El PSOE logra el apoyo de CiU para salvar el caso Taguas

El PSOE adquirió ayer sus primeras deudas de la legislatura. CiU se convirtió en el clavo ardiendo al que se agarró el grupo mayoritario para tumbar una propuesta de ICV, la primera que podía dejarles en minoría en esta legislatura. En ella se lamentaba el dictamen favorable al fichaje de David Taguas, ex director de la Oficina Económica del Gobierno, por parte de la patronal de la construcción Seopan, según el informe elaborado por la Oficina de Conflictos de Intereses. Todos los grupos, menos CiU, apoyaron la moción de Joan Herrera. Aun así, no fue suficiente. Salió rechazada con 171 votos en contra. Un diputado socialista, Juan Antonio Barrio, votó a favor, al parecer, por error.

El fondo de la cuestión, la eficacia de la actual Ley de Incompatibilidades, centró el debate. Herrera, consciente de que el PSOE tumbaría su propuesta, avisó: Están convirtiendo en una victoria en la Cámara lo que es una derrota moral. El líder de ICV acusó a los socialistas de mirar hacia otro lado y convertir lo injustificable en bochornoso.

Las intervenciones se convirtieron pronto en un chorreo de críticas hacia el Gobierno. Desde el grupo vasco, Emilio Olabarria ironizó con la declaración del dictamen, que considera a la patronal de la construcción Seopan una asociación sin ánimo de lucro. Algo así como una ONG, explicó el político nacionalista.

Según Olabarría, es cierto que el ex asesor de Moncloa no ha firmado por ninguna de las empresas con las que mantenía contacto, pero lo ha hecho por el lobby que representa a 33 de ellas.

Aún más contundente fue Rafael Merino, el diputado conservador encargado de fijar la postura de su grupo. Culpó al anterior ministro de Administraciones Públicas y responsable de la ley, Jordi Sevilla, de utilizar un doble rasero. Luego insinuó: Quien hace la ley, hace la trampa. Trufó además sus críticas de cifras: tras el fichaje por Seopan, donde cobrará 300.000 euros anuales, Taguas se lleva de Moncloa una indemnización de 60.000.

Al otro lado se encontraron PSOE y CiU. Ambos se aferraron a la legalidad. La socialista Elisenda Malaret defendió una ley que no ha tenido el suficiente desarrollo. Y el nacionalista Jordi Jane explicó que su grupo se opinía a criminalizar a quienes ocupan cargo públicos. El catalán defendió que transparencia no significa presunción de culpabilidad.