El PP se cree víctima de un plan del Gobierno para destruirle

La filtración de una grabación telefónica de la trama Gürtel en la que uno de sus cabecillas dice haber regalado bolsos de una marca de lujo a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dio ayer pie al PP a hacer público un comunicado sin precedentes.

En él, la formación presidida por Mariano Rajoy, denuncia que está siendo objeto de un conspiración dirigida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuyo objetivo es destruir al partido conservador.

"La actitud del Gobierno, y de otras instituciones del Estado como la Fiscalía General, de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial", reza el comunicado, difundido desde la dirección nacional del PP.

Aunque no es la primera vez que el partido de Mariano Rajoy ve en la investigación judicial de la trama corrupta una operación de desgaste político auspiciada por el Gobierno y sus resortes en la Administración de Justicia, sí es la primera ocasión en la que advierten que su objetivo es barrer del mapa político al partido conservador.

Así, el PP aprovecha el documento para "hacer un llamamiento a la opinión pública española e internacional sobre las tremendas consecuencias que para una democracia tiene tratar de aniquilar al primer partido de la oposición usando para ello los instrumentos del Estado".

Y es que los conservadores entienden que con el caso Gürtel están siendo objeto de "una campaña sistemáticamente programada y ejecutada" para desprestigiar a sus cargos públicos y al propio partido "en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación".

El partido de Mariano Rajoy culpa directamente de esta supuesta estrategia al Ministerio del Interior, al que responsabilizan de "abuso perverso y abusivo" de los instrumentos con los que cuenta un Estado de Derecho. Y por ello, demandan la comparecencia urgente de los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Justicia, Francisco Caamaño, en el Congreso. El PP quiere que expliquen las filtraciones del caso Gürtel, en especial las relativas a las conversaciones telefónicas que afectan a sus dirigentes.

Los conservadores aprovechan para hacer un recorrido sobre la evolución del caso de corrupción que les salpica. A las primeras filtraciones de las actuaciones sumariales secretas, "nunca investigadas pese a nuestras reiteradas denuncias, en las que se conculcaba el derecho a la defensa y la presunción constitucional de inocencia", han venido a unirse en las ultimas semanas, recuerdan, "filtraciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial" que no forman parte "en algunos casos de las actuaciones sumariales".

El comunicado pone al Grupo Prisa en la diana, cuya cabecera El País publicó ayer el contenido de una conversación telefónica en la que Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la rama valenciana de la trama corrupta, admitía hacer regalos a la alcaldesa de Valencia. "No nos da nada, pero tampoco nos hace nada", decía, para justificar la supuesta compra de un bolso de Louis Vuitton.

El PP argumenta que esas filtraciones son constitutivas de graves delitos y "no menos graves responsabilidades políticas". Y manifiesta que "la utilización de funcionarios públicos para realizar tan graves actuaciones, no hace sino agravar aún más las consecuencias, tanto para los que dan las órdenes, como para los que las ejecutan, arrojando injustamente dudas de manera indiscriminada sobre la conducta honrada de la mayoría de todos ellos".

Dignidad de las siglas
En su comunicado, el PP mantiene que “defenderá la dignidad de sus siglas, a sus dirigentes y militantes, que representan legítimamente
a más de 10 millones de españoles por todos los medios a su alcance y en todas las instancias nacionales e internacionales que fuera preciso”.