Tangentopoli, una transición incompleta

Guido Bertolaso, Filippo Penati, Claudio Scajola o Luigi Lusi puede que sean tan solo unos "mangantes aislados" del siglo XXI. O quizá sean algo más. En febrero de 1992 el exprimer ministro italiano, Bettino Craxi, definió con esa expresión a Mario Chiesa, importante exponente de su partido en Lombardía, el Partido Socialista Italiano (PSI), y director del asilo para ancianos Pio Albergo Trivulzio.

A Chiesa, la Guardia de Finanzas le sorprendió un día como ayer hace 20 años metiendo en un cajón de su despacho un sobre con 7 millones de las antiguas liras (unos 3.600 euros).

El dinero se lo acababa de entregar Luca Magni -que estaba compinchado con el fiscal Antonio Di Pietro- como primer plazo de una comisión por haber conseguido que su empresa de limpieza tuviera acceso a una concesión pública valorada en 140 millones.

Aquel hecho "aislado" permitió que Di Pietro y el pool de fiscales milaneses Manos Limpias destapara el mayor escándalo de corrupción que ha vivido la república italiana en sus 150 años de historia. Se llamó Tangentopoli y sentó en el banquillo a más de 4.000 empresarios y representantes de todas las formaciones políticas.

Llevaban dos décadas financiando ilegalmente a sus partidos gracias a los fondos negros que obtenían con el cobro de comisiones por cada adjudicación pública. Craxi, después de 20 órdenes de arresto, se exilió con su botín a Hammamet, en Túnez, donde murió en el año 2000.

Tangentopoli fue devastadora para la economía italiana. En 1980 la deuda pública con respecto al PIB era del 60%. En 1992 pasó al 118% gracias a ese dinero público que se esfumaba entre los partidos. La trama investigada por Manos Limpias acabó con la I República y los partidos tradicionales que gobernaban desde la II Guerra Mundial.

Pero hay muchos síntomas que indican que aquella transición hacia la II República ha sido incompleta. Hoy, la deuda supera el 120% del PIB y es una señal de que el escándalo no ha terminado, solo se refinaron los métodos.

Como explicaba la semana pasada a la revista L'Espresso, Francesco Greco, uno de los fiscales de Manos Limpias, "antes empresa y política partían de dos realidades diferentes. Hasta el empresario más potente tenía que pagar una comisión [...] Hoy el dinero se mueve sobre todo para enriquecerse personalmente, pero en el centro hay una red de amistades, relaciones, favores y protecciones recíprocas que recuerdan a los lobbies. Hoy, empresarios y políticos se sientan en la misma mesa y juntos se aseguran los negocios".

Guido Bertolaso, por ejemplo. Fue nombrado jefe de la Protección Civil por Silvio Berlusconi en sus gobiernos desde 2001. Una de sus tareas era la de organizar los Grandes Eventos. En 2009 se encargó de preparar la cumbre del G-8 en La Magdalena (que acabó siendo trasladada a L'Aquila, tras el terremoto).

La Fiscalía de Florencia le acusa de haber recibido comisiones ilegales, coches de lujo, prestaciones sexuales y contratos para sus familiares en compensación por las adjudicaciones al empresario Diego Anemone. Y Anemone es un apellido que aparece de manera recurrente cada vez que hay una investigación contra políticos de la derecha berlusconiana.

Hace dos años, Claudio Scajola tuvo que dimitir como ministro de Desarrollo Económico al descubrirse que parte del alquiler del piso frente al Coliseo en el que vive lo pagaba dicho empresario. Él dijo no saber nada.

Pero la corrupción también afecta a la izquierda. Filippo Penati, consejero regional del Partido Democrático (PD) en Lombardía y antiguo secretario de Pierluigi Bersani, el líder del partido, está acusado desde el pasado verano por la Fiscalía de Monza de haberse quedado con dos millones de euros en comisiones por una serie de adjudicaciones de un proyecto inmobiliario entre 2001 y 2009.

El último ejemplo, y puede que el más llamativo, es el de Luigi Lusi, excontable del partido La Margarita, que se fusionó con la coalición del Olivo, formación con la que Romano Prodi llegó al Gobierno en 2006. Hace un mes se descubrió que Lusi se fugó con 23 millones de euros provenientes de la financiación estatal a los partidos. "Los necesitaba", reconoció, aunque solo se ha comprometido a devolver cinco.

Poco después emergió que de las cuentas de Alianza Nacional, partido que confluyó en 2008 en el Pueblo de la Libertad de Berlusconi, también faltaban 26 millones. Y antes, los medios habían denunciado que la Liga Norte envió 6 millones de fondos públicos a un banco en Tanzania. Como hace 20 años, los políticos primero se escandalizan y después miran a otro lado haciendo que no saben nada.

Hay otros hechos que sirven para entender que el mundo de la política no se recicló después de Tangentopoli. Berlusconi ganó las primeras elecciones de la II República en 1994 con una campaña mediática brutal en la que se erigió como el superhombre que lavaría la cara del país. Pero él mismo había sido acusado en 1996 del pago de unas comisiones ilegales a la Guardia de Finanzas, caso del que fue absuelto gracias a que el abogado corrupto David Mills testificó a su favor.

Desde 1999, el Parlamento se niega aprobar el acuerdo de la Unión Europea que exige penalizar a los dirigentes empresariales que cobren comisiones ilegales. Los diputados tampoco se han puesto de acuerdo para sacar adelante un decreto anticorrupción, del que hoy se está encargando el Gobierno de Mario Monti, pero que el jueves volvió a ser aplazado.

No es de extrañar. Pocos de los políticos de la época terminaron en la cárcel. Muchos fueron condenados pero después de que prescribieran las acusaciones. La mayor parte de ellos siguen en los escaños del Parlamento gracias a varias leyes de amnistía de Berlusconi.

Il Cavaliere, que beatificó políticamente a Craxi por ser su mentor y sentirse identificado con él por los 23 procesos a los se ha enfrentado desde Tangentopoli, redujo los tiempos de prescripción de los delitos, quiso quitarle a los fiscales armas tan importantes como los pinchazos telefónicos, y ahora, incluso estando fuera del Gobierno, ha conseguido que se apruebe una ley que impone una responsabilidad penal a los magistrados que se equivoquen.

Berlusconi actuaba en su propio beneficio, pero con toda la clase política permitiendo sus desmanes. Los técnicos de Monti, como ocurrió en 1993 han tomado el Gobierno y solo tienen dos opciones. Arriesgar su continuidad por el bien de Italia sacando a la luz las miserias de los partidos, o seguir siendo cómplices de la corrupción que atenaza al país.