Las protestas enmiendan la Ley de Dependencia

Una persona con esquizofrenia puede vestirse y comer sola. Otra cosa es que, sin nadie que le supervise, sea capaz de salir con bufanda a la calle en pleno agosto o de comer hasta reventar. Esta realidad no se ve reflejada en el baremo de la dependencia, el cuestionario que determina hasta qué punto una persona necesita ayuda en su día a día. Por eso, las asociaciones de personas con enfermedad mental sentían que la Ley de Dependencia les ninguneaba.

Han hecho falta muchas protestas y varios estudios sobre la Ley ratificando la exigencia de estos enfermos para que el Ministerio de Sanidad y Política Social decida cambiar el baremo, tal y como anunció a mediados de octubre. Entonces, la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) sintió que su lucha había valido la pena.

Los problemas de ajuste de la Ley de Dependencia y su lenta aplicación no sólo han movilizado a asociaciones que ya existían antes de que entrara en vigor la norma, comoFeafes. Familiares de dependientes con perfiles y necesidades diversas han unido sus voces para reivindicar el "derecho subjetivo" que les otorga la ley. Sus quejas empiezan a dar resultados: "Pasos diminutos", dicen los afectados, hartos de que la Ley avance a ralentí.

No todas las comunidades aplican la norma con la celeridad deseable: Madrid yel País Valenciano están a la cola. En ello coinciden los sindicatos y el Observatorio para el Desarrollo de la Ley de Dependencia, un grupo de profesionales muy crítico con las autonomías que no administran la normativa como deberían y que ha logrado que sus críticas se tengan en cuenta en los principales foros de debate sobre la Ley. Precisamente, es en Madrid y Valencia donde los dependientes más se han movilizado.

Desde que entró en vigor la Ley de Dependencia, en enero de 2007, han proliferado decenas de asociaciones de dependientes. Su causa también la defienden agrupaciones de enfermos, de jubilados o de profesionales que ya existían. No hay un censo que especifique cuántas agrupaciones de dependientes hay, pero sólo en el País Valenciano se han formado 15 plataformas cada una integrada por decenas de asociaciones que trabajan de forma conjunta.

Movilización ciudadana

"Nuestro mayor logro es que se nos escuche", explica Palmira Castellano, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Valencia, que integra 70 asociaciones. Tras decenas de manifestaciones y concentraciones a las puertas de la sede de la Generalitat, las plataformas valencianas han conseguido que el Gobierno autonómico reconvierta a pública la sociedad anónima (Avapsa), que se creó en 2007 para gestionar los expedientes de quienes piden las ayudas. Antes, el Ejecutivo valenciano contradecía la Ley, que dice que la valoración del grado de dependencia "se efectuará directamente por las Administraciones Públicas, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas".

Las plataformas valencianas son las que más han salido a la calle. Su visibilidad, molesta para el Gobierno, les llevó a reunirse con la consellera de Bienestar Social, Angélica Such. Este Departamento prevé aprobar en enero un decreto que acorte la espera. No obstante, los dependientes siguen en pie de guerra. "El proceso continuará siendo lento, porque para presentar la solicitud se tendrá que entregar toda la documentación de golpe, hasta el informe social que preparan los servicios de los ayuntamientos, ya de por sí saturados", explica Castellano.

Las plataformas también reclaman que, superado el periodo que marca la ley, cuando la Administración no informe al ciudadano de la resolución de su solicitud (a esto se le conoce como silencio administrativo), se dé por hecho que la resolución es favorable al solicitante y, por tanto, este tenga derecho a una ayuda. A este procedimiento se le conoce como silencio positivo y está regulado por una ley estatal.

Contra las irregularidades

La Ley de Dependencia no determina el sentido del silencio administrativo, pero Madrid ha establecido en la orden que regula la aplicación de Dependencia en la región que si no hay respuesta, la solicitud está denegada. Además, el Gobierno de Esperanza Aguirre estableció tiempos de espera superiores al medio año quedicta la ley estatal.

Estas irregularidades llevaron a cuatro asociaciones de Alcorcón (Madrid) a formar una plataforma, en diciembre del año pasado. Desde entonces, ha recurrido centenares de expedientes. "La mayoría, porque las ayudas llegan tan tarde que el dependiente ya ha muerto", explica su abogado, José Ausín. El mayor logro de la agrupación ha sido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admita a trámite una demanda contra la aplicación de la Ley de Dependencia en la región.

Como sus colegas valencianos, en la Plataforma de Alcorcón valoran que los dependientes crean en el poder de su voz. "Combatimos el retraso y la desidia", explica Ausín.

También en Catalunya los retrasos han propiciado la creación de una asociación. Papás de Àlex se gestó hace tres años y medio, antes de que entrara en vigor la norma, cuando un grupo de padres de niños con enfermedades raras decidió defender jurídicamente los derechos de sus hijos dependientes. "Ya hemos arreglado 106 casos", destaca su portavoz, Antonio Moreno.

La larga espera para conseguir una subvención

¿De qué se quejan los dependientes? Las ayudas tardan demasiado en llegar. Desde que el dependiente presenta la solicitud hasta que se beneficia pasan meses, en algunos casos más de un año. Del millón de personas que pidieron la ayuda, 110.000 aún están por evaluar, y de las 672.748 que cumplen los requisitos para recibir una prestación, 256.180 continúan esperándola.

¿Qué pasa si el dependiente muere antes de la ayuda?

La Ley establece que las ayudas son retroactivas, desde que se presenta la solicitud. Pero los dependientes están desprotegidos si la Administración ni siquiera determinó su grado de dependencia ni llegó a establecer el tipo de ayuda que les daba.

¿Qué es el silencio administrativo?

La ley establece que no pueden pasar más de seis meses para resolver un expediente. Lo que no determina es el sentido del silencio administrativo, es decir, si cuando no contesta en el plazo fijado se debe considerar la respuesta como positiva o negativa.