Los sindicatos denuncian una ofensiva penal contra la huelga desde que gobierna el PP

Los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, comenzarán a partir de julio una campaña de movilizaciones para tratar de frenar lo que consideran una "ofensiva penal contra el derecho de huelga" desatada por la Fiscalía, que sobre todo desde la primera huelga general de 2012 ha acumulado peticiones de cárcel que suman 120 años.

Unas solicitudes que recaen sobre trabajadores y dirigentes sindicales por su participación en piquetes informativos durante las huelgas generales a partir de 2010 y otras movilizaciones sectoriales, aunque destacan que es a partir de 2012 -cuando el Partido Popular llega al Gobierno- cuando se han producido la mayoría de actuaciones del Ministerio Público para que los jueces apliquen el código penal por delitos contra los derechos de los trabajadores.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez; y el de CCOO, Ignacio Fernández Toxo,han presentado en rueda de prensa un informe conjunto en el que exponen 81 expedientes sancionadores abiertos -penales y administrativos- que afectan a 260 sindicalistas. En concreto, según ha explicado Toxo, alrededor de 40 son procesos penales por los que la Fiscalía ha pedido unos 120 años de cárcel, aunque advierten de que la cifra irá aumentando con procedimientos más recientes que no se han incluido en este informe.

Para ambos sindicatos, no hay duda de la relación directa entre la llegada al Gobierno del PP y un "cambio de criterio inducido" en la interpretación del Código Penal sobre el derecho constitucional de huelga, ha criticado Méndez. El artículo del Código Penal al que se refiera la Ministerio Público es el 135.3, sobre coacciones a los trabajadores durante jornadas de huelga, por el que se pueden agravar las penas con peticiones de prisión de tres años y un día.

"Durante 35 años de democracia se ha ejercido el derecho de huelga sin problemas"Llama la atención a las dos centrales que "durante 35 años de democracia se haya ejercido el derecho a huelga sin problemas y que desde hace poco tiempo esté siendo cuestionado por instituciones del Estado. No estamos dispuestos a consentirlo", ha asegurado Toxo, quien ha comparado la situación de los seis trabajadores condenados con sentencia firme con la época en la que "se encerraba en cárceles franquistas" a quienes trataban de negociar convenios o protestaban por sus condiciones laborales. "Éste es una ataque sin precedentes en la democracia", ha aseverado.

Ambos dirigentes coinciden en su interpretación, y ven una "dinámica de criminalización sindical" cuyos efectos son "desalentar la movilización" y proyectar una imagen de la huelga "violenta y delictiva", algo que han negado tajantemente. Según Méndez, las huelgas generales en este país "se han caracterizado por su carácter pacífico", aunque no ha negado que existan episodios de tensión, "como reconocen varias sentencias del Tribunal Constitucional", que establecen que el conflicto es inherente a la huelga y que cabe dentro del ejercicio constitucional de este derecho. Según Toxo, si se consolida esta deriva "el efecto colateral será indeseable".

Esta creciente preocupación, que ya se ha puesto de manifiesto con varios casos alarmantes como el de Ana y Tamara en Pontevedra, o el de Carlos y Carmen en Granada, ha sido trasladada por los dos sindicatos tanto a la Fiscalía General del Estado como al Consejo General del Poder Judicial, e incluso se han dirigigo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón para que tome medidas y evite que los condenados ingresen en prisión, al tiempo que han solicitado una reforma an el artículo 135 del Código Penal.

"No hay ni sanciones económicas ni penales para los empresarios que vulneran el derecho al trabajo"

El secretario general de CCOO ha criticado una "doble vara de medir" de la Fiscalía cuyo objetivo es "impedir el derecho normal a la huelga en España", y ha recordado no hay "ni sanciones económicas, ni propuestas de sanciones penales para los empresarios que vulneran constantemente el derecho al trabajo y los derechos fundamentales de los trabajadores. Las vulneraciones del derecho de los trabajadores va en aumento cada día en este país".

Ante este escenario, CCOO y UGT han anunciado una campaña de movilizaciones para que la Fiscalía dé marcha atrás e impedir que los procesos finalicen con más condenas. La primera cita será el 1 de julio en la PLaza de Callao de Madrid, en una acto al que acudirán algunos de los encausados y al que asistirá el secretario general de la Confederación Sindical Internacional. A partir del 9 de julio se convocarán actos en defensa de la actividad sindical a lo largo del país, han adelantado.

"Iremos a todas las instancias nacionales e internacionales" para defender "un derecho fundamental" sin el que "no habría equilibrio en las relaciones laborales", ha asegurado Toxo, que también ha alertado de que "España no puede ser una país habitual en los debates de la OIT, como viene ocurriendo desde hace tiempo".