El PSOE se olvida de la emigración española

Pilar Burgos tenía seis años cuando salió de Gijón de la mano de su madre, en 1962, para reunirse en Bruselas con sus dos hermanos mayores y su padre, que había emigrado a la ciudad belga meses antes en busca de trabajo. Allí, en el barrio de La Midi, coincidieron con cientos de españoles que, como ellos, huían de la miseria económica que apretaba en España y reunían poco a poco a sus familias en busca de una nueva vida. "Se iba un hermano, llamaba a la hermana y luego se iba también el marido, y así podían llegar a juntarse tres o cuatro hermanos. Era continuo", recuerda Pilar. Y añade: "Mi abuela, que venía a pasar periodos de varios meses, hubiera podido quedarse con nosotros. Porque nadie la obligaba a tener un permiso de trabajo".

Historias como esta, de emigración, trabajo, envío de remesas y, en algunos casos, regresos, permitieron el desarrollo económico de España que arrancó en la década posterior y que han llevado al país a situarse entre los más prósperos del mundo. No ha pasado ni medio siglo, pero España ya parece haberlo olvidado todo. Al menos eso hace pensar la reforma de la Ley de Extranjería que el grupo socialista en el Congreso, con el apoyo de CiU y Coalición Canaria, tiene previsto aprobar hoy.

Pese a las dudas y críticas dentro de las propias filas socialistas y las más de 500 enmiendas presentadas por el resto de formaciones políticas, hoy saldrá de las Cortes una norma más restrictiva con los derechos de los inmigrantes.

Uno de los puntos más polémicos de la endurecida norma, que supone la cuarta modificación del texto en nueve años, es la limitación de la reagrupación familiar.

Los inmigrantes tendrán que acumular cinco años de residencia legal en España (ahora basta con uno más permiso para residir otro) antes de poder traer a su familia. La reunión se limitará a los cónyuges (en este punto se admitirá también a quienes puedan demostrar que existe una relación afectiva), los hijos (siempre y cuando sean menores de 18 años) y los padres (con la condición de que tengan más de 65 años de edad).

Otros de los aspectos que han generado más rechazo durante toda la tramitación de la ley han sido la ampliación del periodo máximo de retención de inmigrantes sin papeles en los centros de internamiento de extranjeros de 40 a 60 días; la apertura de un procedimiento de expulsión a las extranjeras sin documentación que denuncien malos tratos (hasta que se demuestre que realmente son víctimas de violencia de género); así como la posibilidad de multar con hasta 10.000 euros a quienes favorezcan la estancia ilegal de un extranjero en España (cuando haya entrado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el tiempo permitido por su visado o autorización de residencia).

El inmigrante que no tenga permiso de residencia no podrá empadronarse, por lo que será más restringido el acceso a algunos derechos básicos, como la asistencia sanitaria o la adquisición de vivienda.