejo proceso penal inquisitivo", en el que se buscaba la confesión del imputado, "incluso mediante la tortura", dice la sentencia.

Tras añadir que estos derechos pueden servir de descargo o como elemento de corroboración de indicios en su contra, el TC concluye que los solicitantes de amparo, como policías locales, "se encuentran en una posición diferente a la del resto de ciudadanos" y pesa sobre ellos "una mayor exigibilidad de rigor en sus manifestaciones", sobre todo porque con ellas imputaron a un ciudadano una denuncia falsa.