El PP avala que se pueda cortar en invierno la luz por impago

El PP se ha quedado este martes solo en el Pleno del Congreso en su rechazo a aceptar a tramitación la propuesta legislativa de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) con medidas para prevenir la pobreza energética, entre las que se cuenta prohibir a las eléctricas cortar durante el invierno el suministro de luz a las familias que no pueden pagar por problemas económicos.

Frente al apoyo que toda la oposición ha mostrado a la propuesta, el popular Mario Flores ha señalado que el Gobierno ya ha tomado "medidas urgentes" para atajar este fenómeno, tanto en el plano social para proteger a las familias más vulnerables, como dentro de la Ley del Sector Eléctrico, que la Cámara Baja aprobará de forma definitiva este jueves. Según el diputado, esta normativa "garantiza el suministro a un menor coste, refuerza los mecanismos de protección al consumidor, mantiene el bono social e incluye medidas de eficiencia energética, entre otras iniciativas.

"Es cierto que desde el inicio de la crisis ha habido un incremento progresivo de personas con riesgo de pobreza o exclusión social, pero también es cierto que el Gobierno está haciendo verdaderos esfuerzos en implementar medidas sociales para garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar", ha insistido.

Además, ha espetado que si hay que "recriminar" algo en este sentido, las críticas se deben dirigir al PSOE, cuya gestión no garantizó la inclusión social y cuya política energética provocó un incremento en la factura eléctrica del 63% entre 2005 y 2012 y causó la "pesadilla" del déficit de tarifa al "primar desmesuradamente" a las renovables, provocando un "sobredimensionamiento" del sistema eléctrico.

"Parece mentira cómo se tergiversan aquí las cosas. Oyéndoles, parece que el causante de que las tarifas sean más caras es el PP", ha criticado Flores, que se ha "solidarizado con las personas que sufren y tienen dificultades para mantener un hogar en condiciones básicas de habitabilidad y son víctimas de la pobreza energética". "Pueden estar tranquilos, porque la preocupación y sensibilidad del Gobierno para buscar soluciones a cualquier problema de carácter social es más que patente", ha concluido.

Ante estas palabras, la portavoz de Energía de la Izquierda Plural y promotora de la proposición, Laia Ortiz, ha reconocido a los medios su "decepción" por un discurso "lleno de mentiras" por parte del PP y porque las medidas del Gobierno "empeorarán la pobreza energética". "Es muy decepcionante que se nieguen a debatir y ver que este Gobierno no tiene la mínima sensibilidad", ha añadido.

Previamente, durante su intervención desde la tribuna, ha defendido propuestas como prohibir el corte de suministro de luz, gas o agua durante los meses de invierno a las familias con dificultades económicas que no paguen su factura; definir un servicio esencial que nunca pueda ser motivo de corte, aplicar el IVA reducido a los suministros domésticos de gas y electricidad, regular un sistema público de precio social para los hogares con poder adquisitivo reducido o aprobar un Plan contra la Pobreza Energética.

Ortiz ha asegurado que estas propuestas "no son complicadas" ni implican un mayor coste presupuestario, porque deberían cargarse contra los beneficios que las eléctricas siguen obteniendo pese a la crisis económica. "Es cuestión de voluntad política y valentía para defender el interés general frente a las corporaciones y el negocio", ha señalado.

Y es que, ha resaltado, este problema "no es una ficción ni una exageración", como demuestra que 1,4 millones de hogares sufrieran algún corte de luz por impago durante el año pasado, "más del doble que antes de la crisis". Una situación que no sólo afecta al confort en el hogar, sino incluso a la salud y al derecho a la vida. "Pero es un problema que sí tiene solución, no es una plaga bíblica. Sólo pedimos sensibilidad y flexibilidad. Ésta no es la solución a la pobreza pero sí son medidas para recuperar la dignidad y la salud, y facilitar el acceso a un bien esencial que cada vez parece más un lujo", ha concluido.

También el socialista Pedro Sánchez ha acusado a los 'populares' de "ignorar, cuando no agravar" el "drama" de la pobreza energética, como a su juicio demuestra el "incumplimiento del compromiso" asumido por el Ejecutivo de no subir los peajes de la luz en enero, incremento confirmado este mismo martes por el ministro de Energía, José Manuel Soria.

Por eso, ha reclamado tanto medidas de eficiencia energética y ahorro como luchar contra la pobreza energética mediante una tregua invernal, precios sociales o más información por parte de las empresas. "Nuestra apuesta es por una respuesta integral. Éste es un debate trascendente para la sociedad y por tanto es justo abrirlo", ha zanjado.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha ironizado con que "parece de novela de Charles Dickens tener que hablar a estas alturas del siglo de personas que tienen que decidir si pagar la luz o la comida". "Es algo inenarrable que hace 50 años probablemente no se creía que fuera posible", ha dicho, criticando que hasta ahora se haya "ignorado este problema serio, y que va a ir a más" si no se toman medidas "ahora".

A su entender, este fenómeno es consecuencia de una "pésima política energética" que ha llevado a un incremento de precios de la electricidad, y no el resultado "inexorable" de la crisis económica. Por eso, ha defendido la necesidad de primar el ahorro y la eficiencia energética, además de aplicar medidas sociales para hacer frente a la "pobreza en general" que lleva a la gente a "no poder pagar ninguna factura".

Por CiU, Josep Sánchez Llibre ha abogado por aplicar una "economía social de mercado" como la que tienen "perfectamente asumida" otros países, de modo que "donde no pueda llegar la iniciativa privada por condiciones extremas de pobreza" sea el Estado el que cubra unas necesidades mínimas para evitar que "un corte de luz le pueda costar la vida a alguien".

Además, ha recordado que los nacionalistas catalanes ya propusieron incluir "un alma social" a los Presupuestos de 2014, para "poder proteger a determinadas capas de la sociedad que, por las condiciones económicas, puedan superar el umbral de la pobreza social". En este punto, ha recordado que comunidades como Catalunya ya han tomado medidas para evitar los cortes de suministros, pero ha destacado la necesidad de que el Gobierno apruebe precios sociales y consumo mínimo esencial para garantizar la igualdad entre ciudadanos.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha recordado que "la energía es un producto básico y de primera necesidad" y que el impago por imposibilidad de hacer frente a las facturas "no puede en ningún caso implicar un coste de suministro". "Éste más parece un problema del siglo XIX que del siglo XXI", ha llegado a afirmar, reclamando una solución desde el ámbito político con la "contribución" de las empresas eléctricas.

Por ERC, Teresa Jordà ha destacado que "en las sociedades avanzadas el agua o la luz son servicios esenciales básicos, por lo que deben estar garantizados por un verdadero Estado del Bienestar", mientras que en España las eléctricas consiguen "inmorales" beneficios a costa de una subida de precios que está afectando la salud de los ciudadanos, un fenómeno que el Gobierno puede "corregir".

Pedro Quevedo (CC-NC) apoya "total y absolutamente" la iniciativa, que ve "necesaria y oportuna" ante el "ultraliberalismo salvaje" en el tratamiento de un "derecho esencial" como es el acceso a la energía, sobre todo ante la nueva subida en la factura que se aplicará desde el 1 de enero. "Esta situación es inaceptable", ha zanjado. Jon Iñarritu, de Amaiur, ha reclamado "ir a la raíz del problema" con una reforma "integral" del sector eléctrico.