Ruz pide a Francia documentos del caso Faisán que reclamó Garzón hace 5 meses

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a Francia, cinco meses después desde que lo hiciera Baltasar Garzón, la documentación relativa a las llamadas de la cabina que supuestamente alertaron a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en mayo de 2006.

De esta forma, el magistrado, que se incorporó la semana pasada a la Audiencia Nacional, accede a la petición que la asociación Dignidad y Justicia reclamó en junio al juez Santiago Pedraz, que sustituía a Garzón después de que éste fuera suspendido cautelarmente de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 14 de mayo.

La asociación que preside Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, hizo esta petición ante la falta de respuesta por parte de las autoridades francesas que mantiene "paralizado" el procedimiento.

Este es el primer trámite que practica el magistrado Pablo Ruz, asumiendo así una de las causas que Garzón dejó inconclusa en su juzgado, y reiterará dicha petición a través de los jueces de enlace entre Francia y España.

El pasado 16 de febrero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pidió a la Policía que le facilitara los datos de la cabina desde la que telefoneó el dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosua, así como que informara sobre si estaba intervenida, y si existía una relación de llamadas entre el propietario del local y Cau Aldanur, miembro del aparato de extorsión de ETA.

Además, Garzón, que también reclamó las transcripciones de las llamadas desde el teléfono móvil de Elosua, cursó comisión rogatoria a Francia una vez recibido el informe de la Policía para que las autoridades galas le informaran sobre si existía algún análisis de las llamadas realizadas los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006.

Por último, el magistrado preguntó a Francia si el motivo de suspender su intervención en la operación policial contra la red de extorsión de ETA desarrollada el 4 de mayo de 2006 "tuvo por motivo una filtración".

Garzón practicó estas diligencias después de que se lo ordenara la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que accedió a la petición de Dignidad y Justicia al considerar que es necesario "agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios".