La presidenta del Constitucional denuncia una campaña de acoso

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, denunció el lunes una campaña de desprestigió contra el alto tribunal por las críticas recibidas tras el último intento fallido de lograr una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña tras casi cuatro años de deliberaciones.

"Debido a la desproporcionada e intolerable campaña de desprestigio emprendida desde ciertos sectores políticos y mediáticos solo me cabe hacer un llamamiento, una vez más, al respeto de la institución y de las personas que allí desempeñamos el ejercicio de la jurisdicción constitucional", dijo María Emilia Casas en el Club Siglo XXI en Madrid.

Casas defendió las críticas "razonadas y razonables" hacia las resoluciones del tribunal.

"Lo que no puede ser aceptado, en modo alguno, es la crítica interesa e irracional", dijo, añadiendo que el Constitucional ha defendido en sus 30 años de vida la Constitución y que sus interpretaciones han permitido a los españoles profundizar en sus convicciones democráticas.

El 16 de abril el Constitucional rechazó la última ponencia sobre el Estatuto de Cataluña tras no llegar a un acuerdo en los aspectos más polémicos del texto, entre ellos el reconocimiento de Cataluña como nación, el deber de conocer el catalán, el derecho de autodeterminación y un papel destacado en las relaciones con la Unión Europea.

El rechazo de la quinta ponencia por seis votos frente a cuatro desató una oleada de reacciones contrarias entre la mayoría de los partidos catalanes, que pidieron la renovación de los magistrados del tribunal,

A finales de julio de 2006, poco después del referéndum que aprobó el Estatut, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad, que afecta a 114 artículos y 12 disposiciones y tiene más de 400 folios. El PP alegó que su objetivo es defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos.

Posteriormente, se admitieron a trámite otros seis recursos de inconstitucionalidad contra la norma catalana: del Defensor del Pueblo y de las Comunidades de Murcia, Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón.