Luis Bárcenas y Jesús Merino han abandonado sus cargos pero no han renunciado a sus escaños parlamentarios, ni a sus carnés de militantes del PP. Nada apunta a que lo vayan a hacer y mucho menos a que Mariano Rajoy se lo vaya a exigir.

Aunque respiran aliviados, son varios los dirigentes del PP a los que les gustaría que se hubiese ido un paso más allá. Algunos recuerdan como en mayo se suspendió cautelarmente de militancia a Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco por su imputación en el caso Gürtel y consideran que sería adecuado 'marcar también las distancias' con el tesorero y el diputado conservador.

Hace unos días se le preguntó a Esperanza Aguirre si pensaba que a ambos se les tenía que echar del partido cuando fueran imputados formalmente. La presidenta de la Comunidad, recordando a los suyos que, a pesar de todo, siguen manteniendo sus actas en la Asamblea regional, dijo que desconocía si Bárcenas y Merino lo habían pedido de forma voluntaria.

¿Pero es que acaso ahora la salida de un imputado depende de él? ¿Qué dicen los Estatutos del PP?. En el reglamento del partido conservador, desde luego, no existe una cláusula que hable de la suspensión voluntaria. 'Es el último invento', se queja un diputado descontento por la marcha de los acontecimientos.

Las reglas del PP son polémicas. Primero no se incluye la imputación entre las causas para perder la condición de afiliado. Y, segundo, en ellas se señala que sólo se procederá a la suspensión automática por 'condena firme en un procedimiento penal', para lo que pueden pasar varios años.

Sin embargo, Rajoy podría mover ficha si así lo deseara. Dentro de la normativa interna se establece que 'por razones de urgencia' el líder del PP y el secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías tienen potestad para suspender de forma provisional a un imputado.

Además, en el PP hay quien le reclama que ponga en práctica el artículo 16.7 que recomienda que cuando se tenga conocimiento de 'la existencia de hechos o conductas de afiliados en el ejercicio de cargo público que pudieran ser éticamente reprobables o que comprometieran el honor o la imagen del PP' se proceda a 'designar un instructor' para que haga un informe.

Son muchos los dirigentes del PP convencidos de que Rajoy no va utilizar ninguna de estas dos herramientas y le reprochan que salga por 'la vía de en medio'. Consideran que el líder del PP se ha ido de vacaciones pensando que ya está el tema resuelto y temen que la situación no cambie nada a la vuelta. Al contrario, algunos piensan que se puede agravar y que la imagen de Bárcenas y Merino, compatibilizando los juzgados con el Parlamento, les perjudique enormemente.

Por eso mismo, un miembro del Comité Ejecutivo Nacional cree que deberían haber dicho adiós a sus actas, renunciando a ser aforados. Para Merino no era ningún problema. De hecho en su día le confesó a sus amigos que él estaba dispuesto a dejarlo todo. Era preferible porque, de ese modo, su causa podría pasar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y él tendría posibilidades de recurrir a otra instancia. Finalmente no lo ha hecho. Algunos opinan que con ese gesto habría puesto en evidencia a Bárcenas.

Con los dos sentados en el Parlamento, Rajoy seguirá siendo objeto de críticas. Y frente a los que opinan que habría que 'desentenderse definitivamente de ellos', están los que saben que eso no va a ocurrir por la sencilla razón de que el jefe de la oposición ha empeñado su palabra en ellos. Rajoy ha proclamado su inocencia durante todo este tiempo.

'A Merino le sustituirán en septiembre. Pero echar a Bárcenas sería absurdo e incoherente con la reserva de su puesto de trabajo. En ese sentido, Rajoy se ha atado de pies y manos', explica un diputado. También piensa que Rajoy está arriesgando mucho y que si la historia se complica, como todo apunta, se la podría jugar de cara a las generales. 'Si no sale bien, la principal víctima es él', incide.

Algunos se quejan de cómo se ha resuelto toda esta situación. 'Este tema se ha llevado entre cuatro personas de la cúpula. Rajoy se ha encerrado en una torre del castillo y nos dicen a los demás que salgamos a pelear a ciegas', lamenta un miembro del Comité Ejecutivo Nacional augurando una grave fractura interna.

Además, se sigue denunciando que existe una doble vara de medir y muchos reclaman un 'criterio único'. Tarde. Como con cada caso han aplicado un sistema distinto, ahora la dirección del PP está en un callejón sin salida. La prueba es que hace unos días el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, aprovechando la presentación de la denuncia por filtraciones, insistía en que la doctrina de su partido era que cuando alguien fuera imputado se le debía expulsar. Pero esta teoría se aplicaría a todos salvo al presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps y a su mano derecha, Ricardo Costa.

Los conservadores buscan excusas. Así Trillo reconocía que habían sido llamados a declarar como imputados pero sostenía que se trataba de 'un enredo legal' y se apoyaba en que no existía 'un auto de imputación formal de ninguno de los dos'. Hay quien concluye que el PP, que tanto criticó la corrupción del PSOE, no sabe reaccionar cuando les afecta.