Un pueblo de 32 vecinos planta cara a la Iglesia

Después de que el Arzobispado de Pamplona registrase como propios la casa parroquial, un huerto, el atrio, la iglesia y la casa del cura del pequeño pueblo de Garísoain (Navarra), de 32 habitantes, los vecinos se apresuraron a inscribir en 2008 al concejo como propietario de la pequeña ermita del Pilar, temerosos de que la Iglesia también le echase el guante.

"Son propiedades que se han construido, mantenido y financiado con el dinero de los vecinos, no de la Iglesia", sostiene el que fuera secretario municipal entre 1991 y 2007, Álvaro Calderón, que se enteró hace tres años por casualidad de las apropiaciones que había realizado el Arzobispado. Junto al alcalde, Xabier Iltzarbe, y el actual secretario, Santiago López, Calderón abandera la reclamación de estos bienes.

"Son propiedades financiadas con el dinero de los vecinos", afirman

El Arzobispado, dentro del plazo de dos años que hay para presentar alegaciones, llevó el caso a los tribunales el 24 de febrero de 2010. El pasado lunes, la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estella desestimó el recurso de la Iglesia y reconoció al concejo como propietario legítimo de la ermita. Nunca antes se había emitido una sentencia similar en contra del clero.

"Soy cristiano, pero no lo entiendo. Hemos ofrecido a la Iglesia que impartiese su doctrina en la ermita de por vida... que firmamos lo que sea necesario. Pero ellos sólo quieren la propiedad", denuncia Calderón. "Si Cristo levantara la cabeza, la bajaría al ver lo que han hecho", afirma.

117 municipios navarros reclaman 1.086 bienes a la curia española

Los vecinos ganaron el juicio gracias al amplio archivo documental que guardan. En uno de los documentos presentados por el abogado Jerónimo Álvarez, fechado el 15 de noviembre de 1826, se reconocía a un vecino, Juan Martín Navarcorena, "para el gobierno de dicha ermita y distribución de la limosna que se recaudare", además de la "custodia" de las llaves. Entre los firmantes no aparecía ningún miembro del clero. Ni el párroco, ni el abad.

Otro informe de 1939 detalla que, tras el destrozo que sufrió la ermita durante la Guerra Civil quedó en ruinas, el pueblo de Garísoain la reconstruyó sin financiación de la Iglesia, "en auzolan" [en euskera, un sistema de financiación comunal, no de donaciones]. El texto, puntilloso, detalla incluso el carro de bueyes y el número de vigas que se utilizaron. Del clero, ni rastro.

El ecónomo diocesano del arzobispado navarro, Javier Aizpún, aseguró el pasado viernes a este diario, tras conocer la sentencia, que impondrán un recurso de apelación ante la Audiencia de Navarra en los próximos días. "Ya hemos tenido cuatro juicios parecidos con otros municipios y los hemos ganado", celebró. A su juicio, la ermita corresponde al clero porque la financiaron "fieles del pueblo de Dios". "Antes, todos eran católicos. No como ahora, que también hay musulmanes y gente de otras religiones", agregó.

Ante el anuncio, Calderón se mostró expectante: "Entiendo que recurrirán. Es un riesgo que corremos. Pero, si pierden, la sentencia sentará jurisprudencia y podrá ayudar a muchos pueblos más".

El resto de propiedades de Garísoain envueltas en la polémica eran dependencias municipales que, antaño, el pueblo tuvo que habilitar si quería que un cura fuese a impartir su doctrina, recuerdan los vecinos. "Estas serán más complicadas de recuperar porque la Iglesia ya las ha registrado", lamenta Calderón. Estas inscripciones fueros posibles gracias a la Ley Hipotecaria de Franco de 1946, que el PP adaptó en 1998 para que la Iglesia pudiese registrar propiedades sin tener que acudir a un poder público, como ocurre en el resto de casos. Así, si un obispo da fe de que un bien pertenece al clero, el Gobierno no le exige la ratificación de un juez. Con este poder, la Iglesia ha llegado a registrar catedrales mantenidas con dinero de los vecinos, como la de Pamplona en 2006, por 30 euros.

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, el colectivo de 117 municipios que agrupa a la mayoría de afectados, reivindica la titularidad de 1.086 bienes.

Reconociendo que se financiaron con fondos particulares, el Arzobispado de Pamplona interpreta que fueron una "obra y expresión admirable de las comunidades cristianas de los pueblos, que libre y voluntariamente, y con encomiable esfuerzo, quisieron crear y mantener esas instituciones y servicios. La historia les debe, sin duda, una merecida gratitud".