Suspendidos los decretos que establecían el euskera como lengua vehicular

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ordenado la suspensión cautelar de los artículos de los decretos de Educación Infantil y Bachillerato elaborados por el anterior Gobierno vasco que establecían el euskera como lengua vehicular.

Según el abogado de la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, que interpuso sendos recursos contra dichos artículos, Iñigo Uríen, el alto tribunal vasco les ha notificado hoy en dos autos la suspensión cautelar de los artículos recurridos.

Esta plataforma había presentado ante el TSJPV los dos recursos mencionados, así como una solicitud de medidas cautelares para lograr la paralización de la ejecución de ambos decretos, redactados por el departamento que dirigía Tontxu Campos (Eusko Alkartasuna) poco antes de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 1 de marzo.

El alto tribunal vasco admitió a trámite tanto los recursos como la petición de medidas cautelares y hoy ha notificado a las partes la suspensión cautelar de los artículos recurridos por esta asociación de padres, que reúne a unas 2.000 familias.

Fuentes de Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística se han felicitado por la decisión del TSJPV y han advertido de que "el Gobierno vasco tiene ahora en sus manos la capacidad de que esta resolución se traduzca en hechos prácticos".

Asimismo, han opinado que esta suspensión cautelar de los citados artículos es "un doble mensaje". Por un lado, a los padres, "que ahora tendrán la capacidad de reclamar que la ley de modelos lingüísticos se respete". Y, por otro, a los centros escolares que han implantado modelos de inmersión amparándose en esos decretos, "en muchos casos en contra del deseo de los padres", ya que ahora está por ver "qué seguridad jurídica tienen".

Fuentes del Departamento de Educación han declinado hacer declaraciones sobre el auto del alto tribunal y se han limitado a decir que la decisión de suspender cautelarmente dichos artículos "no entra en contradicción" con los planteamientos que ha defendido la consejera, Isabel Celaá.