El Senado aprueba por mayoría absoluta que las CCAA ofrezcan candidatos a ocupar el TC

El Pleno del Senado ha aprobado hoy por mayoría absoluta, pero con la oposición del PP, la reforma del reglamento que permite a los Parlamentos autonómicos ofrecer un cupo de dos candidatos a ocupar el Tribunal Constitucional (TC).

Los grupos defensores de la modificación del reglamento, concretamente del artículo 184, necesitaban un mínimo de 130 votos para sacar adelante la iniciativa, lo cual han logrado al sumar el apoyo de 133 senadores.

El grupo del PP en la Cámara Alta ha votado en contra, lo que no ha impedido que prospere la reforma a pesar de que es el partido mayoritario en el Senado.

El presidente de la Cámara, Javier Rojo, previa reunión con los demás integrantes de la Mesa, deberá ahora remitir a los Parlamentos de las comunidades autónomas una carta para informar de la reforma acordada y de la apertura del plazo de presentación de los candidatos a ser magistrados del alto tribunal.

El calendario es muy ceñido, toda vez que el mandato de los magistrados que actualmente detentan el cargo en el TC por elección del Senado expira el próximo 17 de diciembre.

Fuentes de la Mesa han indicado a EFE que el plazo que decrete el presidente de la Cámara Alta no sobrepasará en ningún caso la fecha antes citada.

El proceso es más complejo de lo inicialmente previsto por cuanto muchos Parlamentos autonómicos, para ofrecer a sus candidatos, tendrán antes que cambiar su propio reglamento, y eso ha de tenerlo en cuenta Rojo cuando determine el plazo.

Con todo, y de acuerdo con la reforma del reglamento acordada, las comunidades autónomas propondrán a la Comisión de Nombramientos del Senado dos nombres para ocupar el TC.

Sólo en el caso improbable de que los candidatos no sean presentados en el plazo fijado, la Comisión podrá optar por "otros distintos".

El PP, que desde que comenzó el proceso de reforma del reglamento ha dejado clara su oposición a la misma, recurrirá en las próximas fechas ante el Tribunal Constitucional esta medida, así como la denegación por la Mesa del Senado de un tercer plazo de interposición de enmiendas.