El Raval lucha contra el apartheid sanitario

Ningún ser humano es ilegal. Pero Janeth Beltrán Martínez murió en el hospital de Toledo después de pasar cuatro horas esperando sin que la atendieran. No tenía tarjeta sanitaria. Tampoco la tenía el joven senegalés de 28 años que murió en mayo en Mallorca después de que el hospital de Inca le denegara la atención sanitaria. En España, desde abril de 2012, el Real Decreto 16/2012 excluye de esta asistencia a los extranjeros en situación irregular. El Espacio del Inmigrante del Raval, en Barcelona, lucha desde hace año y medio contra esta ley que considera racista.

Manuela (nombre ficticio), Davide y Mustafá, son gente "normal y corriente", como ellos mismo se definen, vinculada al barrio del Raval. Empezaron a darse cuenta de que muchos de sus vecinos del barrio dejaban de acudir a las urgencias de los hospitales por miedo a que les denunciaran o les cobraran por una atención médica que no podían pagar. Cansados de ver cómo, en muchas ocasiones, se cobraba a los inmigrantes por acudir a urgencias y en vez de reclamar sus facturas, dejaban de acudir a los hospitales, se pusieron en marcha.

El Espacio del Inmigrante defiende el derecho a la sanidad pública de este colectivo desde varios frentes. De la atención médica básica -Manuela es médica- hasta la reclamación de facturas ilegales por acudir a urgencias, o la atención psicológica. Alertan de que han aparecido hasta focos de tuberculosis en el Raval: "Si excluyes a una parte de la sociedad del sistema, creas riesgos más caros que la inclusión", denuncian.

"No somos una ONG que realiza servicios, ayudamos a gente a que conozca sus derechos para que ellos mismos los ejerzan"No tienen estructura legal ni reciben subvenciones. "No nos interesa, somos un colectivo que decide tomar sus derechos en vez de pedirlos", aclara Manuela. Insisten en que lo que hacen es "acompañar" a los inmigrantes en su reivindicación colectivizándola y buscan empoderar a quien en ese momento es más débil: "No somos una ONG que realiza servicios, ayudamos a gente a que conozca sus derechos para que ellos mismos los ejerzan", explica Davide. La solidaridad es el nexo de unión porque "aunque no me pasa a mí, les pasa a mis vecinos". Al principio les acompañan en cada trámite, pero al tutelarles se empoderan y son capaces de hacerlo ellos mismos. "Después ves cómo se lo explican a sus familiares y amigos y nuestro trabajo se expande", comenta Davide.

¿Qué problemas se encuentra un inmigrante frente a la sanidad pública? Desde omisión de información, hasta desinformación y mentiras, aseguran los activistas. El Decreto Ley que excluye a los irregulares tiene excepciones, como la cobertura a menores y mujeres antes, durante y después del embarazo, entre otros casos. Pero eso no ha impedido que se encontraran casos sangrantes como el cobro de 200 euros por radiografías a un bebé de cinco meses, o a una mujer por un aborto por razones médicas. "Lo que hace el sistema es intolerable", juzgan.

En España hay más de 800.000 inmigrantes que se han quedado fuera del sistema sanitario, según la plataforma 'Yo Sí Sanidad Universal'. En el Espacio del Inmigrante no quieren dar datos, porque creen que aunque atendieran a 500 personas, "para el sistema serían pocas". De momento ya han conseguido que se anulen unas cuantas facturas que no debían cobrarse y aseguran que "con conseguir que uno ejerza sus derechos ya es suficiente".

El color de la piel sigue siendo un factor fundamental. Las personas que atienden vienen de países asiáticos, como Pakistán o Bangladesh, de africanos como Senegal o Gambia y de todas partes de América Latina. Sólo han atendido un caso de un estadounidense, porque "a los blancos no se les ponen tantos problemas".

El problema principal está en la terminología. El decreto es difícil de entender incluso para alguien que tiene el español como lengua materna. "Hemos tenido que estudiar a qué se referían con sostenibilidad, que es una palabra engañosa, pero también asegurado o residente", cuenta Manuela. Mustafá es el experto en temas legales y sostiene que la mayoría de los problemas que enfrentan son de ámbito burocrático.

Sin embargo, la tarea más importante no es económica ni sanitaria, sino psicológica. Dar apoyo moral a los que acaban de llegar y se encuentran con la cruda realidad es la parte más difícil: "Muchos subsaharianos creen que cuando lleguen aquí todo irá de maravilla, porque creen que el Estado les protegerá como protege a sus cooperantes en África", relata Mustafá. Pero no es así, el Estado del bienestar no es para todos. Hace poco recibieron a tres inmigrantes que llegaban de Melilla. "Tenían la mirada perdida, sólo repetían que querían trabajar, pero estaban destrozados", recuerda Manuela.

A la dificultad de la ley se añade la especificidad catalana. La víspera de que el Real Decreto entrara en vigor, la Generalitat publicó una instrucción en la que aseguraba que ningún extranjero sin papeles sería excluido del sistema si era residente. Y establecía dos niveles: uno de asistencia básica -médico de cabecera y urgencias- y otro como el del resto de nacionales, con acceso a especialistas. El grado depende de cuánto tiempo ha estado la persona empadronada, pero la tarjeta sanitaria hay que renovarla cada seis meses y demostrar que se ha residido al menos tres. Para Manuela se trata de trucos que esconden un mero lavado de imagen porque "nadie informa a los inmigrantes o lo hace mal". A la hora de la verdad, "los excluidos son los mismos", y como muestra, señala los numerosos casos de inmigrantes que han pagado por una asistencia gratuita en cualquier caso o han perdido la tarjeta sanitaria en los vericuetos burocráticos. Además, en Catalunya se suma el problema de que mucha de la información está solo en catalán, idioma que muchos inmigrantes no manejan.

El punto al que llega la desinformación es tal, que en el Espacio del Inmigrante han recibido varios casos de extranjeros que llegan allí por consejo de trabajadores sociales y otros funcionarios. "No puede ser que no tengan ni idea de cómo funciona la ley", exclama Davide, "si no lo entiende un funcionario, ¿qué hará alguien que ni siquiera habla castellano?". El colectivo se indigna porque profesionales públicos deriven a usuarios a un movimiento social para que éste haga su trabajo.

Aunque muchos inmigrantes siguen quedándose definitivamente excluidos del sistema, eso no significa el fin de la reivindicación. El siguiente paso es acudir al médico de cabecera y solicitarle que se acoja a la ley de objeción de conciencia. "Es otra vía, más politizada", señala Mustafá, que alega que muchos médicos se sienten alejados de la realidad porque no saben cuántos pacientes se quedan fuera de la red. "Quien te manda a casa es un administrativo o un celador, no alguien con formación sanitaria", se queja y afirma que cuentan con una red de médicos objetores.

Lejos de doblegarse, el Espacio del Inmigrante amplía su lucha. Ahora imparten un taller de castellano, tienen un cenador gratuito los viernes y han puesto en marcha Migrarte, un proyecto artístico participativo. Quieren ir poco a poco: "Cuando nos abrimos vino mucha gente a proponer muchas cosas y la mayoría no ha vuelto", se queja Mustafá. Manuela, en tono irónico exclama "¡cuando ya tienen la foto con el negrito, se van!".

Su trabajo se ha encontrado también con la cara más agradable en las injusticias. Un inmigrante con epilepsia, que sólo sabía llegar al hospital desde su casa cuando tenía un ataque, buscó la dirección donde se reúne el colectivo y se acercó para darles las gracias por haberle acompañado. "Estos casos te dan fuerza", sonríe Manuela que, a pesar de todo, está dispuesta a llegar hasta el final: "Acabar con la ley racista se puede hacer y lo vamos a hacer".