Los sindicatos ensayan el martes la huelga general

Los sindicatos ya calientan motores para la que será, pasado mañana, la primera huelga del sector público en todo el país en 14 años. Un ejercicio de protesta y reivindicación cuyo mayor o menor éxito tendrá una significación más amplia de lo esperado inicialmente. El fracaso de las negociaciones del Diálogo Social para consensuar una reforma del mercado de trabajo y la decisión del Gobierno de aprobarla por decreto el próximo 16 de junio, con o sin acuerdo, han dado otro cariz a la propuesta: el de gran ensayo para una huelga general.

En la última reunión entre los agentes sociales y el Gobierno, el pasado miércoles, apenas se constataron avances. Fuentes sindicales aseguraron a Público que hay malestar entre los sindicatos. No sólo porque percibieron que el Gobierno tiene ya prácticamente decidida su reforma, sino porque detectaron una estrategia del Ejecutivo de intentar que la huelga de funcionarios no cuaje. Si esto sucediera, explican las mismas fuentes, el Gobierno se sentiría más fuerte de cara a la más que probable huelga general, mientras que CCOO y UGT tendrían que pensárselo dos veces antes de convocarla.

El Gobierno confía en evitar el paro nacional si fracasa el de funcionarios

No obstante, la huelga "parece ya inevitable", como dijo el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, el pasado viernes. Además, no todas las voces están de acuerdo en que el paro del martes será un termómetro fiable de cara a una posible convocatoria general.

El experto en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Luis Collado asegura que se trata de protestas con planteamientos diferentes: "Puede suceder que una huelga de funcionarios tenga un seguimiento mediano y a continuación una general se siga ampliamente, como ha sucedido otras veces".

Esta vez, el calendario ha jugado una mala pasada. El plazo legal mínimo para comunicar a patronal y Gobierno la convocatoria de una huelga general es de diez días. Teniendo en cuenta que el Ejecutivo ha anunciado que el real decreto que fijará la reforma laboral se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario del 16 de junio, la fecha más temprana para una huelga sería el 27 de junio.

Los sindicatos deben convocar la huelga con un mínimo de diez días

Sin embargo, los sindicatos suelen presentar el aviso con más antelación. "No es un problema de plazos legales sino de estrategia sindical. Organizar una huelga de ese calibre es complejo y requiere de múltiples asambleas", explica Collado. Por tanto, si CCOO y UGT quisieran disponer de tiempo para elaborar su estrategia, la fecha de la huelga podría desplazarse hasta principios de julio, en plenas vacaciones, cuando sectores como la enseñanza (uno de los que más influyentes) ya no tienen actividad. CCOO ya está trabajando en ella.

En este sindicato saben que la huelga de funcionarios es el gran ensayo en el que los sindicatos se juegan su credibilidad y poder para convocar una huelga general con las mínimas garantías de éxito. En UGT son optimistas. Fuentes del sindicato aseguraron a Público que la reforma laboral anunciada por el Gobierno ha caldeado los ánimos entre los funcionarios y ha aumentado la predisposición a movilizarse contra ese recorte de derechos sociales. El problema es que ir a la huelga cuesta dinero y dos convocatorias en un mismo mes supone un recorte salarial que no todo el mundo se puede permitir.

Antón Borja. Profesor de la Universidad del País Vasco

¿Tiene sentido hacer una huelga de funcionarios?
Sí, porque las medidas de recorte de salarios aprobadas por el Gobierno no van a servir de nada y son contraproducentes para salir de la crisis. Hay que tener claro que la Función Pública no sólo pelea por sus alubias sino por toda la sociedad porque si se deterioran sus servicios afecta a toda la dinámica social.

¿Esta huelga será un paso previo para la general?
Esto va a ser un puente para la huelga general. Hay mucha rabia contenida, no sólo en la enseñanza y la sanidad, que es lo que más se ve.

¿Servirá para algo?
Tanto la huelga de funcionarios como la general servirán para presionar al poder político y puede ser un argumento para que se retrasen las medidas de ajuste. Es absurdo que nos obliguen a llegar a un déficit del 3% en 2013, cuando está claro que no va a ser posible. Además, igual el Gobierno se retracta de lo que firme el día 16 en la reforma laboral.

¿Entonces al Gobierno podría interesarle que el paro tuviera éxito?
De alguna manera, sí. Así podría ir a la Comisión Europea a pedir que alarguen los plazos con el argumento de que hay muy mal ambiente social. Y las pérdidas de un día de huelga son lo de menos porque es mucho peor estar cuatro años más con altas tasas
de paro.