Retirada la propuesta de reformar el estatuto castellanomanchego

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el lunes la retirada de la propuesta de reforma del Estatuto de esa comunidad tras la petición del grupo socialista y después de no alcanzar un acuerdo con el Partido Popular en el Congreso, con el tema del agua como principal escollo.

La retirada del texto fue aprobada por los 26 parlamentarios del PSOE, mientras que 20 diputados del Partido Popular votaron en contra.

PP y PSOE rompieron la semana pasada las negociaciones sobre el estatuto en la Comisión Constitucional del Congreso, después de que los populares rechazaran la propuesta socialista de crear una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos en Castilla-La Mancha.

El PSOE ya había advertido de que solicitaría la retirada del texto ante las cortes castellanomanchegas antes de elevarlo al pleno del Congreso si el PP no daba su apoyo en este punto y a un documento que ya había sido debatido y aprobado en las cortes manchegas por unanimidad.

"Esta campaña que continuará ha servido para despertar la conciencia de los ciudadanos sobre la importancia de defender el agua", dijo el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, durante el debate parlamentario previo a la votación en las cortes en Toledo.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y Barreda, competirán por la presidencia de Castilla-La Mancha en mayo de 2011, lo que se percibe como una prueba para los socialistas antes de las elecciones generales del año siguiente, ya que esta comunidad es considerada como uno de los feudos del PSOE.

"Vamos a votar que en Castilla-La Mancha tengamos agua en cantidad y calidad, y a la respuesta 'o 4.000 hectómetros cúbicos o la nada', usted prefiere la nada", increpó Cospedal a Barreda durante el pleno.

Barreda acusó a Cospedal de ceder a los deseos de su partido, que gobierna en las comunidades de Murcia y Valencia, que resultarían las más afectadas por la creación de una reserva hídrica en Castilla-La Mancha.

Tras la votación, el vicesecretario de Comunicación del PP , Esteban González Pons, arremetió contra el presidente castellanomanchego, al que calificó como un "presidente fracasado" por haber retirado el estatuto después de votarse en el Congreso.

"Al fracaso de haber retirado el estatuto de autonomía tiene que añadir la responsabilidad política de haber renunciado a que continuara su negociación", dijo González Pons en unas declaraciones a periodistas en Madrid.

AGRAVIOS Y APOYOS

En sendas columnas de opinión publicadas el lunes en el diario El País, Barreda defendió la necesidad de reforma del estatuto para acabar con un agravio histórico en lo referente a la planificación hidrológica nacional, mientras que Cospedal acusó al presidente manchego de traición a los votantes.

"Hemos negociado durante dos años hasta el último minuto, hemos flexibilizado nuestra postura, desde exigir la caducidad del trasvase (Tajo-Segura) hasta establecer una reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos (...) Pero nos hemos encontrado con que el compromiso, la palabra y el voto de la señora Cospedal ha sido papel mojado", sostuvo Barreda en su columna.

El presidente manchego sostiene que el apoyo del PP para aprobar el Estatuto era imprescindible, ya que al tratarse de una ley orgánica, necesita de una mayoría absoluta de la que no dispone el PSOE por sí solo.

"Barreda ha renunciado a garantizar 4.000 hectómetros cúbicos de agua para Castilla-La Mancha y a que el resto del agua se siga llevando a donde se necesite", dijo por su parte Cospedal en su artículo.

"El PSOE tiene mayoría suficiente para aprobar el proyecto de Estatuto en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué entonces José María Barreda echa la culpa a los demás?", agregó.

De Cospedal ha asegurado que su grupo ha defendido paralelamente el derecho de los castellanomanchegos a disponer del agua que pasa por su región y la creación de un plan hidrológico nacional.

La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha fue aprobada en enero de 2007, y no podrá tramitarse otro texto al menos en un año.