El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) queda definitivamente bloqueado por culpa del PP. El partido de Mariano Rajoy anunció ayer que no negociará más. Así lo señalaba el portavoz del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, quien utilizaba la última propuesta del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, -la de que los alumnos más brillantes sean jueces sin oposición-, como excusa para "suspender" el diálogo.

El CGPJ refleja la mayoría política de las Cortes, ya que los 20 miembros del Poder Judicial son elegidos por Congreso y Senado. El actual CGPJ tenía que haberse renovado el 7 de noviembre y la nueva composición debería tener una mayoría de miembros progresistas, tras la derrota del PP en las elecciones de 2004. Al negarse el Grupo Popular a la renovación, se garantiza el control sobre dicho órgano al menos durante otro medio año, ya que las negociaciones no se retomarán hasta mayo de 2008, cuando se constituyan las nuevas Cortes.

Respuesta socialista
Para el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, esta "especie de chantaje no es de recibo" y le recordó al PP que "está obligado a renovar el CGPJ. Es un imperativo legal y constitucional". Para el dirigente socialista, es "intolerable" que Zaplana utilice de "coartada" la "reflexión" de Bermejo sobre el programa electoral.

Para la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el PP debería responder a "por qué desde hace tiempo no coopera para impedir que se siga deslegitimando" el órgano de Gobierno de los jueces. De la Vega reconocía que "no había mucha comunicación" porque si hasta ahora no se había logrado renovar el CGPJ no era por la falta de voluntad del PSOE y de los demás grupos sino del PP.

El PP aduce varias razones para no llegar a un acuerdo. Entre otras, Zaplana se refirió ayer "al reequilibrio ideológico de la fiscalía" que, en su opinión, "se ha concretado en laminar al consejo fiscal" o a la intención del Gobierno de convertir el Tribunal Supremo en "una simple tribuna de unificación de doctrina". Además, dijo, se está tratando de "desestabilizar" el Tribunal Constitucional, "prorrogando el mandato de la presidenta y ahora recusando a dos magistrados".

Los conservadores acusaron al PSOE y al Gobierno de tener una "obsesión": la de "controlar la administración de Justicia". Zaplana señaló que "cuando quieran hablar en serio, nos llamaran. Y sino a partir de marzo les llamaremos nosotros", dando por liquidado este asunto hasta la próxima legislatura.