Baltasar Garzón, con un pie en el banquillo. Mariano Fernández Bermejo, marcado por su dimisión como ministro de Justicia. El comisario Juan Antonio González, vilipendiado tras una acusación de soborno lanzada por el defensor de un procesado por soborno en el caso Malaya. Las fiscales, acusadas en falso de estar siendo investigadas por el Supremo. El sastre de Camps, acusado en falso de falsificar facturas. Y el portavoz socialista en Valencia, Ángel Luna, acusado sin pruebas de recibir sobornos precisamente de un presunto financiador del PP.

Ese, y no es exhaustivo, constituye el recuento de daños que en los 20 meses del caso Gürtel ha logrado el PP infligir a todos aquellos que, de un modo u otro, se han atrevido a investigar sus conexiones con la red corrupta que dirigía Francisco Correa. La arrolladora maquinaria conservadora ha aplicado a rajatabla un viejo proverbio: la mejor defensa es un buen ataque.

Acusó en falso al sastre de falsificar facturas y no se ha retractado

En el mando operativo se sitúa el ex ministro Federico Trillo, el mismo que, por ejemplo, se vio con el ex jefe de José Tomás justo antes de que este denunciase al sastre por falsedad documental. La acusación ya ha sido desmontada por la Justicia sin consecuencias para quienes la expandieron.

El ejemplo del sastre ilustra cómo la crucifixión moral o legal alcanza no sólo a quienes investigan sino a quienes han colaborado con los investigadores. El PP, que llamaba a Tomás "el sastre falsario", no se ha retractado. Trillo tampoco se ha desdicho de un comunicado demoledor difundido en junio: en él, informaba falsamente de que el Supremo acusaba a las dos fiscales del caso, Myriam Segura y Concha Sabadell, de infringir la ley.

La caza comenzó de inmediato. El 8 de febrero de 2009, a los dos días de que Garzón ordenara las primeras detenciones, María Dolores de Cospedal se pronunció sobre el incipiente caso y sus palabras ya encerraban un aviso: la mayor operación contra la corrupción política que se recuerda en España, dijo la número dos del PP, era sólo una "campaña de acoso" orquestada por el Gobierno, la fiscalía y Garzón. El 11 de febrero, Mariano Rajoy comparecía arropado por su equipo para afianzar el mensaje de Cospedal, cargar contra Garzón y el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por coincidir en una cacería y divulgar un segundo aviso, premonitorio esta vez de la línea que seguiría su partido: el final del caso Gürtel, vino a decir, será como el del caso del lino, que "quedó en nada". " Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP", clamó ese mismo día por primera vez el líder conservador.

Trillo mintió al afirmar que el TS investigaba a las fiscales del caso

A la vista de los hechos, que quede "en nada" el sumario se dibuja hoy como un objetivo trazado desde el primer minuto. Pero hay una segunda meta: enseñar la lección de que quien cuestione el alcance de la trama o indague si sus tentáculos llegaban al corazón del partido, lo pasará mal. En uno de los párrafos de esa lección figura el nombre del portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna.

Con "informaciones" procedentes del ayuntamiento que dirige la alcaldesa alicantina, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal, la presión del PP y de sus medios afines ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) actúe con diligencia inédita: tras una querella del PP, el TSJCV investiga si Luna permitió que el empresario Enrique Ortiz, presunto financiador del PP e igualmente imputado en el caso Brugal, le pagase una factura de 690.000 pesetas (4.000 euros) hace 13 años, cuando Luna trabajaba en un bufete que daba servicios a Ortiz.

Y en el cumplimiento de ese objetivo sustancial, aguar el sumario hasta que se diluya en un mar de sospechas de actuación inquisitorial, se enmarcan hechos de gran magnitud como el exitoso empeño por derribar a Garzón. Y otros pasos menos conocidos como el torpedeo constante de la instrucción dirigida por su sucesor en la causa, el juez Antonio Pedreira, a quien el PP ha llegado a acusar de parcial. No obstante, los conservadores no han logrado por ahora impedir que en ese sumario y en su ramificación del caso de los trajes permanezcan imputados los miembros de un abigarrado ramillete institucional: un presidente autonómico (Camps), otros tres de sus altos cargos, el ex tesorero nacional del partido, el ex secretario de organización del PP en Galicia, cuatro alcaldes, un ex consejero madrileño, otros dos diputados de esa Comunidad y un ex diputado al Congreso.

El objetivo es extender sospechas de actuación inquisitorial

La dirección del PP ha alternado su discurso de amenaza a las instituciones con otro dirigido a subrayar que el partido es "el primer interesado" en que se conozca la verdad y pague "todo aquel que haya metido mano en la caja". Pero las hemerotecas constatan que el PP, aun suspendiendo de militancia a varios imputados, apenas les ha dirigido tibias reconvenciones: de hecho, uno de los alcaldes imputados por soborno, Jesús Sepúlveda, trabaja como asesor del partido en su sede central.

En todas las instituciones que albergaban a presuntos cargos corruptos del caso Gürtel, el PP ha bloqueado las iniciativas de la oposición para averiguar el alcance de la fechoría. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los socialistas no han logrado ni siquiera acceder a la declaración de bienes presentada al inicio de legislatura por Alberto López Viejo, gran contacto de la trama en el Gobierno de Esperanza Aguirre, cuya campaña de 2003 codirigió el imputado.

A sus imputados, y no a todos, el PP apenas ha dirigido tibios reproches

"No hay una trama del PP sino una trama contra el PP", ha repetido Mariano Rajoy una y otra vez. El tiempo ha demostrado que no se refería a que los imputados fueran expertos en infiltrarse en estructuras sanas para contaminarlas. No, con esa frase Rajoy quiere decir que la policía, la Fiscalía Anticorrupción y los jueces del caso han tejido una red para cazar al partido. O para abrir, ha sostenido también él mismo, una "causa general" contra el PP.

En esa teoría de la conspiración se inscriben las declaraciones veraniegas de Cospedal sobre "escuchas ilegales" a dirigentes del PP. Esas supuestas escuchas, atribuidas por el PP a sicarios policiales, categoría en la que encuadra al comisario González, jamás han sido denunciadas ante un juez. Pero el terreno ha quedado ya abonado por si, eventualmente, el caso implicase a nuevos dirigentes del PP. O por si se afianzan los indicios de soborno y financiación ilegal ya destapados en Madrid y Valencia.