‪Querella en Argentina contra Martín Villa, el suegro de Gallardón, torturadores y jueces del franquismo‬

La causa por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 continúa adelante en la Justicia argentina. Tras recoger más de trescientas querellas, la Red ciudadana contra los crímenes del franquismo (Red Aqua) ha decidido pasar a una segunda fase: pedir la imputación por crímenes de lesa humanidad de más de 300 responsables de la represión franquista.  

La documentación previa a la querella, a la que ha tenido acceso Público, contempla la petición de imputación de los exministros Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria y José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich. Asimismo, también solicita la imputación del "torturador" de la Brigada Político Social (la policía política del franquismo) Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño.

Por último, la querella también contempla la imputación del exministro de Trabajo Fernando Suárez y del guardia civil golpista Jesús Muñecas Aguilar, conocido por su célebre frase en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981: “No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la Autoridad Militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros”.

La Justicia argentina contempla la pena de hasta 30 años de prisión por el delito de crímenes de lesa humanidad

“Ya va siendo hora de que la Justicia condene de una puñetera vez a la dictadura, el franquismo y sus colaboradores, que después se vistieron de demócratas”, señala a Público José María Galante 'Chato', miembro de la asociación de expresos y presas del franquismo La Comuna.

La causa contra el franquismo en Argentina fue abierta el 14 de abril de 2010 tras la negativa de la Justicia española a investigar los crímenes de la dictadura española. La denuncia apeló a que la Constitución argentina reconoce el principio de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos de lesa humanidad. A la querella inicial se han sumado ya otras trescientas que están siendo tramitadas ante el Juzgado Federal Nº 1 de Buenos Aires. La Justicia argentina contempla la pena de 25 a 30 años de prisión por este delito

La voluntad de los querellantes es que la causa abierta por la magistrada argentina María Servini termine con “la impunidad del franquismo”, “restablezca la verdad" y abra la vía a "la reparación de todo el dolor producido”. Reclaman la recuperación a cargo del Estado de los restos abandonados en fosas comunes y su devolución a los familiares, la anulación de todos los procesos judiciales de los tribunales especiales de la dictadura; la condena del expolio económico que sufrieron los republicanos por parte de los vencedores en la Guerra Civil; y, por último, la aplicación de la legislación de crímenes de lesa humanidad contra los supervivientes de la dictadura que tengan las manos manchadas de sangre.

El exministro, exsenador y exasambleario de la Asamblea de Madrid Rodolfo Martín Villa fue conocido durante su periodo como ministro de Gobernación  (76-79) como “la porra de la Transición” por la dureza empleada en la represión de las manifestaciones obreras y estudiantiles. Asimismo, se le acusa de ser parte responsable de la intensa actividad parapolicial que se desarrolló a lo largo de estos años con una nutrida implicación de organizaciones fascistas.

De manera más específica, la querella pedirá su imputación como ministro de Relaciones Sindicales y corresponsable de la muerte de cinco trabajadores en Vitoria durante la jornada de huelga del 3 de marzo de 1976 cuando la Policía asaltó la iglesia de Vitoria de San Francisco de Asís, lugar habitual de las reuniones de las Comisiones Representativas de las empresas en lucha, y disparó a bocajarro contra los más de 5.000 obreros que habían acudido a la asamblea.

Martín Villa es señalado como responsable del asesinato de cinco obreros en Vitoria El resultado: cinco trabajadores muertos (Pedro María Martínez Ocio de 27 años; Francisco Aznar Clemente de 17 años; Romualdo Barroso Chaparro de 19 años; José Castillo García de 32 años; Bienvenido Pereda Moral de 30 años) y alrededor de 150 heridos.

Martín Villa comenzó su carrera política en el régimen en 1962 como Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario (SEU) alcanzando el puesto de Gobernador Civil en 1974 y ministro de Relaciones Sindicales en 1975. Ya en democracia, fue diputado en las Cortes por la provincia de León (UCD) y de la provincia de Madrid por el Partido Popular años después. Asimismo, también presidió la Comisión de Justicia e Interior del Congreso entre 1996 y 1997. En enero de 2003, fue nombrado comisionado del Gobierno para el desastre producido por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia.

Su pasado franquista tampoco le impidió dar el salto al mundo empresarial. Desde diciembre de 2003 fue consejero de Sogecable y presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de la misma compañía desde marzo de 2004 hasta octubre de 2010. Asimismo, también fue presidente de Endesa, cuando era parcialmente pública, presidente de Endesa Italia o presidente de la Comisión de Control de Caja de Ahorros de Madrid (1993-1997) entre otros muchos cargos de relevancia.

La complicidad de Utrera Molina, de 86 años, con el régimen franquista ni siquiera ha sido disimulada en democracia. Actualmente, forma parte del Fundación Francisco Franco. Su carrera en el régimen franquista comenzó en el Frente de Juventudes (la organización juvenil del partido fascista) y finalizó en 1975 como Ministro Secretario General del Movimiento y vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento poco antes de la muerte del dictador. Además, fue presidente del Banco Rural desde marzo de 1975 hasta su dimisión el 3 de abril de 1978.

Utrera Molina firmó la ejecución de la sentencia de muerte de Puig Antich

La Red Aqua pide su imputación en la querella contra el franquismo por firmar el decreto o 'enterado' para la ejecución de la sentencia a muerte, por garrote vil, de Salvador Puig Antich, condenado a muerte por un tribunal militar tras ser acusado por el asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán, cuando se procedía a su detención.

En 2010, Utrera Molina escribió un artículo de opinión en el diario ABC en el que calificaba la Ley de Memoria Histórica y la retirada del monumento al teniente general Millán Astray como una “vandálica invasión del Gobierno socialista”. “Vivimos un tiempo en el que corremos el riesgo de avergonzarnos de pertenecer a una Nación gloriosa y antigua como ha sido España”, escribe.

Dentro de todos los casos de torturas denunciados a lo largo de la larga noche de la dictadura franquista, el caso de González Pacheco, Billy el niño, miembro de la Brigada Político Social, es el más impactante.  De hecho, tiene un amplio dossier de diligencias judiciales por presuntas torturas en los últimos años del franquismo. Su nombre llega a aparecer hasta en 17 querellas, presentadas en Argentina, unido de manera indisoluble al delito de tortura.

En 1974 llegó a ser condenado, junto a otros tres policías, por el Juzgado Municipal número 19 de Madrid, a pagar 1.000 pesetas por una falta de malos tratos y otra de coacciones al estudiante Francisco Lobatón. Un año antes, en 1973, ya había sido condenado por otra falta de lesiones interpuesta por Enrique Aguilar Benítez de Lugo.

González Pacheco fue absuelto de todos los procesos judiciales en los que estaba envuelto por la Ley de AmnistíaEl resto de procesos pendientes se sobreseyeron tras no presentarse reiteradamente a los juicios en los que estaba encausado y beneficiarse, posteriormente, de la ley de Amnistía de 1977 que se extendió a “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos Incluidos en esta ley”. Así, también prestó declaración ante la Audiencia Nacional por su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha y por los grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español, autores de varios asesinatos durante la Transición.

Pero la Ley de Amnistía no fue suficiente para limpiar su honor. El 1 de julio de 1977 el Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje “como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación”. Al acto asistieron cien policías, entre ellos Manuel Ballesteros que será Jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Ese mismo año pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, que más tarde daría lugar a la Brigada Antiterrorista donde actúa como segundo de Roberto Conesa, que también fue su superior en la BPS.

En 1985 González Pacheco aparece como jefe de seguridad de la empresa automovilística Talbot en Madrid, donde también trabaja en diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la demanda de la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis.

Jesús Muñecas es, actualmente, propietario de un centro de equitación en Valdemoro. Recibe la pensión máxima de jubilación por sus servicios prestados al Estado a lo largo de su dilatada trayectoria como guardia civil. Su nombre no pasó a la historia, como el de Tejero, pero sí su intervención en el 23-F. Él fue el primero en dirigirse a los diputados para comunicarles la "próxima" llegada de la "autoridad, militar, por supuesto". Durante el secuestro de los diputados en el hemiciclo, él mismo se ocupó de dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las puertas del Parlamento.

Jesús Muñecas disfruta de la pensión máxima a pesar de haber protagonizado un golpe de Estado  Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por delitos de torturas en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. No fue condenado por ninguna de ellas. Sí lo fue tras el 23-F por “delito consumado de rebelión militar” por el que es condenado a tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena y obtener setenta y cuatro días de reducción por trabajos realizados.

Fernando Suárez inicia su carrera política, como tantos otros políticos del régimen, en las filas del SEU donde fue jefe de la sección de Oviedo entre 1954 y 1956. Tras pasar por varios puestos de designación política de segundo nivel como director del Instituto de la Juventud o director general del Instituto Español de Emigración, da el salto al Gobierno en 1975 para ocupar la cartera de Trabajo.