Société Générale y su presidente, Daniel Bouton, están en el centro de un proceso judicial iniciado hoy en el que ambos están acusados, junto a otros tres bancos y decenas de empresarios, de blanqueo de capitales mediante un complejo sistema de encubrimiento en oficinas de cambio de divisa en Israel.

La sala correccional del Tribunal de Gran Instancia de París se encargará durante los próximos cinco meses de juzgar este caso, conocido como "Sentier II", por el nombre de un céntrico barrio de la capital francesa que concentra un gran número de talleres y comercios textiles, algunos de los cuales estuvieron implicados en los presuntos delitos cometidos entre 1996 y 2001.

Además de Société Générale, bajo los focos de la actualidad estos últimos días por el desfalco atribuido a uno de sus operadores de mercados que le ha costado 4.900 millones de euros, las otras tres entidades financieras inculpadas en el sistema de blanqueo de unos 45 millones de euros son Barclays, la Société Marsellaise de Crédit y el Banco Nacional de Pakistán.

El tribunal tendrá que esclarecer la responsabilidad de los cuatro bancos, a los que se reprocha -cosa que niegan- haber estar al corriente del sistema de blanqueo, un delito condenado con hasta diez años de cárcel y fuertes multas.

Société Générale reiteró en un comunicado su posición de que ni la entidad como tal ni sus representantes participaron "intencionalmente" en este dispositivo, por el que comerciantes del Sentier, pero también particulares y asociaciones caritativas disimulaban diversas infracciones como fraude fiscal, abuso de bienes sociales o cheques robados.

El mecanismo consistía en el recurso a unos intermediarios, que se llevaban una comisión, para que hicieran cheques a cambio de dinero en efectivo, unos cheques que se presentaban en agencias de cambio en Israel, donde la reglamentación permitía endosarlos como títulos al portador.

Era en los cuatro bancos procesados, en tanto que corresponsales de las entidades israelíes, donde terminaban finalmente las cantidades blanqueadas, y en la instrucción se les criticó por no haber puesto en marcha instrumentos de control suficientes frente a la magnitud de los flujos de dinero.

Société Générale sostiene que no se les impusieron obligaciones de verificación de los cheques hasta abril de 2002, una vez que los hechos de este proceso ya habían ocurrido.

En esa misma línea, la defensa de Bouton argumenta que el presidente no estaba al corriente, como tampoco los otros tres colaboradores de la entidad igualmente procesados.

La investigación de este caso tuvo su punto de partida en otro caso de estafa radicado igualmente en el barrio del Sentier, en el que un centenar de personas fueron condenadas en 2002 y en 2003 por haber expoliado a bancos y aseguradoras con documentos ficticios y falsas declaraciones de siniestro.

El largo proceso judicial que comienza ahora llega en un momento particularmente inoportuno para Société Générale, que tendrá que explicar ante la justicia y ante los órganos de regulación bursátiles y bancarios cómo fue posible el desfalco que atribuye a Jérôme Kerviel, un joven operador de mercados de 31 años que, según la versión del banco actuó solo.

Kerviel, procesado por abuso de confianza, falsificación e intromisión en sistemas de datos informáticos, se encuentra en libertad condicional bajo control judicial, y es objeto de protección policial día y noche.