El Prat, acusado de racista por dos músicos argentinos

Una pareja argentina del ballet oficial de Córdoba (Argentina) fue a la boda de un familiar en Barcelona, pero se les aguó la fiesta. A Walter Ricardo Vergara y María Silvia Álvarez se les prohibió entrar en España y fueron retenidos en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) durante un día y medio. Maltratados y discriminados por "sudacas", según su abogado, Alejandro Severín.

"Nos negaron la entrada al país y nos llevaron a otro lugar, donde nos hicieron esperar. Luego nos trasladaron en un coche policial a otra parte del aeropuerto, nos encerraron y allí nos tuvieron casi un día y medio, como delincuentes. No sabíamos qué estaba pasando. Después nos hicieron volver (a Argentina)", relató Vergara a radio Mitre, la primera emisora argentina.

La pareja presentó el martes una demanda "por discriminación, tratos inhumanos y degradantes" ante los tribunales federales de Córdoba, que seguramente recalará en la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia para pedir la extradición de los oficiales implicados.

Los hechos tuvieron lugar el 17 de noviembre, cuando los artistas -él, músico de la Orquesta del Teatro San Martín de Córdoba; ella, bailarina- viajaron a España. "Iban a la boda de un hermano, donde iban a actuar", dijo el letrado. En cambio, aseguró, fueron retenidos, se les insultó llamándoles "sudacas" y se les informó de que existía una decisión de impedir que "ciertas etnias que responden a ciertas características fisonómicas ingresaran en Europa".

Otro de los argumentos para impedir su entrada en España, según denuncian, fue que "no tenían profesión, medios de vida, ni lugar para alojarse en España, así como tampoco dinero para volver a Argentina", pese a que en la denuncia consta que "tenían medios económicos suficientes, tarjetas de crédito, lugar para su estancia en España y sus respectivos billetes de regreso, establecido a solo 18 días de la llegada", dijo.

Los artistas piden que los responsables sean juzgados "por violación de la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y Convención contra la tortura y de Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de las Naciones Unidas". Reclaman una indemnización de 333.000 euros.