Los promotores rechazan una rebaja drástica en los pisos

El temor a las consecuencias que tendrá la reforma financiera en las inmobiliarias que luchan por sobrevivir era patente ayer en la rueda de prensa que dio el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (Apce), la patronal. José Manuel Galindo rechazó reiteradamente que las provisiones (colchón de reserva) que tendrán que hacer las entidades para limpiar parte de los créditos de los promotores tengan que "traducirse en un ajuste automático" e "inmediato" de los precios de los pisos. Y pidió, indirectamente, al Gobierno que se pueda modular esa rebaja para que no sea drástica porque les perjudicará.

Si bien, Galindo no se atrevió a afirmar que la vivienda no vaya a bajar de precio una vez que los bancos, que ya son las primeras inmobiliarias del país, empiecen a sacar al mercado su gran cartera de pisos, procedentes de los créditos que les han dejado de pagar los promotores. De hecho, varios expertos dicen que ocurrirá así y tendrá un efecto contagio para el resto de las viviendas que se pongan a la venta, tanto las de promotoras, como las de particulares.

La patronal del ladrillo propondrá al Gobierno trabajar conjuntamente para que los pisos y suelos que tienen bancos y cajas alcancen "cuanto antes un valor razonable", pero rechaza decir cuál podría ser. El miedo de la Apce es que se reduzca el precio de la vivienda otro 10% más, hasta 1.500 euros por metro cuadrado, frente a los 1.700 actuales, lo que supondría volver al nivel de 2004. Esos diez puntos porcentuales es lo que le queda por provisionar a la banca, ya que ya ha cubierto el 25% del valor de las viviendas terminadas en su poder, dijo Galindo.

La realidad es que, en un momento en el que las compraventas se han hundido casi un 30% de media, las inmobiliarias tienen complicado vender y, además, tienen la soga al cuello con las refinanciaciones que se ven obligadas a negociar con la banca para no caer.

Sobre las ayuda directas o indirectas prestadas al sector financiero, Galindo fue claro: las inmobiliarias quieren su parte. No en dinero directo, pero sí piden un coeficiente sobre esas ayudas que se traduzca en créditos para las promotoras que hagan "viviendas económicamente sostenibles", es decir, más baratas. Es lo que le propondrán al Gobierno, entre otras medidas, como eliminar la provisión que tiene que hacer la banca del 7% de los créditos inmobiliarios no tóxicos.

Además, en sus propuestas, la APCE también expondrá al Ejecutivo que aplique incentivos fiscales para la compra de segunda vivienda, como ya han planteado algunos expertos. Y, por otro lado, quiere que se apruebe dar facilidades fiscales también a los extranjeros no residentes, aunque matiza que las medidas serían "temporales".