Ni con un informe jurídico en contra. Ni con una decisión de la Mesa del Senado explícita y rotunda. El PP evidenció ayer martes que no va a ceder bajo ningún concepto su pieza mayor, Enrique López, en el juego de ajedrez en que se ha convertido la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Defenderá hasta el final al candidato más cuestionado y polémico, el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y contaminado, a juicio del PSOE, por sus manifestaciones contrarias a las grandes leyes sociales de la pasada legislatura y al Estatut de Catalunya.

Sin embargo, al PP se le consumieron los argumentos jurídicos con celeridad. A las diez de la mañana, la Junta de Portavoces examinó un informe preparado por los letrados de la Cámara Alta, avanzado ayer por Público. En él, subrayaban que las 23 candidaturas a magistrado del TC presentadas por las comunidades autónomas en septiembre de 2008 "gozan de presunción de validez y pueden considerarse firmes". No hay que consultar a los parlamentos regionales, por tanto, si ratifican a sus aspirantes, como había exigido el PP.

Todos los portavoces del Senado, salvo el conservador, Pío García-Escudero, solicitaron a la Mesa de la Cámara que calificara a los 23 nominados. Y la Mesa lo hizo en su reunión de las 12 horas. Declaró no idóneos a López y a Juan Carlos Campo Moreno, propuesto por el PSOE y secretario de Estado de Justicia desde febrero de 2009. Ninguno había cumplido en 2008 –cuando arrancó el proceso de relevo del TC– los 15 años de ejercicio profesional que exigen la Constitución y la ley. No se computa el tiempo en el que ambos estuvieron en servicios especiales. Y López y Campo ocuparon el cargo de vocal del CGPJ entre 2001 y 2008.

Solicitud a las CCAA

Los conservadores recurrirán la decisión del órgano rector de la Cámara

La Mesa reclamó a la Cámara andaluza –que eligió a Campo– y a los parlamentos de Madrid, Extremadura, Castilla y León, Cantabria y La Rioja –los que apostaron por López– que designen nuevos candidatos antes del martes 29 de junio. A partir de entonces, el presidente del Senado, el socialista Javier Rojo, podrá convocar la Comisión de Nombramientos, órgano que dirige.

El PP pataleó enseguida. De hecho, la Mesa selló ayer sus decisiones no por unanimidad, como es habitual, sino con los dos votos del PSOE (Rojo y Carmen Alborch), uno del PSC (Isidre Molas) y otro de CiU (Jordi Casas). Los tres miembros conservadores se opusieron (Juan José Lucas, Matías Conde y Ramón Rabanera). Su portavoz fue Lucas, quien denunció las "prisas" de los demás representantes, confirmaron fuentes del órgano próximas al PP. Lucas se mostró "muy inflexible", resumieron en el entorno del presidente.

A las 14 horas, el PP anunció que recurrirá la decisión de la Mesa. El martes elevará su protesta en el propio órgano aunque, según fuentes del grupo, "no descarta otras vías de impugnación", como llegar al TC, detallan fuentes del grupo. García-Escudero denunció que el PSOE "aplica el rodillo en el Senado", informa Efe.

Trillo no aceptará "vetos"

El portavoz del PP había adelantado horas antes, a la salida de la Junta de Portavoces, que "por supuesto" que daría la batalla por López. Lo mismo recalcó el partido una vez descartado el candidato. La propuesta es "inamovible". "Seguirá por encima de todo. Se va a mantener", sostuvieron fuentes del PP, informa María Jesús Güemes.

El PSOE pierde a Juan Carlos Campo, hoy secretario de Estado de Justicia

Otro adjetivo empleó Federico Trillo-Figueroa para retratar la situación: "Inaceptable". Para el coordinador de Justicia del PP, "queda claro y palmario" que el PSOE no quiere renovar el TC al "vetar" a sus dos candidatos, López y Francisco José Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo y ex presidente del Poder Judicial.

Trillo defendió que los dos están "legítimamente" elegidos por nueve CCAA y que el ex portavoz del CGPJ porque "no sólo lleva 15 años de servicio, sino casi 22 años" en la judicatura. Lo que hay, concluyó, es "un veto político", que su partido "no ha aceptado ni aceptará". El dirigente del PP dejó caer que no habrá relevo en el TC: "Si no hay renovación, ya se sabe de quién es la responsabilidad y que se lo aclaren a [José] Montilla", el president de la Generalitat, quien más ha empujado al PSOE para cambiar ya a los cuatro magistrados del tribunal con su mandato vencido desde diciembre de 2007.

El mismo López fue interpelado ayer. "Tengo la plena convicción de que reúno los requisitos", señaló, parco, informa Ángeles Vázquez.

Satisfacción de los socialistas

El candidato tiene "plena convicción" de que reúne todos los requisitos

El PP no aclaró cómo va a sostener a López. Fuentes de la Presidencia del Senado arguyen que "no habría triquiñuela posible", pues el proceso está en marcha y si las cinco CCAA que designaron al ex portavoz no dan nuevos nombres, quedaría Hernando como único aspirante conservador. Y si insisten en López, será rechazado por la Mesa una vez más.

La portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Carmela Silva, no pudo disimular su contento. Su grupo ya no tendrá que tragar a López, como en un principio se especuló que ocurriría. Recordó que el informe de los letrados del Senado es "claro, contundente e incontestable jurídicamente", sin que "dé lugar a ningún tipo de interpretación", y que la Mesa ha tomado una decisión "objetiva", al excluir por la misma razón a dos aspirantes. "Sorprende que [los conservadores] voten en contra de un texto que no les da la razón. Les pasa siempre con sentencias que no les gustan –remarcó–. El PSOE hará lo que prometió: llegaremos hasta el final, al pleno, para renovar el TC". Pero si el PP se niega, y eso es lo que se divisa, no habrá un nuevo tribunal.

De juez de primera instancia a vocal del Poder Judicial gracias al PP

La Secretaría General del Senado adjuntó en su informe de 2008 el currículum de Enrique López, que arranca en 1989, cuando se hizo juez. Desde ese año a 1998, pasó por los juzgados de primera instancia y de instrucción de Arzúa, Betanzos (ambas en A Coruña), Valladolid y León.

Entre 1994 y 1998 fue designado miembro de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Entre 1998 y 2001 ascendió a letrado del CGPJ. En ese último año se le destinó a León, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10. Y también en noviembre de 2001 el PP le aupó a portavoz-vocal del CGPJ. En septiembre de 2008 salió del órgano y ocupó su plaza actual, la de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

 

Un intrincado proceso que aún no ha concluido

¿Por qué no valen los servicios especiales?

El 13 de octubre de 2008, los letrados del Senado ya emitieron un informe de 28 folios. Recordaron que el artículo 159. 2 de la Constitución dice que los 12 miembros del TC han de ser "juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional”. “O en activo en la respectiva función”, precisó aún más el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). El documento dio tres razones para no contar los servicios especiales o la excedencia: la tramitación parlamentaria de la ley (1979), la doctrina académica y la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1994, por la que tumbó el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado por el Gobierno socialista de Felipe González. Hernández no cumplía esos 15 años.

¿Qué pasa ahora?

La Mesa se agarró ayer a “la interpretación estricta” del requisito de los 15 años, que aconsejaron los letrados. Javier Rojo comunicará "en las próximas horas" al TC que la renovación está en marcha, apuntaron ayer fuentes de la Presidencia de la Cámara a este diario. El momento coincide con el anuncio de convocatoria de pleno del tribunal el 10 de junio. Las seis CCAA afectadas deben acreditar que sus nuevos candidatos contaban en 2008 (cuando empezó el proceso) con tres lustros de ejercicio. En la primera semana de julio se convocaría la Comisión de Nombramientos y a finales de mes, el pleno ratificaría a los elegidos por tres quintos.

¿El PSOE tiene apoyos?

Jordi Vilajoana (CiU) y Jordi Guillot (Entesa) respaldaron ayer al PSOE y pidieron al TC que no dicte sentencia sobre el Estatut. La socialista Carmela Silva dijo que si impulsa ahora el relevo, y no se hizo en 2008, es por la “debilidad” actual que sufre el alto tribunal. Hace dos años y medio, no había mimbres para el acuerdo, como tampoco ahora. La portavoz del PSOE agregó que su grupo proseguirá con la renovación "ocurra lo que ocurra" en el pleno del TC el 10 de junio, al margen de si hay o no fallo.