El futuro de Telemadrid, de sus 861 trabajadores despedidos y, por extensión, la del resto de trabajadores de las televisiones públicas en España se dirime este miércoles en el Tribunal Supremo. La Justicia debe pronunciarse sobre el ERE que la Radio Televisión Madrid ejecutó en 2013 y que supuso el despido de 861 trabajadores de los 1.161 que componían la plantilla en aquel momento. La sentencia del Tribunal Supremo establecerá jurisprudencia y servirá como referencia para los próximos Expedientes de Regulación de Empleo que quieran ejecutar las administraciones públicas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya sentenció a este respecto que los despidos eran 'improcedentes', por 'no ajustarse a derecho', lo que implicaba, en la práctica, que la indemnización de los trabajadores aumentaba a 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensuales. El fallo de este Tribunal, sin embargo, fue recurrido entonces tanto por trabajadores como por la patronal.

Los sindicatos recurrieron en busca de que el Tribunal Supremo declare la nulidad del ERE, que obligaría a la empresa a la readmisión inmediata de los 861 trabajadores despedidos. La empresa, por su parte, recurrió la sentencia porque entendía que la sentencia contiene 'errores importantes' como la reiterada queja a lo largo del texto por la incongruencia de los datos económicos presentados por la empresa.

Así, el Tribunal Supremo puede tomar este miércoles hasta tres decisiones diferentes. Por un lado, ratificar la sentencia del TSJM, opción que ha sido apoyada por el Fiscal; por otro lado, declarar la nulidad del ERE y obligar a la empresa a readmitir a los despedidos; y, por último, también cabe la posibilidad de que el TS dé la razón a la patronal y declare los despidos como procedentes, en cuyo caso, los trabajadores ni serían readmitidos ni verían aumentar su indemnización.

De la decisión del Tribunal Supremo, no obstante, no depende solamente el futuro de los 861 trabajadores despedidos, sino también la continuidad o no de Telemadrid. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya señaló cuando el TSJM debía decidir sobre la demanda colectiva presentada por CCOO, UGT y CGT que si la Justicia obligaba a Telemadrid a readmitir a los trabajadores, él ordenaría el cierre de la cadena. 'No es una intención, es una decisión', espetó el presidente del Ejecutivo madrileño durante un desayuno de prensa organizado por El Economista y Ernst & Young.

Los despedidos de Telemadrid, por su parte, esperan la sentencia sabiendo que tienen poco que ganar, dictamine lo que dictamine el Tribunal Supremo, salvo la honra de saber que tenían razón. 'Es surrealista. Si mañana el TS dice que es improcedente nosotros recibiríamos 45 días por año pero nosotros no queremos el dinero del contribuyente, queremos nuestro puesto de trabajo. Por otra parte, si lo declaran nulo el presidente dice que cerrará la cadena y nos quedaríamos sin trabajo y con la televisión cerrada. Tenemos la impresión de que siempre perdemos', explica a Público Teresa García, presidenta del comité de empresa de Telemadrid, que denuncia que tras los despidos Telemadrid 'sólo ha conseguido ahorrar un 1,6%' de su presupuesto.

No obstante, como ya se ha mencionado anteriormente el deseo de los sindicatos es que el ERE sea declarado nulo y que los trabajadores puedan recuperar sus puestos de trabajo. Con esta reivindicación, las secciones sindicales de UGT, CCOO y CGT han convocado para este miércoles una marcha para pedir la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La marcha arrancará a las 9:00 horas en la sede de Telemadrid (Ciudad de la Imagen) y llegará a las 13:30 horas a la sede del Tribunal Supremo.

La decisión del Tribunal Supremo también será la primera que se tome sobre un ERE en una Administración Pública tras la aplicación de la reforma laboral del Partido Popular. La nueva legislación contempla los despidos en la Administración por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando se produzca una situación de 'insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios' correspondientes.

Sin embargo, y para disgusto de Ignacio González y Fabra, la Justicia no ha estimado, hasta el momento, que el caso de Telemadrid y Canal 9 encuadre en los supuestos ya que la insuficiencia presupuesta no era 'sobrevenida' sino que, muy al contrario, ambas empresas públicas llevaban ya tiempo cerrando sus ejercicios fiscales con pérdidas, que había sido cubiertas siempre por la Administración. Así, el veredicto del Supremo sentará jurisprudencia sobre este tema, después de que el ERE en Canal 9 no acabara en una instancia judicial tan alta al ejecutarse, directamente, el cierre de la cadena.

La Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrid, formada por unos doscientos trabajadores del EPRTVM despedidos por el ERE, presentó ayer, martes, en el Tribunal Supremo una querella criminal contra el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

La Asociación interpone esta querella como acusación particular por la probable y posible comisión de los delitos siguientes: cohecho; prevaricación; administración fraudulenta; tráfico de influencias; receptación y blanqueo de capitales; delitos contra la hacienda pública; y asociación ilícita.

El objeto de la querella presentada por la asociación lo constituye 'las conductas desplegadas por quien tiene el poder de decisión en el Ente Público para adquirir los derechos a emitir los partidos de fútbol celebrados por el Club Atlético de Madrid S.A.D. y cualesquiera otros contratos y operaciones formalizados con operadores económicos que pudieran haber reportado a estos cualquier tipo de utilidad económica en detrimento del patrimonio del ente público'.