El PP defiende que "España no es un Estado plurilingüe"

El PP ni ha cedido ni cederá en la ampliación del uso de las lenguas cooficiales en el Senado. Ayer martes lo volvió a demostrar en la Comisión de Reglamento de la Cámara Alta, la que sancionó el dictamen que aprobará definitivamente el hemiciclo la próxima semana, y que consagra la propuesta del PSOE –que se hable catalán, euskera y gallego sólo en el debate de las mociones y en el pleno–.

“Es evidente que España no es un Estado plurilingüe, sino un Estado con una lengua oficial y común, y con unos territorios concretos en los que se hablan otras lenguas, que son cooficiales”, afirmó con cierto tono despreciativo Juan Van-Halen, del PP. Su argumento es que España no es como Canadá, Irlanda o Suiza, países con varias idiomas oficiales. Tampoco vale, aseguró, el ejemplo de Bélgica, donde no hay una única lengua oficial en todo el país, sino dos comunidades lingüísticas separadas, los valones francófonos –al sur– y los flamencos neerlandófonos –al norte–. Lo mismo ocurre en el Parlamento Europeo.

El PP define aún la iniciativa como "ridícula" y la ve de "dudoso" encaje en la Carta Magna

El senador conservador insistió en el “ridículo” al que el PSOE condena al Senado al obligar al uso de auriculares, aprobando una iniciativa “dudosamente constitucional”. "El PSOE se ha cuidado mucho de que veamos al señor [José Luis Rodríguez] Zapatero ni a los ministros con pinganillo –inquirió–. Si no tuviese tanta importancia, ¿qué más les daría que el señor Zapatero saliese en la foto con pinganillo? Incluso el señor Zapatero ha llegado a darse cuenta de que esto es una ridiculez, y ya es decir". La asunción de la propuesta de 34 senadores nacionalistas se debe, adujo Van-Halen, a la “debilidad del Gobierno” y a la “presión” del PSC.

El senador del PP había sido precedido en el turno de palabra por otra compañera de su grupo, Rosa Vindel, mucho más templada en la defensa de la postura del partido. De hecho, prácticamente leyó la exposición de motivos que acompañó a sus enmiendas: "El Senado es una Cámara nacional que está formada por españoles que representan al pueblo español, que tienen el deber de conocer la lengua oficial común que es el castellano. Por tanto, el castelano deberá ser la lengua que se utilice en todas y cada una de las actividades del Senado, salvando, naturalmente, la reforma que se aprobó en su día con respecto a los debates en la Comisión General de las Comunidades Autónomas", donde sí se puede hablar en euskera, catalán o gallego.

Vindel luego encadenó tres adjetivos para definir la propuesta de cambio del Reglamento del Senado: "Es francamente incomprensible, en su oportunidad y contenido; perentoria en el calendario y altamente gravosa para la Cámara. Se quiere imponer el interés de unos pocos sobre el interés general, ya que no existe demanda alguna". El PP adujo en su día, el pasado 28 de abril, cuando se tomó en consideración la iniciativa presentada por 34 senadores nacionalistas, que costaría 1,2 millones a la Cámara. No justificó las cifras. El PSOE rebajó la demanda inicial y siempre ha defendido que la reforma no costará "ni un euro". 

ERC incide en que la reforma es un «acto de españolidad», porque no hay una sola lengua española

El PP se quedó solo. El resto de grupos, que votaron juntos, adoptaron una misma estrategia: atenerse a que la modificación en el Reglamento de la Cámara cabe perfectamente en la Constitución, sin mayores estridencias. Especialmente cuidadoso fue el miembro de ERC Carles Bonet –portavoz de la Entesa Catalana de Progrés–, que dibujó el "paso importante" dado ayer como un "acto de españolidad y de constitucionalidad". Bonet recordó que ya en 1978, UCD tomó una decisión "salomónica", identificar el Senado como una Cámara territorial "con vocación de futuro". Por tanto, el PP, más que "creer en la Constitución" de 1978, dijo el portavoz, "sencillamente la utiliza" porque nunca confió en una España autonómica más que como una "revisión cosmética de la entrañable España de coros y danzas". 

¿Por qué "españolidad"? Porque la propia Carta Magna protege "las lenguas de España", y no sólo el castellano. También se trata de aplicar algo de "sentido común", según Bonet. Puso un ejemplo: en 1993 el rey fue condecorado por la Universidad de Friburgo (Alemania) como doctor honoris causa por el reconocimiento a la "pluralidad lingüística y la convivencia cultural" en España. Ahora el PP, con su obstinado rechazo a tocar el Reglamento, "haría quedar mal hasta al rey".

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Tras Bonet intervinieron Alfredo Belda (Coalición Canaria), Iñaki Anasagasti (PNV) y Jordi Casas (CiU), que incidieron en la misma idea de que la Cámara discutía un asunto no jurídico, sino "político", o "de buena voluntad", como ilustró el senador vasco. Trasladar al Senado "la normalidad" con la que el asunto lingüístico se vive en la calle, en todo el Estado, haciendo "de la diversidad un activo", según subrayó el portavoz convergente. Ninguno entró de lleno en el coste económico. Sólo Casas, y de refilón, para expresar que ese debate, tan querido para los medios de la derecha, es "vulgar y de poco contenido político". Y es que la democracia, dijo, es más cara que la dictadura, pero nadie se plantea ya su necesidad. 

Por parte del PSOE, terciaron dos voces. En la Comisión de Reglamento, José Ignacio Pérez Sáenz. Y fuera, la portavoz del grupo, Carmela Silva. El objetivo de los socialistas es "favorecer el reconocimiento y la convivencia entre todos los españoles", y "aspirar a que nada ni nadie quede excluido dentro de España", apuntó Pérez Sáenz. Empleó un símil futbolístico: "Lo peor que pudiera ocurrir es que los partidos nacionalistas no quisieran que las otras lenguas españolas se utilizaran en el Senado, que quisieran jugar un partido fuera en vez de dentro". Los socialistas persiguen "construir" España de una forma que "ayude comprender a algunos ciudadanos que caben en España". 

Silva se dirigió a los medios una vez que Van-Halen había intervenido en la Comisión de Reglamento. Tachó sus palabras de "preconstitucionales" y denunció que ya sugiriera "subliminalmente" que el PP recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional la reforma, como hace con todas las leyes que pierde. Una posibilidad que Vindel se encargó de desmentir a los periodistas. Para Silva, la Cámara ha firmado "un gran avance" que permitirá a los ciudadanos darse cuenta de que las lenguas cooficiales "son un patrimonio de todos".