Las productoras afines al PP esperan repartirse el pastel de las autonómicas fichando aznaristas

La reformada de la ley audiovisual impulsada por vía de urgencia por el Gobierno de Mariano Rajoy y que permite desde agosto privatizar los entes públicos de radiotelevisión, total o parcialmente, ya está dando los primeros resultados: despidos masivos de trabajadores y troceo del servicio público entre productoras afines al Partido Popular. En Telemadrid se prevén 925 despidos de una plantilla de 1.170, esto es el 80% de los trabajadores. RTVV, por su parte, anunció a a finales de agosto 1.198 bajas, el 73% de su personal. Con las cadenas vacías de trabajadores propios, el futuro pasa por la externalización de servicios y en ese mercado hay dos productores afines al Partido Popular situadas en un lugar preferente: Secuoya y Vértice 360º.  

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, no dudó la semana pasada durante su comparecencia en la conferencia anual de UTECA en alabar la reforma de la ley audiovisual que el Gobierno emprendió el pasado mes de abril y que culminó en agosto. A su juicio, esta reforma del Ejecutivo permitió “solventar dos problemas con una misma medida”: reducir el déficit de las autonomías y mejorar la eficiencia de las cadenas autonómicas al abrirse a la gestión privada.

Más allá de sus palabras, de momento, el único efecto real de la reforma se ha traducido en despidos: 2.123 trabajadores han sido despedidos de los entes públicos de radiotelevisión del País Valencià y de la Comunidad de Madrid azotados por una reforma laboral que facilita el despido barato. A los expedientes de regulación ya anunciados, se prevén que en los próximos meses se puedan sumar otros. Los trabajadores de la Televisión de Catalunya ya han denunciado repetidamente sus sospechas de que la Corporación catalana está preparando un Expediente de regulación de empleo.

A pesar de las cifras de despedidos, Enrique Laucirica, secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), asegura que el servicio público de las televisiones autonómicas “saldrá ganando” y se muestra “absolutamente convencido” de que “la mayoría” del empleo destruido en este proceso de cambio de modelo “se recuperará”.

“Una televisión no es más que la programación que ofrece y la generación de contenidos requiere de la intervención de profesionales. Esa mano de obra que se necesitará tendrá que salir de algún sitio y en muchos casos serán los mismos porque son los que lo saben hacer”, ha defendido Laucirica a Público.

Más evidentemente que el fortalecimiento del servicio público tras la reforma del sistema de explotación de las autonómicas, resulta el beneficio de las productoras privadas que optan a hacerse con los concursos de externalización que preparan las cadenas públicas.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció recientemente que si no conseguía realizar el ERE privatizaría Telemadrid, mientras que si lo conseguía apostaría por la externalización de servicios. Entre los paquetes más rentables para las productoras estaría la adquisición de los contenidos informativos, el entretenimiento, convenios de asistencia técnica o la gestión publicitaria.

En esta carrera, hay dos productoras que parten como favoritas respecto al resto: Vértice 360º y Secuoya, empresas que han sellado ya alianzas con otras compañías del sector y han incorporado a sus consejos de administración socios de renombre, como Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de Estado de Comunicación con Aznar, en el caso de Secuoya o la reciente incorporación de Josep Piqué, exministro de Industria y Asuntos Exteriores con el Gobierno de José María Aznar, que ha sido nombrado presidente del consejo de administración de Vértice 360 Servicios Audiovisuales, filial del grupo Vértice 360º.

No obstante, las dos productoras llevan un año afilando sus uñas para esta batalla por los restos de las televisiones autonómicas. En esta carrera, las dos productoras han apostado por una doble vía: influencia política y el músculo financiero.

Así, Secuoya, que ya está presente en la televisión de Murcia, de Illes Balears y de la Comunidad de Madrid (todas ellas con gobiernos del Partido Popular) cumplió en 2011 con la primera parte de la estrategia incorporando a Miguel Ángel Rodríguez a su consejo asesor. El músculo financiero, segunda parte, lo consiguió en septiembre del presente año cuando vendió al grupo N+1 el 55% de su capital. Una operación por la que la productora recibirá un mínimo de 20 millones de euros en 18 meses por parte de la firma de capital riesgo para concurrir a los concursos de los gobiernos regionales.

La relación con el Partido Popular de la otra gran productora aspirante tampoco pasa desapercibida. Como ya se ha mencionado anteriormente Josep Piqué, exministro de Industria y Asuntos Exteriores con el Gobierno de José María Aznar, ha sido nombrado presidente del consejo de administración de Vértice 360 Servicios Audiovisuales, filial del grupo Vértice 360º. Sin embargo, esta no es la única relación.

En el Consejo de Administración de Vértice 360º figura José Herrero de Egaña y López del Hierro, primo de Ignacio López del Hierro, el marido de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. José Herrero de Egaña posee un 1,52% de la compañía, según figura en el portal de la empresa.

Trabajada la red de influencias políticas, Vértice 360º también ha conseguido ganar músculo financiero con una operación de parecido calibre a la protagonizada por Secuoya. Apenas unas semanas después del anuncio de su principal competidor, Vértice anunció un acuerdo con la firma de capital riesgo H.I.G. Capital. A raíz del cual la productora vendía el 49% de las acciones a cambio de una inversión de 20 millones de euros en los servicios audiovisuales de la sociedad y otros cuatro millones adicionales para la matriz.

Una vez consumados los procesos de Expedientes de regulación de empleo emprendidos por los gobiernos de Madrid y Valencia en sus entes públicos de radiotelevisión será el momento de sacar a concurso los servicios de sus deficitarias televisiones. La lucha por hacerse con sus restos ya ha comenzado.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha denunciado mediante un comunicado el “desmantelamiento de los medios públicos” que los gobiernos autonómicos están ejecutando “con el objetivo de privatizarlos” en algunos casos y en otros “con la intención de cerrarlos”.