El PP defenderá hoy que los profesores sean considerados autoridad pública
El PP considera que su propuesta responde a las peticiones de los sindicatos más representativos
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El Grupo Parlamentario Popular defenderá hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados su proposición de ley para que los profesores y maestros sean considerados autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.
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La iniciativa ya la propuso en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, porque considera que en estos momentos la "autoridad del profesor está a la misma altura que la de los niños".
En su iniciativa, los populares subrayan que la Ley Orgánica 2/2006 de Educación resalta el papel de los profesores como motor de la actividad de los centros docentes; reconoce la función docente como factor esencial de la educación, y, en su artículo 104, establece que las administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato y la consideración acordes con la importancia social de la tarea.
En una nota de prensa, el PP señala que "este apoyo y reconocimiento han sido reclamados por los sindicatos más representativos del sector, ya que los profesores son la piedra angular" del sistema educativo español, y pone de manifiesto que, pese a ello, "España es el país de la OCDE donde más ha descendido la valoración social de la educación y de la profesión docente".
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En opinión del PP, "es una condición indispensable" disponer de un profesorado con autoridad en las aulas y reconocido socialmente para avanzar en un sistema educativo de calidad, y, teniendo en cuenta los casos de violencia escolar que sufren maestros y profesores los populares creen necesario el reconocimiento expreso de su condición de autoridad, que permitirá tipificar estas agresiones como violaciones de los artículos 550 y 551 del Código Penal.
Además, el PP indica que el Ministerio Público aconseja a los fiscales que califiquen de "atentado contra la autoridad y funcionario público" las agresiones en el ámbito educativo y no sólo el sanitario. Con esta recomendación, interpreta el PP, el fiscal general entiende que "estas personas prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos".