Por Jason Webb y Feliciano Tisera

Los dos mayores sindicatos españoles se manifiestan el martes en las principales ciudades del país contra la propuesta de retrasar la edad de jubilación a los 67 años, poniendo fin a seis años de buenas relaciones con un Gobierno del Partido Socialista que está buscando complacer a los mercados con un plan de austeridad.

El martes habrá manifestaciones en Madrid, Barcelona y Valencia, con los organizadores esperando una asistencia de entre 40.000 y 50.000 personas en la capital, pese al frío y la lluvia. Las marchas continuarán en otros lugares del país en lo que resta de semana.

Los mercados de bonos están muy atentos a España, que junto a otros miembros de la zona euro como Grecia, Portugal e Irlanda, tienen dificultades para rebajar sus enormes déficits públicos, afectados por la recesión y la crisis financiera, y para recuperar la competitividad económica.

Una encuesta publicada en el diario "Público" a principios de mes mostraba que el 49 por ciento de los españoles apoyaría una huelga general contra la propuesta del Gobierno de retrasar dos años la edad de jubilación, que fue anunciada junto a un plan de austeridad para ahorrar 50.000 millones de euros, y al comienzo de las negociaciones para una reforma laboral.

Pese a que la tasa de desempleo roza el 20 por ciento, España se ha destacado por la relativa calma y falta de protestas con la que la población viene soportando la crisis.

Algunos analistas dicen que los sindicatos, que hace tiempo que no convocan manifestaciones, podrían tener dificultades para movilizar grandes cantidades de gente.

Juan José, trabajador ferroviario de 45 años, dijo a Reuters que no participará en la manifestación, pues considera que los sindicatos no podrán oponerse al plan de austeridad, que el propio gobierno parece vincular con el sostenimiento del sistema de pensiones ante las perspectivas de envejecimiento de la población, a la vez que intenta asegurar a los bonistas que será capaz de reducir el déficit presupuestario.

"No voy a ir porque no creo que la solución sea hacer manifestaciones, porque alguna medida impopular hay que tomar, que no depende del gobierno de turno", dijo.

"Además, la complicidad con el gobierno que venían teniendo los dos sindicatos mayoritarios no me parece bien, para mí han perdido credibilidad", agregó.

AFILIADOS SINDICALES, UNA MINORÍA

En diciembre, una manifestación de sindicatos en Madrid para advertir a la patronal de que no intentara recortar los beneficios de los trabajadores atrajo a decenas de miles de personas, pero fue una manifestación poco concurrida según los niveles habituales de España en este tipo de marchas.

Sólo alrededor del 16 por ciento de los trabajadores españoles están afiliados a un sindicato.

Los sindicatos hasta ahora nunca se manifestaron de manera directa en contra de medidas tomadas por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

A pesar de la dura recesión, Zapatero ha mantenido a los sindicatos de su lado prometiéndoles no ceder a la demanda de la patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) de abaratar la contratación y el despido de los trabajadores.

Sin embargo Zapatero, preocupado por el encarecimiento de su deuda durante la crisis de Grecia, anunció medidas para recortar el déficit público que llegó a un 11,4 por ciento de su producto interior bruto (PIB) en 2009 y asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

"Si hay una propuesta del Gobierno equivocada como lo de la jubilación, nosotros nos oponemos", dijo Cándido Mendez, líder de Unión General de Trabajadores (UGT), el segundo mayor sindicato español, en una entrevista con la radio Cadena Ser.

Durante la crisis de Grecia, los mercados elevaron el riesgo país de España por temores de que con su alta tasa de desempleo, la rigidez de su sistema laboral y su baja productividad, Madrid no vaya a ser capaz de prevenir que se dispare su deuda pública, especialmente cuando la pertenencia a la zona euro descarta la posibilidad de devaluación.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Angel Gurría, dijo el martes que el peso de la deuda pública de España es todavía "gestionable", señalando que las comparaciones con Grecia no son adecuadas.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dijo el martes que una reforma laboral es imprescindible para el crecimiento del PIB y la salud del sistema financiero.