El Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) dio ayer un giro de máxima relevancia en la que hasta ahora había sido su postura sobre la presunta financiación ilegal del PP en combinación con la trama Gürtel. Tras haber exonerado en agosto a Francisco Camps y su hombre de confianza, Ricardo Costa, sin tener en cuenta el informe policial que ya entonces desvelaba sólidos indicios de que tal financiación existió, ahora el tribunal ha emprendido el camino inverso. Es decir, el camino para que se investigue la querella del PSOE por corrupción contra la cúpula regional del PP. De despreciar ese informe bajo el argumento de que nadie lo había pedido, el tribunal que preside Juan Luis de la Rúa, el juez a quien Camps definió como más que amigo, ha pasado a admitir implícitamente que los hechos en él relatados pueden poseer relevancia penal.

Lo anterior queda más que sugerido en la nota difundida ayer por el tribunal. En ella se da cuenta de que, aunque todavía no ha decidido si es competente para 'conocer la querella' y 'sin prejuzgar esa decisión', la Sala de lo Civil y lo Penal, presidida por De la Rúa, acordó ayer pedir información al Tribunal Superior de Madrid sobre si está realizando o no alguna investigación sobre los hechos denunciados. Y esos hechos son precisamente los mismos que desvela el informe policial descartado en agosto por el tribunal. La Sala pide ese dato para evitar 'interferencias', o sea, duplicidades. Quiere, dice la nota, 'establecer' que esos hechos 'no están siendo objeto de investigaciones judiciales diferentes'. La sola mención a la posibilidad de que dos tribunales coincidan en una misma investigación abona la tesis de que, esta vez, el tribunal valenciano sí da validez al dossier policial. No obstante, el perfil de De la Rúa y de la mayoría de la Sala obliga a guardar cautela.

En teoría, sólo el TSJCV tiene potestad para investigar a aforados de la Comunidad, salvo que el Supremo asuma todo el caso Gürtel. Y en la querella aparecen cinco aforados: Camps; su ex secretario general, Ricardo Costa, el vicepresidente Vicente Rambla; el vicesecretario de organización del PP, David Serra; y la tesorera, Yolanda García.

Esos cinco nombres hacen que cobren sentido las otras solicitudes de información cursadas por el tribunal a los siguientes destinatarios: el registro de partidos, el PP valenciano, la Junta Electoral Central y las Cortes valencianas. En el registro obran los estatutos del PP, que determinan quiénes tienen poder decisorio. La Junta Electoral y las Cortes son los competentes para comunicar la lista de aforados. La Cámara valenciana, además, es la que puede certificar quiénes pertenecen al Gobierno valenciano.