Las quejas a la Defensora del Pueblo por Sanidad aumentan un 60%

La institución del Defensor del Pueblo ha recibido en los nueve primeros meses del año un total de 21.459 quejas, mientras que en el mismo periodo de 2013 registró un total de 19.411, especialmente en materia de Sanidad, Registro Civil y parejas de hecho, así como sobre la Hacienda pública y los tributos; lo que supone un aumento del 10,5% para este periodo. Así lo ha confirmado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para informar sobre la actividad de la institución hasta el pasado 30 de septiembre.

En concreto, ha detallado que las materias con mayor objeto de queja son Sanidad, que ha aumentado un 59,5% con respecto al mismo periodo de 2012; Registro Civil y parejas de hecho, que ha crecido un 54,6%; así como Hacienda y tributos, que se ha incrementado en un 26%. En cambio, han descendido las quejas en materia de Extranjería e Inmigración, aquellas sobre la organización de corporaciones locales en un 35%, así como las quejas por política social en un 16,46%.

En cuanto a Sanidad, Becerril ha hecho referencia a las recomendaciones realizadas a distintas comunidades autónomas, especialmente a Castilla y León y Baleares, ante la demora en las listas de espera, que en algunos casos son especialmente "altas".

A su vez, ha avanzado que en su próxima comparecencia en el Congreso en noviembre presentará informes sobre la trata de seres humanos, otro sobre vivienda y situación hipotecaria, y otro sobre los préstamos y ayudas y la reutilización de los libros de texto. Por otro lado, Becerril se ha referido a las 50 visitas que ha realizado en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de las que 18 han sido visitadas por ella personalmente.

Por otro lado, Becerril también se ha referido a la recomendación aceptada por la Policía para identificar a los menores extranjeros indocumentados que llegan a España de forma irregular, para documentarles y verificar quiénes son.

Al mismo tiempo, la defensora del Pueblo ha celebrado que la Secretaría de Estado de Hacienda haya aceptado que se pueda reducir la jornada laboral de aquellos funcionarios públicos con hijos con cáncer u otra enfermedad grave y a las recomendaciones realizadas para garantizar la viabilidad de los servicios asistenciales básicos que ofrecen ayuntamientos y comunidades autónomas y facilitar el pago de las deudas contraídas con proveedores y prestatarios de estos servicios.

La Defensora pide que se apruebe un estatuto sobre los derechos y deberes de las familias de acogida

En relación con asuntos de política social hace recomendaciones sobre el acogimiento familiar frente a la residencia, cuando el menor tiene alguna dificultad especial o discapacidad y, para ello, pide un estatuto de derechos y deberes de las familias acogedoras y que se organice un programa de garantía y funcionamiento de estos aspectos, con medidas de apoyo económico a las familias que acogen.Por último, ha hablado de personas con discapacidad e insta a que estas personas, que no alcanzan el 33%, porcentaje base para actuaciones y recepción de ayudas, también puedan acogerse a medidas de fomento del empleo, una recomendación que ha sido aceptada.

Dentro de su actividad, el Defensor del Pueblo tiene potestad para presentar un recurso de inconstitucionalidad en nombre de una institución, colectivo o persona que así se lo solicite, siempre que lo vea conveniente. En este sentido, Becerril ha resaltado que los recursos de inconstitucionalidad han descendido en estos nueve primeros meses de 2013 puesto que el año anterior "aumentaron de manera considerable" por la supresión de la paga extra de los funcionarios, donde muchos solicitaron su presentación de forma individualizada. Ahora hay 6.457 solicitudes de recursos, frente a las cerca de 16.000 en 2012, según ha indicado.

En cuanto a las instituciones que no colaboran con la Defensoría, Becerril ha subrayado que su número ha descendido, desde las 54 registradas hace casi un año, a las siete en la actualidad. "Si estas administraciones persisten en su actitud se dará traslado a la Fiscalía", ha sentenciado. Según ha enumerado, se trata del ayuntamiento de Arucas (Las Palmas); el ayuntamiento de Coslada (Madrid); el ayuntamiento de Teguise (Las Palmas); la diputación provincial de Albacete; la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; la consejería de cultura, deportes, políticas sociales y vivienda en Canarias; así como la Comunidad de Regantes 'Virgen de las Nieves' (Alicante).

La Defensoría del Pueblo también ha dirigido más recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales que en 2012 y, en total, registra 480 resoluciones, frente a las 405 del mismo periodo de 2012. Con ello, ha recordado las recomendaciones efectuadas sobre la nueva ley de Tasas Judiciales, ya que a su juicio eran "excesivos sus costes", así como la necesidad de adelantar la puesta en marcha de la Ley de Justicia Gratuita, que finalmente sí se adelantó.

Recientemente se ha solicitado también al Ministerio de Medio Ambiente aspectos complementarios de protección del litoral en el reglamento que desarrolla la Ley de Costas que, a su juicio, faltaban a pesar de que la norma era "enormemente abierta". En cuanto a la reconstrucción de Lorca (Murcia) tras el terremoto, la Defensoría ha pedido a Fomento que ponga a disposición suelo urbanizable para poder construir viviendas y, en el caso en el que lo ponga la administración local, que sea el Ministerio de Fomento el que financie las viviendas.

Otra de las recomendaciones aprobadas hoy se refiere a la privacidad de las sesiones en los Ayuntamientos. "Le hemos dicho a la FEMP que los plenos municipales tienen que ser grabados, salvo si hay momentos que dañen al honor de la persona", ha indicado sobre esta recomendación, que ha sido aceptada.

El presupuesto de la Defensoría para 2014 se ha reducido un 0,5%

En su comparecencia, ha recordado también que el Presupuesto de la Defensoría para 2014 se reduce por debajo de los 14 millones, en concreto se sitúa en los 13,9 millones de euros, un 0,5% menos que en 2013 porque se han recortado algunos gastos, aunque sin merma de su actividad.

Asimismo, ha indicado que se va a dedicar más atención a servicios generales básicos que ahora están prestados por entidades privadas en materia de transporte, energía y telecomunicaciones. Además, la Defensora del Pueblo ha adelantado que se va a poner en marcha un procedimiento para que cualquier persona pueda acceder a Internet y saber en qué punto procedimental se encuentra su queja.