Los responsables de la carga policial en la Universitat de Girona, a juicio

El juzgado de Instrucción numero 2 de Girona juzgará el próximo jueves a tres mandos de los Mossos d'Esquadra acusados de haber ordenado la carga policial contra los estudiantes que protestaban por los recortes durante la celebración del XX aniversario de la Universitat de Girona (UdG).

La carga se produjo en el claustro de la Facultat de Lletres el 16 de diciembre del año pasado y acabó con una docena de estudiantes heridos. Los tres mandos de los Mossos, un intendente, un subinspector y un sargento, serán juzgados por una falta de lesiones.

El abogado de los estudiantes, Benet Salellas, ha destacado la importancia del hecho de que estos tres mandos lleguen a juicio porque supone, en su opinión, un paso importante contra la impunidad policial y tiene un carácter pionero al imputar a unos mandos. "En el caso de Girona se ha podido dar un paso más, que es sentar en el banquillo de los acusados a los tres mandos", ha dicho Salellas, que lo atribuye a que el juez instructor, que es el mismo que está instruyendo la causa contra los estudiantes, "ha percibido que en estos hechos puede haber una cierta responsabilidad por parte del departamento de Interior".

A su juicio, se trata de "un hecho importante porque supone por el uso de fuerza contra ciudadanos, totalmente injustificado por parte de los miembros de la policía autonómica y porque supone de alguna forma poner sobre la mesa la posible responsabilidad de los responsables de la UdG". Por estos hechos hay 11 estudiantes y un empleado de la Universitat encausados, 4 de ellos se han añadido a esta lista en las últimas semanas después de encerrarse en la facultad como medida de protesta y el próximo lunes deberán pasar a declarar ante el mismo juez que juzgará a los mossos.

Los tres mandos de los Mossos serán juzgados por una falta de lesiones 

Salellas ha criticado duramente que para poder identificar al menos a una de estas cuatro personas se hayan utilizado los informes del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) que les atendieron y datos de matrícula, facilitadas por la UdG.

Por este motivo ya han anunciado que harán llegar una denuncia a la Agencia Catalana de Protección de Datos.

Según el abogado, en este caso, "se ha infringido la normativa sobre protección, porque se ha entendido que para investigar y encontrar a manifestantes de aquel día, nos podemos saltar cualquier tipo de legalidad y la UdG accedió a participar en esta ilegalidad".